Un examen más detallado de la reglamentación
nacional
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3.1 Finalidad y efectos de la reglamentación
Como se ha señalado anteriormente, el
AGCS establece una clara distinción entre la reglamentación nacional y las
medidas sujetas a la liberalización del comercio. Por un lado, reconoce de
manera expresa el derecho permanente (y, posiblemente, la necesidad) de los
Miembros de cumplir los objetivos de su política nacional por medio de la
reglamentación. Por otro lado, fomenta el objetivo de la liberalización
progresiva, consistente en la ampliación y/o el refuerzo de los compromisos
existentes en materia de acceso a los mercados y trato nacional.
La reglamentación efectiva — o su
modificación — puede ser una condición previa para que la liberalización
produzca los beneficios previstos en cuanto a eficacia sin poner en peligro la
calidad ni los demás objetivos de política. Por ejemplo, para abrir un mercado
hasta ahora restringido, quizá sea necesario introducir nuevos mecanismos de
concesión de licencias y nuevas obligaciones en materia de servicio público
por razones de calidad y política social. Como muchos contratos de servicios se
refieren a productos personalizados aún no existentes (intervención médica,
asesoramiento jurídico, etcétera), la necesidad de una protección
reglamentaria es especialmente evidente.
No obstante, puede ser igualmente
necesario asegurarse de que los beneficios de la liberalización no se vean
frustrados por una reglamentación ineficaz o incoherente. Muchos regímenes
reglamentarios han evolucionado en función de dificultades y problemas
inmediatos, sin haber tomado demasiado en cuenta las consideraciones comerciales
y de eficacia. Además,
las responsabilidades en materia de reglamentación suelen estar repartidas
entre ministerios y organismos (finanzas, justicia, construcción, transporte,
sanidad, educación, etcétera) y distintos niveles del gobierno sin gran
comunicación entre ellos y menos aún coordinación.
Ejemplos de objetivos de política
pública que pueden necesitar apoyo reglamentario:
El acceso equitativo a un servicio
determinado, independientemente de los ingresos o la ubicación.
La protección del consumidor (incluso
mediante información y control).
La creación de empleo en regiones
desfavorecidas.
La integración de personas desfavorecidas en
el mercado laboral.
La reducción del impacto ambiental y otros
factores externos.
La estabilidad macroeconómica.
La prevención del dominio del mercado y de
conductas anticompetitivas.
La prevención de la evasión fiscal, el
fraude, etcétera.
En virtud del AGCS, los gobiernos son
libres de perseguir tales objetivos de política incluso en los sectores en que
han contraído compromisos plenos en materia de acceso a los mercados y trato
nacional.
Capítulos terminados:
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