Colombia: septiembre de 1996

También se han presentado ofertas en lo que respecta a los servicios de telecomunicaciones y de transporte marítimo.

Ese nuevo informe de la OMC juntamente con el preparado por el Gobierno de Colombia servirán de base para el debate de dos días de duración que tendrá lugar el 25 y 26 de septiembre. El precedente examen de las políticas comerciales colombianas data de 1990. En el tiempo que media desde esa fecha, la economía colombiana ha crecido a una tasa anual media superior al 5 por ciento. La inflación descendió de más del 32 por ciento en 1990 a poco menos del 20 por ciento en 1995, y está previsto que para 1998 caiga al 10 por ciento.

Aunque el nivel de los ingresos en divisas sigue dependiendo de exportaciones tradicionales como las de café, petróleo y carbón, en el informe de la Secretaría se señala que en los últimos años el incremento de la exportación ha provenido en gran medida de las exportaciones no tradicionales. Si bien los Estados Unidos continúan siendo el principal interlocutor comercial de Colombia, las importaciones procedentes de abastecedores preferenciales de la región, principalmente de los otros integrantes del Grupo Andino (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela), han progresado sustancialmente. La integración con el Grupo Andino ha avanzado más que con cualquier otro grupo o país de la región. Dicho Grupo ha adoptado un arancel externo común y levantado prácticamente todos los obstáculos al comercio intrarregional. Colombia está procurando además intensificar los vínculos comerciales regionales a través de su participación en el Grupo de los Tres con México y Venezuela y en la Asociación de Estados del Caribe. Actualmente examina la posibilidad de concluir un acuerdo comercial formal con el MERCOSUR e interviene activamente asimismo en las negociaciones tendentes al establecimiento de una Zona de Libre Comercio de las Américas.

En el informe se indica que el acceso preferencial de las exportaciones colombianas a los mercados de la región, así como a los Estados Unidos y la Unión Europea, ha mejorado. Aparte del trato corriente SGP, desde comienzos de los años noventa las exportaciones colombianas a los Estados Unidos y la UE se benefician de planes preferenciales ampliados. Un motivo actual de preocupación para Colombia es la posible retirada de preferencias comerciales por los Estados Unidos en relación con la cuestión del comercio ilícito de drogas.

La protección en frontera se funda ahora en esencia en los aranceles, englobados en los cinco niveles del Arancel Externo Común (AEC) del Grupo Andino, cuyos tipos son del 0, el 5, el 10, el 15 y el 20 por ciento. En el marco del AEC, la progresividad arancelaria sigue aportando a las industrias de elaboración una protección efectiva sustancialmente superior a la que se deduce a primera vista de los tipos nominales. En el informe se hace constar que, salvo por lo que se refiere a los productos agrícolas "arancelizados", los compromisos consolidados en la OMC abarcan la totalidad del arancel de aduanas. Los tipos máximos, por regla general del 35 por ciento, se contraponen al tipo aplicado medio, del 11,5 por ciento.

En el tiempo transcurrido desde el examen anterior, la protección arancelaria aplicada en el sector manufacturero ha bajado al 11,6 por ciento, o sea a menos de la mitad de su nivel en 1989, y se han eliminado los contingentes de importación. Actualmente los niveles medios de protección arancelaria más elevados corresponden a productos alimenticios elaborados, textiles, prendas de vestir y calzado.

El apoyo a la agricultura se brinda por medio de licencias de importación y gravámenes variables; las medidas relacionadas con la producción adoptadas a partir de 1993 tienen por finalidad prestar ayuda a los productores de pequeña escala y estimular la participación del sector privado en las actividades de elaboración y comercialización.

El informe menciona la reciente y sustancial protección asegurada al sector automotriz por las prescripciones en materia de contenido nacional y en materia de exportación aplicables en ese sector. Ello no obstante, ambas habrán de eliminarse a más tardar el año 2000 con sujeción a las disposiciones transitorias del Acuerdo sobre las MIC de la OMC.

Colombia ha recurrido a los plazos de aplicación más amplios a disposición de los países en desarrollo en sectores como el de la valoración en aduana, las subvenciones a la exportación y los ADPIC.

A raíz del reciente proceso de liberalización, los servicios financieros, de transporte, de telecomunicaciones, de turismo y de comercio minorista han crecido pronunciadamente. Siguen en pie ciertos obstáculos o requisitos específicos para inversores o profesionales extranjeros, por ejemplo en lo que concierne a las producciones audiovisuales y la radiodifusión. La reducción de la participación estatal en determinadas actividades ha avanzado por medio de la privatización, sobre todo en el caso de las instalaciones portuarias y los transportes, o del otorgamiento de concesiones, como en el caso de las telecomunicaciones. En julio de 1995 los compromisos de Colombia en conformidad con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que abarcan la mayoría de los modos de suministro respecto de diferentes servicios profesionales, de construcción y de ingeniería, quedaron complementados por compromisos en el sector financiero. Las exenciones al trato n.m.f. proceden de anteriores obligaciones con interlocutores latinoamericanos y otros. Se han presentado ofertas iniciales en las negociaciones relativas a los servicios de transporte marítimo y de telecomunicaciones básicas.

La conclusión del informe es que el proceso autónomo de apertura de los mercados emprendido por Colombia ha quedado reforzado por la mayor seguridad de acceso resultante de los compromisos ampliados de ese país en la Ronda Uruguay. La apertura de la economía ha creado nuevas oportunidades para las inversiones, las cuales deberían verse adicionadamente estimuladas por la acrecentada estabilidad macroeconómica, el pujante crecimiento y las reformas fiscales en curso. La expansión del crecimiento del comercio regional habrá de proseguir a medida que se forjen nuevos acuerdos. Según el informe, la plena aplicación de los compromisos de la Ronda Uruguay fortalecerá sin duda el proceso de liberalización y la integración de Colombia en la economía mundial.

Nota para las redacciones

El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) de la OMC examinará el informe de la Secretaría, junto con un informe elaborado por Colombia, los días 25 y 26 de septiembre de 1996. El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC realiza una evaluación colectiva de la gama completa de las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC a intervalos regulares y sigue de cerca las tendencias y acontecimientos importantes que puedan tener consecuencias para el sistema mundial de comercio.

Los dos informes, junto con un acta del debate del OEPC y el resumen del Presidente, se publicarán oportunamente como documentación completa del examen de las políticas comerciales de Colombia. Podrán obtenerse en la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Los informes abarcan la evolución de todos los aspectos de las políticas comerciales de Colombia, como las leyes y reglamentos nacionales, el marco institucional y las políticas comerciales por clase de medidas y por sectores. Desde la entrada en vigor de la OMC, los informes abarcan también las "nuevas esferas" del comercio de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Se adjuntan las observaciones recapitulativas de los informes de la Secretaría y del Gobierno. Los periodistas que deseen disponer del texto íntegro de los informes pueden solicitarlo a la Secretaría de la OMC.

Desde diciembre de 1989, se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989 y 1994), Austria (1992), Bangladesh (1992), Bolivia (1993), Brasil (1992), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992 y 1994), Chile (1991), Colombia (1990), Comunidades Europeas (1991, 1993 y 1995), Corea, Rep. de (1992), Costa Rica (1995), Cte d'Ivoire (1995), Egipto (1992), Estados Unidos (1989, 1992 y 1994), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991), India (1993), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), Israel (1994), Japón (1990, 1992 y 1995), Kenya (1993), Macao (1994), Malasia (1993), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993), Nigeria (1991), Noruega (1991 y 1996), Nueva Zelandia (1990), Pakistán (1995), Perú (1994), Polonia (1993), República Checa (1996), República Dominicana (1996), República Eslovaca (1995), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992 y 1996), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991 y 1996), Tailandia (1991 y 1995), Túnez (1994), Turquía (1994), Uganda (1995), Uruguay (1992), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

Informe de la Secretaría

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
COLOMBIA
Informe de la Secretaría - Observaciones recapitulativas

El entorno económico

En el tiempo transcurrido desde el primer examen de las políticas comerciales de Colombia, que tuvo lugar en 1990, la acertada gestión macroeconómica ha contribuido a que la economía crezca constantemente a tasas superiores al 5 por ciento por término medio, aunque es posible que en 1996 tal tasa descienda al 4 por ciento. También se han conseguido progresos en la lucha contra la inflación, a lo que ha coadyuvado el Pacto Social, la cual cayó de más del 32 por ciento en 1990 al 19,5 por ciento en 1995, y habrá de ser tan sólo del 10 por ciento en 1998 según lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.

Esos resultados se han alcanzado a pesar de los efectos potencialmente desestabilizadores sobre la oferta monetaria resultantes del alto nivel de entradas de capital. Los factores que sirvieron de estímulo para éstas fueron, entre otros, la liberalización de los regímenes de cambios e inversiones, el aumento de las oportunidades de inversión a causa del hallazgo de nuevos yacimientos petrolíferos y del proceso de privatización y los tipos de interés elevados. Se trata de entradas de capital que trajeron asimismo consigo una apreciación real de la moneda nacional, lo que ha suscitado preocupación por sus consecuencias para la competitividad de las exportaciones colombianas, pero la contracción de la inflación y la aplicación del sistema de banda de paridad móvil parecen haber invertido en 1996 esa tendencia a la apreciación de la moneda nacional. En julio de 1996 se flexibilizaron ciertos requisitos en materia de inversiones extranjeras directas.

Desde 1993, la balanza por cuenta corriente de Colombia y la balanza de su comercio de mercancías han sido deficitarias. El crecimiento más rápido de las importaciones, ante todo de las procedentes de los interlocutores comerciales regionales, estimuladas por la liberalización del comercio y la apreciación real de la moneda nacional, ha coadyuvado al acrecentamiento de la proporción del PIB que corresponde al comercio. Aunque el nivel de los ingresos en divisas sigue dependiendo de exportaciones tradicionales como las de café, petróleo y carbón, en los últimos años el incremento de la exportación ha provenido en gran medida de las exportaciones no tradicionales, cuya parte de las exportaciones totales ascendió entre 1991 y 1995 del 39 a alrededor del 53 por ciento. Dada la situación de la cuenta de capital, el déficit por cuenta corriente se considera manejable.

Características y tendencias de la política comercial

Integración económica internacional

La aplicación del gran programa de liberalización comercial, conocido bajo el nombre de Apertura, que se inició en la época del primer examen de las políticas comerciales, ha acelerado la integración de Colombia en la economía mundial. Se ha racionalizado la estructura de los aranceles y el promedio aritmético de los tipos arancelarios se ha reducido sensiblemente, al 11,5 por ciento. El alcance de las medidas no arancelarias ha seguido disminuyendo y se circunscribe en la actualidad a unos contados sectores sujetos a objetivos específicos de política nacionales o subregionales; en 1992 se dejaron sin efecto las medidas adoptadas por motivos de balanza de pagos. Fuera de unos pocos casos antidumping, no se ha tomado ninguna medida de salvaguardia contra las importaciones de los interlocutores de la OMC.

Si bien los Estados Unidos continúan siendo el principal interlocutor comercial de Colombia, las importaciones procedentes de abastecedores preferenciales de la región, principalmente de los otros integrantes del Grupo Andino, han progresado sustancialmente. La integración con el Grupo Andino ha avanzado más que con cualquier otro grupo o país de la región; el Grupo ha adoptado un arancel externo común y se han levantado prácticamente todos los obstáculos al comercio intrarregional. Colombia está procurando además intensificar los vínculos comerciales regionales a través de su participación en el Grupo de los Tres con México y Venezuela y en la Asociación de Estados del Caribe, al tiempo que examina la posibilidad de concluir un acuerdo comercial formal con el MERCOSUR. Interviene activamente asimismo en las negociaciones tendentes al establecimiento de una Zona de Libre Comercio de las Américas.

El acceso preferencial de las exportaciones colombianas a los mercados de la región, así como a los Estados Unidos y la Unión Europea, ha mejorado. Aparte del trato corriente SGP, desde comienzos de los años noventa las exportaciones colombianas a los Estados Unidos y la UE se benefician de planes preferenciales ampliados. La posible retirada por los Estados Unidos, en relación con la cuestión de la droga, de las preferencias previstas en la Ley Estadounidense de Preferencias Comerciales para los Países Andinos, es motivo de preocupación para Colombia.

Evolución de la política comercial

En el tiempo que media desde el anterior examen de las políticas comerciales, Colombia ha aprobado una nueva Constitución, aplicado su programa unilateral de apertura de los mercados conocido bajo el nombre de Apertura y ampliado sus compromisos comerciales tanto a nivel regional como multilateral. La modernización del sistema político ha dado lugar a una mayor descentralización regional. La responsabilidad general de las políticas comerciales se confió a un nuevo Ministerio de Comercio Exterior y el Banco Central, esto es, el Banco de la República de Colombia, pasó a ser completamente independiente. En sectores como el de la valoración en aduana, la inspección previa a la expedición, las medidas antidumping, las salvaguardias y los derechos de propiedad intelectual, se adoptó una legislación nueva o modificada a efectos del cumplimiento de las obligaciones contraídas en foros regionales o multilaterales, pero en varios de esos casos no se han introducido todavía los correspondientes reglamentos de aplicación. Colombia ha recurrido a los plazos de aplicación más amplios a disposición de los países en desarrollo en sectores como el de la valoración en aduana, las subvenciones a la exportación y los ADPIC.

La protección en frontera se funda ahora en esencia en los aranceles, englobados en los cinco niveles del Arancel Externo Común (AEC) del Grupo Andino, cuyos tipos son del 0, el 5, el 10, el 15 y el 20 por ciento. En el marco del AEC, la progresividad arancelaria sigue aportando a las industrias de elaboración una protección efectiva sustancialmente superior a la que se deduce a primera vista de los tipos nominales. Los compromisos consolidados en la OMC abarcan la totalidad del arancel de aduanas, por regla general a un tipo máximo del 35 por ciento (contra un tipo medio aplicado del 11, 5 por ciento), salvo por lo que se refiere a los productos agrícolas "arancelizados". Se han racionalizado las disposiciones en materia de exenciones arancelarias, por ejemplo para insumos importados, habiéndose eliminado muchas exenciones generales, pero el valor de las importaciones exentas ha subido marcadamente.

Entre las medidas específicas por sectores o por productos aún en vigor que afectan a las importaciones cabe citar los gravámenes variables a la importación, los convenios de absorción de cosechas nacionales, los niveles diferenciados del impuesto sobre el valor añadido según se trate de productos nacionales o importados, los precios de referencia, las licencias de importación restrictivas (mantenidas en gran parte al amparo de consideraciones en materia de salud, medio ambiente o seguridad), ciertas prohibiciones a la importación y las prescripciones en materia de contenido nacional o subregional. La participación del Estado en la producción y las operaciones comerciales se está recortando. Desde finales de 1993 las normas obligatorias se aplican de manera no discriminatoria; se ha empezado a tratar con determinados países de la región la cuestión del reconocimiento mutuo o la armonización de las normas. La nueva legislación sobre contratación pública, concluida en 1993, da igual trato a los proveedores locales y a las empresas de países que otorgan la reciprocidad de trato y elimina la sobretasa del 25 por ciento sobre las ofertas de estas últimas.

Se perciben impuestos sobre la exportación de café, crudos, gas, carbón y ferroníquel. Pese a que no hay en vigor prohibiciones a la exportación, la limitación de éstas en virtud de acuerdos internacionales o bilaterales continúa afectando al café y los textiles.

La asistencia a las exportaciones no tradicionales sigue en pie a través del mecanismo del Certificado de Reembolso Tributario (CERT) y del mecanismo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación (SIEX) a los efectos del ingreso en franquicia de maquinaria destinada a la producción para la exportación, así como de una subvención al transporte que cubre los gastos por concepto de flete y de reexpedición a lugares con los que Colombia no tiene una conexión por ruta directa para el transporte de carga. La utilización de los mecanismos del CERT y los SIEX ha disminuido y, en conformidad con las disposiciones de la OMC, Colombia habrá de eliminar las subvenciones a la exportación de manufacturas para el año 2003 y reducir progresivamente los desembolsos presupuestarios para las exportaciones de productos agrícolas. Ciertas exportaciones colombianas (flores cortadas, películas de cloruro de polivinilo, jeringas descartables y secciones huecas de aluminio) han estado o siguen estando sujetas a medidas antidumping o compensatorias en algunos mercados extranjeros.

A contar de 1991 se han ampliado los servicios de financiación, seguro y promoción de las exportaciones. Se ha procedido a una revisión del régimen de zonas francas; la administración de éstas ha sido privatizada y el alcance de las mismas se ha hecho extensivo a las actividades relacionadas con el turismo.

La ayuda a la producción interna, con inclusión de la concedida a las empresas pequeñas y medianas, se limita en la actualidad a asegurar la financiación de proyectos de modernización, capacitación, transferencia de tecnología, desarrollo y protección del medio ambiente. El apoyo a las actividades de investigación y desarrollo reviste la forma de incentivos fiscales. Las medidas de asistencia regional relacionadas con el comercio comprenden el establecimiento de zonas francas, regímenes aduaneros especiales, préstamos preferenciales y precios de intervención garantizados en el sector de la agricultura. Entre las demás medidas de asistencia a este sector figuran diferentes programas de préstamos de bajo costo y alivio de la deuda en favor de los pequeños productores. Desde 1995 se alienta a la negociación de "acuerdos de competitividad" sectoriales; éstos entrañan la creación de industrias verticalmente articuladas y apuntan entre otros objetivos al fortalecimiento de la cooperación en el seno de cada sector. En 1991 se suprimió el control de los precios al consumidor, excepto en el caso de los medicamentos esenciales y de ciertos servicios públicos; sin embargo, un número restringido de productos agrícolas cuenta con precios mínimos garantizados y se fijan a título especial y temporal precios de intervención con fines de asistencia regional.

El marco jurídico para la protección de los derechos de propiedad intelectual ha quedado sustancialmente reforzado a través de la adhesión a tratados internacionales en la materia y de recientes Decisiones del Grupo Andino. A partir de 1992 se han introducido modificaciones legislativas e institucionales en lo que respecta a la política de competencia; se han llevado a cabo varias investigaciones sobre fusiones. Colombia ha acentuado asimismo la importancia que otorga al desarrollo ambientalmente sostenible.

Evolución de las políticas sectoriales

Sector agrícola

La Constitución protege el sector agrícola y la revitalización de éste, en parte por razones sociales, forma parte de los planes de desarrollo del Gobierno. La liberalización en virtud del programa conocido bajo el nombre de Apertura se ha traducido en una reducción de la protección arancelaria nominal media del sector, según se define en términos de la Ronda Uruguay, a un 10,7 por ciento por término medio, esto es, a menos de una tercera parte de su nivel de 1989, así como en una atenuación de las restricciones a la importación; esto, sumado al bajo nivel de los precios mundiales de los productos básicos a comienzos de los años noventa, a los tipos elevados de los préstamos internos y a las malas condiciones climáticas, ha traído consigo una caída de la producción nacional de ciertos cultivos que compiten con los de importación.

En respuesta a esa situación crítica, se han adoptado o reforzado una serie de medidas, en virtud de una nueva ley-marco de 1993, principalmente para ayudar a los pequeños productores. Las medidas relacionadas con producción comprenden en la actualidad préstamos y ventas de tierras subvencionados, el pago o la asistencia para el pago de la deuda, mecanismos de sostenimiento y estabilización de los precios, acuerdos de comercialización y subvenciones para fines de modernización. Las directrices de política se centran en la forma de estimular la participación del sector privado en las operaciones de elaboración y comercialización, así como la negociación de acuerdos de competitividad intrasectoriales.

En 1991 se introdujo un sistema de gravámenes variables a la importación, posteriormente aplicado a nivel subregional con sujeción al Sistema de Franjas de Precios del Pacto Andino; ello no obstante, las autoridades facilitaron información a la Secretaría para mostrar que los gravámenes no incumplían los compromisos de consolidación de 1995 de la Ronda Uruguay. Las licencias previas a la importación, supeditadas a principios de autosuficiencia y a prescripciones de absorción de contenido nacional, aún no se han "arancelizado". Queda todavía por aplicar el procedimiento de asignación de contingentes que se seguirá para los productos sujetos a contingentes arancelarios en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay.

Las exportaciones de productos agrícolas absorben gran parte de los desembolsos por concepto del CERT. En cumplimiento de compromisos contraídos en el marco de la Asociación de Países Productores de Café, se ha limitado voluntariamente en dos ocasiones la exportación de café. Se requiere autorización previa para exportar arroz y azúcar. Las exportaciones de banano a la UE han quedado sujetas a contingentes arancelarios desde 1994; la base para la asignación de ese contingente se modificó en 1996.

Sector manufacturero

En el tiempo transcurrido desde el anterior examen la protección arancelaria del sector manufacturero se ha reducido al 11,6 por ciento, esto es, a menos de la mitad de su nivel de 1989, y se han eliminado los contingentes de importación. Actualmente los niveles medios de protección arancelaria más elevados corresponden a productos alimenticios elaborados, textiles, prendas de vestir y calzado. Los componentes de subvención que comportan el CERT y los SIEX notificados a la OMC respaldan la exportación. La reciente subida de los tipos de interés y la apreciación de la paridad cambiaria, así como el contrabando de prendas de vestir, aparatos para el hogar y cigarrillos, han impedido la modernización y el crecimiento de esos sectores manufactureros.

Las políticas aplicadas últimamente en el sector automotriz, que dan cabida a cierta desreglamentación y flexibilidad, han contribuido a mejorar el resultado de las operaciones de comercio y montaje. Siguen en pie, sin embargo, importantes medidas de protección; éstas incluyen un derecho máximo del 35 por ciento sobre los vehículos de motor completamente montados, tipos diferenciados del IVA, prohibiciones a la importación de piezas y vehículos usados y prescripciones en materia de exportación. La combinación del derecho elevado sobre vehículos completamente montados y del derecho de importación concesional del 3 por ciento sobre piezas y componentes para las empresas de montaje que cumplan las prescripciones en materia de contenido nacional entraña una protección efectiva sustancial para el valor añadido nacional. Ello no obstante, tanto las prescripciones en materia de contenido nacional como en materia de exportación habrán de eliminarse a más tardar el año 2000 con sujeción a las disposiciones transitorias del Acuerdo sobre las MIC de la OMC. Desde 1995 las exportaciones a los Estados Unidos de ropa interior y trajes de lana para mujeres y niñas han quedado sujetas a acuerdos de limitación en régimen de "acceso especial", que según lo previsto expirarán a finales de 1997.

Sector de industrias extractivas y energía

Pese a que subsiste una participación directa del Estado en la rama de industrias extractivas y productos energéticos, la privatización de la misma está ya en marcha y se alienta la concertación de acuerdos de establecimiento de empresas conjuntas o de asociación con inversores privados. El precio interno de combustibles y propano se basa en los precios mundiales, y el de los demás combustibles se fijará progresivamente sobre esa misma base. Entretanto, el precio de los combustibles para vehículos de motor sigue siendo sustancialmente inferior a los precios internacionales y, a pesar de los aumentos, los precios de la energía figuran entre los más bajos de América Latina. Colombia no es miembro de la OPEP.

Sector de servicios

A raíz del reciente proceso de liberalización, los servicios financieros, de transporte, de telecomunicaciones, de turismo y de comercio minorista han crecido pronunciadamente. Siguen en pie ciertos obstáculos o requisitos específicos para inversores o profesionales extranjeros, por ejemplo en lo que concierne a las producciones audiovisuales y la radiodifusión. La reducción de la participación estatal en determinadas actividades ha avanzado por medio de la privatización (v.g., puertos y transportes) o del otorgamiento de concesiones, como en el caso de las telecomunicaciones.

En julio de 1995 los compromisos de Colombia en conformidad con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que abarcan la mayoría de los modos de suministro respecto de diferentes servicios profesionales, de construcción y de ingeniería, quedaron complementados por compromisos en el sector financiero; las exenciones al trato n.m.f. proceden de anteriores obligaciones con interlocutores latinoamericanos y otros. Se han presentado ofertas iniciales en las negociaciones relativas a los servicios de transporte marítimo y de telecomunicaciones básicas.

Políticas comerciales e interlocutores en el comercio exterior

El proceso autónomo de apertura de los mercados, que ha seguido adelante desde el último examen, ha quedado reforzado por la mayor seguridad de acceso resultante de los compromisos ampliados de Colombia en la Ronda Uruguay. La apertura de la economía ha creado nuevas oportunidades para las inversiones, las cuales deberían verse adicionalmente estimuladas por la acrecentada estabilidad macroeconómica, el pujante crecimiento y las reformas fiscales en curso. La expansión del crecimiento del comercio regional habrá de proseguir a medida que se forjen nuevos acuerdos, pese a lo cual Colombia también está buscando oportunidades comerciales fuera de la región. La plena aplicación de los compromisos de la Ronda Uruguay fortalecerá sin duda el proceso de liberalización y la integración del país en la economía mundial.

Informe del Gobierno

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
COLOMBIA
Informe del Gobierno

Evolución institucional

Desde el último examen de la política comercial en 1990, Colombia ha vivido un proceso de grandes cambios, tanto en lo político como en lo económico.

La mayor transformación política del país tuvo lugar en 1991 con la expedición de la nueva Constitución, que sustituyó a la que, con algunas reformas, estaba vigente desde 1886. En desarrollo de las nuevas instituciones, el Congreso expidió la Ley 7 de 1991, que dio lugar a la reorganización institucional del sector externo, mediante la creación del Ministerio de Comercio Exterior y la conformación del Consejo Superior de Comercio Exterior, organismo máximo interministerial del sector, presidido por el Presidente de la República.

Se adoptaron profundas reformas en el sector financiero. La reforma en este campo se llevó a cabo con el propósito de crear un ambiente más competitivo y reducir la participación del Estado en la asignación del crédito y en las inversiones de las entidades financieras. De este modo, se inició el proceso de privatización de entidades financieras y se eliminaron las restricciones de acceso al capital extranjero.

En el sector laboral, se eliminaron las restricciones a la movilidad de la mano de obra que contribuían a aumentar el desempleo friccional. Además, se definió con claridad el alcance de los derechos y las obligaciones de patronos y empleados, particularmente en lo referente a la certidumbre en lo relacionado con los pasivos laborales.

Con la Constitución de 1991 se le dio autonomía al Banco Central en la conducción de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, asignándole como tarea fundamental la de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.

Se llevó a cabo una reforma cambiaria que eliminó el monopolio del Banco Central en la compra y venta de divisas y el régimen estricto de control de cambios que existía desde 1967. Se creó, entonces, un sistema cambiario ágil y libre, de autonomía en el manejo para la realización de operaciones de pagos internacionales. En cuanto al tipo de cambio, se pasó de un régimen de administración a uno de manejo de una banda cambiaria con facultad de intervención.

El sector público también ha experimentado reformas fundamentales tanto en su funcionamiento como en su orientación. Entre estas reformas se encuentran la descentralización fiscal, el programa de privatizaciones y concesiones en la prestación de servicios públicos y construcción y manejo de infraestructura, y la reforma a la seguridad social. La descentralización se fundamenta en el crecimiento gradual de las transferencias de recursos y funciones a los departamentos y municipios -en los cuales se divide el territorio nacional- con el fin de atender con mayor eficiencia y prontitud las necesidades básicas de la población.

La privatización de activos del sector público ha tenido como objetivo liberar todos aquellos recursos del Gobierno comprometidos en actividades que pueden ser desarrolladas más eficientemente por el sector privado, para desplazarlos hacia sectores donde la presencia del Gobierno es indispensable, como la educación, la salud, la justicia y la seguridad.

En el campo de la seguridad social, se eliminó el monopolio del Estado en la prestación de los servicios de salud y pensiones, otorgándole la posibilidad al trabajador de escoger libremente la institución prestadora de dichos servicios.

Desde 1991 se han producido nuevas normas para modernizar el marco legal de la inversión extranjera en Colombia. Estos cambios se han regido por los principios de igualdad en el trato entre inversionistas nacionales y extranjeros: eliminación de la autorización previa para invertir en Colombia; la universalidad en virtud de la cual la inversión extranjera es admitida en prácticamente todos los sectores de la economía; y la estabilidad en el régimen cambiario vigente al momento de efectuarse una inversión, el cual será mantenido para dicha inversión aún si en el futuro se efectúan cambios en este sistema. Requisitos específicos de autorización deben cumplirse para las inversiones en el sector financiero, y proyectos de minería y petróleo.

La política de comercio exterior

En cuanto al entorno comercial, entre 1990 y 1991 se reformó el régimen de comercio exterior, para abrir la economía colombiana a la competencia externa y prepararla para lograr mayores niveles de competitividad e interacción internacional.

Este proceso implicó cambios tan radicales como la reducción unilateral de los aranceles, al pasar de un promedio aritmético del 44 por ciento a alrededor del 11 por ciento en la actualidad; la simplificación de la estructura arancelaria al pasar de tener 14 niveles a sólo 5; la eliminación de casi la totalidad de las restricciones cuantitativas, partiendo de una situación en 1990 en la cual más del 60 por ciento del universo arancelario requería licencia de importación, a la situación actual en la cual tan sólo el 2 por ciento la requieren por motivos de seguridad nacional o ambientales. Adicionalmente, se simplificaron los trámites de importaciones y exportaciones.

Otro elemento relevante de la política de comercio exterior de Colombia en la presente década es la profundización del acuerdo de integración con los países de la región andina, creándose la Comunidad Andina, que incluye un arancel externo común y la armonización de legislación que inclusive va más allá del ámbito comercial.

Igualmente importante es la firma de acuerdos comerciales con otros países de América Latina, con Chile de un lado, y México y Venezuela del otro (Grupo de los Tres - G3), conducentes a la formación de Zonas de Libre Comercio.

También es de destacar la creación de condiciones más favorables para el desarrollo del comercio y las inversiones con Centroamérica, la apertura comercial hacia los países del Caricom, la voluntad de lograr un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur y de la ampliación de las relaciones comerciales del continente americano mediante las negociaciones de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Relaciones con el sistema multilateral de comercio

En el ámbito del comercio multilateral, Colombia actuó con dinamismo en las negociaciones de la Ronda Uruguay, constituyéndose en miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, suscribió compromisos arancelarios en el universo de mercancías y compromisos específicos de acceso al mercado en un espectro amplio del comercio de servicios.

En cuanto a la participación de Colombia en el sistema de solución de diferencias, vale resaltar que desde su adhesión al GATT, Colombia nunca ha sido objeto de demandas.

Su participación en procedimientos de solución de diferencias se ha concentrado como reclamante, en 1992 y 1993, en controversias relativas al régimen de importación de banano de la Comunidad Europea. Actualmente Colombia participa como tercera parte en el tercer panel sobre banano. En 1993 Colombia fue una de las partes reclamantes en el procedimiento frente a Estados Unidos por medidas que afectaban la importación de tabaco. Finalmente, en 1992 participó como tercero interesado en el panel interpuesto contra Estados Unidos relativo a restricciones a las importaciones de atún.

A escasos dos años de haber entrado en vigencia la Organización Mundial del Comercio, se han podido vislumbrar los beneficios que se pueden derivar de un sistema con normas y disciplinas más precisas, y un mecanismo de solución de diferencias reforzado que garantice el funcionamiento efectivo del sistema multilateral de comercio.

Colombia comparte y apoya las disciplinas multilaterales establecidas en el Acuerdo de Marrakech, por lo cual ha iniciado el ajuste de su legislación doméstica, utilizando los plazos concedidos a los países en desarrollo, limitando así la discrecionalidad en el diseño de políticas de carácter sectorial, propias al nivel de desarrollo de su economía. Sin embargo, se asumen con la confianza de un equilibrio de los beneficios del sistema, el que se logrará en la medida que el trato de la oferta exportable de los países en desarrollo como Colombia sea equivalente al que se le otorga a los productos y servicios provenientes de los países desarrollados.