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Las preocupaciones relacionadas con la seguridad
están incorporadas en los Acuerdos de la OMC

Los acuerdos contienen cláusulas clave (como el artículo XX del GATT) que permiten expresamente a los gobiernos adoptar medidas destinadas a proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o preservar los vegetales. Ahora bien, esas medidas están sujetas a ciertas disciplinas para evitar, por ejemplo, que los gobiernos las utilicen como pretexto para proteger a los productores nacionales, lo que constituiría una forma encubierta de proteccionismo.

Algunos de los acuerdos se centran con mayor detalle en las normas de productos y en la salud y la inocuidad de los alimentos y de otros productos de origen animal o vegetal. El objetivo es defender el derecho de los gobiernos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

A título de ejemplo, una resolución adoptada en el marco de la solución de diferencias en la OMC declaró justificada la prohibición de productos que contienen amianto fundándose en que los Acuerdos de la OMC dan efectivamente a la salud y la seguridad prioridad sobre el comercio.

Al mismo tiempo, los acuerdos también tienen por objeto impedir que los gobiernos establezcan reglamentos arbitrarios que resulten discriminatorios para los bienes y servicios extranjeros. Se trata de evitar que los reglamentos de seguridad constituyan una forma encubierta de proteccionismo.

Esos reglamentos deben basarse en testimonios científicos o en normas internacionalmente reconocidas.

Tampoco en este caso la OMC establece normas por su cuenta. En ocasiones sus acuerdos mencionan otros acuerdos internacionales. Cabe citar como ejemplo el Codex Alimentarius, que establece las normas recomendadas para la inocuidad de los alimentos y que depende de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, no es obligatorio cumplir ni siquiera normas negociadas a nivel internacional como las recogidas en el Codex Alimentarius. Los gobiernos tienen libertad para establecer sus propias normas, siempre que sean compatibles en la manera en que procuran evitar riesgos para la totalidad de los productos, no arbitrarias y no discriminatorias.

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