Las
normas frenan la corrupción
Las
normas conllevan compromisos de evitar que vuelvan a adoptarse políticas
desacertadas del pasado. En general, el proteccionismo es
desaconsejable por los perjuicios que ocasiona a escala nacional e
internacional, como ya se ha visto.
Hay
tipos particulares de obstáculos comerciales que causan daños
adicionales porque propician la corrupción y otras formas de mala
gestión pública.
Un
tipo de obstáculo comercial que las normas de la OMC procuran
combatir son los contingentes que, por ejemplo, imponen una cantidad
restringida de importaciones o exportaciones por año.
Como
los contingentes limitan la oferta, aumentan artificialmente los
precios generando ganancias excesivas (los economistas se refieren a
la “renta contingentaria”). Esas ganancias pueden servir para
influir en las políticas, ya que alimentan los fondos de que disponen
los grupos de presión.
También
pueden favorecer la corrupción, por ejemplo, en la distribución de
contingentes entre los comerciantes. Abundan los ejemplos en todas
partes.
En
otros términos, los contingentes son un medio particularmente dañino
de restringir el comercio. Los gobiernos han convenido en que, a través
de las normas de la OMC, se desaliente su utilización.
No
obstante, la mayoría de los países mantienen diversos tipos de
contingentes, y los gobiernos sostienen enérgicamente que son
necesarios. Claro que están bajo el control de los Acuerdos de la OMC,
y existen compromisos de reducir o eliminar varios de ellos,
particularmente en la esfera de los textiles.
Muchos
otros Acuerdos de la OMC en distintas esferas también pueden contribuir
a combatir la corrupción y la mala gestión gubernamental.
La
transparencia (es decir, poner a disposición del público toda la
información existente en materia de reglamentación comercial), otros
aspectos de la “facilitación del comercio”, los criterios más
claros aplicados para el establecimiento de reglamentos relativos a la
seguridad y las normas para los productos, así como la no
discriminación,
también contribuyen a desalentar las decisiones arbitrarias o
fraudulentas.
A
menudo, los gobiernos valoran poder alegar que la OMC les impone tal o
cual limitación de sus políticas: “Esto no podemos hacerlo porque
sería incompatible con los Acuerdos de la OMC”.
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