Como se ha señalado anteriormente, el AGCS establece una clara distinción entre la reglamentación nacional y las medidas sujetas a la liberalización del comercio. Por un lado, reconoce de manera expresa el derecho permanente (y, posiblemente, la necesidad) de los Miembros de cumplir los objetivos de su política nacional por medio de la reglamentación. Por otro lado, fomenta el objetivo de la liberalización progresiva, consistente en la ampliación y/o el refuerzo de los compromisos existentes en materia de acceso a los mercados y trato nacional.

La reglamentación efectiva — o su modificación — puede ser una condición previa para que la liberalización produzca los beneficios previstos en cuanto a eficacia sin poner en peligro la calidad ni los demás objetivos de política. Por ejemplo, para abrir un mercado hasta ahora restringido, quizá sea necesario introducir nuevos mecanismos de concesión de licencias y nuevas obligaciones en materia de servicio público por razones de calidad y política social. Como muchos contratos de servicios se refieren a productos personalizados aún no existentes (intervención médica, asesoramiento jurídico, etcétera), la necesidad de una protección reglamentaria es especialmente evidente.

No obstante, puede ser igualmente necesario asegurarse de que los beneficios de la liberalización no se vean frustrados por una reglamentación ineficaz o incoherente. Muchos regímenes reglamentarios han evolucionado en función de dificultades y problemas inmediatos, sin haber tomado demasiado en cuenta las consideraciones comerciales y de eficacia. Además, las responsabilidades en materia de reglamentación suelen estar repartidas entre ministerios y organismos (finanzas, justicia, construcción, transporte, sanidad, educación, etcétera) y distintos niveles del gobierno sin gran comunicación entre ellos y menos aún coordinación.

Ejemplos de objetivos de política pública que pueden necesitar apoyo reglamentario:

El acceso equitativo a un servicio determinado, independientemente de los ingresos o la ubicación.
La protección del consumidor (incluso mediante información y control).
La creación de empleo en regiones desfavorecidas.
La integración de personas desfavorecidas en el mercado laboral.
La reducción del impacto ambiental y otros factores externos.
La estabilidad macroeconómica.
La prevención del dominio del mercado y de conductas anticompetitivas.
La prevención de la evasión fiscal, el fraude, etcétera.

En virtud del AGCS, los gobiernos son libres de perseguir tales objetivos de política incluso en los sectores en que han contraído compromisos plenos en materia de acceso a los mercados y trato nacional.

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