Burkina Faso: noviembre de 1998

Un nuevo informe de la Organización Mundial del Comercio, el primero que se realiza sobre las políticas y prácticas comerciales de Burkina Faso, indica que estas medidas son contrarias a los objetivos de diversificación y fomento de las exportaciones que se ha fijado este país. El informe señala que Burkina Faso inició en 1991 importantes reformas comerciales que, unidas a la devaluación del franco CFA (Comunidad Financiera Africana), han contribuido a mejorar la competitividad internacional de algunos productos nacionales y aumentar el PIB real desde 1994. No obstante, el informe precisa que todavía hay que realizar un gran esfuerzo de liberalización comercial para fomentar las exportaciones con miras a un crecimiento económico duradero del país.

El informe de la Secretaría de la OMC y una exposición de políticas presentada por el Gobierno de Burkina Faso servirán de base para el examen de las políticas y prácticas comerciales de Burkina Faso, que se llevará a cabo al mismo tiempo que el de Malí los días 18 y 20 de noviembre de 1998.

En el informe se observa que, gracias a los programas de ajuste estructural emprendidos por Burkina Faso con el respaldo del Fondo Monetario Internacional en 1991, se ha simplificado la estructura de los derechos de entrada, se han suprimido algunos obstáculos no arancelarios y se ha contenido la inflación. No obstante, los resultados de las finanzas públicas y de la balanza por cuenta corriente han sido medianamente satisfactorios. En efecto, las exportaciones de Burkina Faso, que son fundamentalmente el algodón, los productos agropecuarios y el oro, están sujetas a las fluctuaciones de los precios mundiales y equivalen a tan sólo alrededor de la mitad de las importaciones, por lo que existe un déficit permanente de la balanza comercial. Ello contribuye al déficit estructural de la balanza por cuenta corriente provocado por la balanza negativa de los servicios, como resultado de los desembolsos importantes en concepto de servicios de fletes y seguros y de los intereses de la deuda externa, agravados por la devaluación del franco CFA.

Burkina Faso importa los equipos pesados de los países desarrollados, en particular de Francia, y los productos petrolíferos de Nigeria y Côte d'Ivoire. En sus exportaciones, Burkina Faso se beneficia del trato preferencial acordado por la Unión Europea y los países desarrollados a los países en desarrollo.

Burkina Faso es miembro fundador de la Unión Económica y Monetaria de los Estados del África Occidental (UEMOA), de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y ha firmado acuerdos comerciales bilaterales y convenios de inversión con varios países.

Los derechos de entrada aplicados por Burkina Faso figuran entre los más elevados de la UEMOA. La media aritmética simple de los derechos de entrada es del 31,1 por ciento con un mínimo del 6 por ciento y un máximo del 37 por ciento. Además, Burkina Faso aplica a las producciones locales y las importaciones un impuesto sobre el valor añadido del 18 por ciento e impuestos indirectos. Los productos de la minería, la madera, los equipos de transporte, el material científico y las máquinas no eléctricas son los bienes menos gravados. Se aplican a los demás productos tasas de derechos de entrada cercanas o iguales al máximo.

La agricultura representa alrededor del 40 por ciento del PIB real de Burkina Faso y más de la mitad de los ingresos de exportación de mercancías. El algodón, principal producto de exportación del país, aporta el 40 por ciento de dichos ingresos. Burkina Faso exporta su algodón principalmente a Suiza, Mauricio e Indonesia. Gracias a diferentes reformas introducidas por el Gobierno de Burkina Faso y a la devaluación del franco CFA, las exportaciones de ganado hacia otros países de la subregión han registrado un marcado incremento. La devaluación del franco ha contribuido también a la aceleración de las reformas agrícolas reforzando la competitividad de algunos productos locales. El repunte de los precios mundiales y de los precios abonados a los productores ha contribuido a aumentar las exportaciones de algodón.

No obstante, en el informe se señala que la voluntad de promover las exportaciones se ve limitada por las medidas tendentes a la valoración de algunos productos y al logro de la autosuficiencia alimentaria. Por ejemplo, se prohíbe la exportación de cueros y pieles sin curtir de ovinos y de caprinos cuando, de hecho, las industrias locales no poseen la capacidad necesaria para transformar toda la producción. Asimismo, las autorizaciones especiales exigidas para exportar almendras de karité y cereales, obedeciendo a razones de autosuficiencia alimentaria, hacen que la participación de Burkina Faso en los intercambios internacionales de bienes sea inestable.

El oro, que se exporta principalmente a Francia, representa alrededor del 10 por ciento de los ingresos de exportación. El nuevo Código de Minería, en vigor desde 1997, concede los mismos privilegios a los inversores nacionales y extranjeros. Se ha liberalizado la comercialización de productos mineros y se han suprimido los obstáculos no arancelarios. De todos los sectores, el de la minería es el que posee la protección arancelaria menos elevada.

Poco desarrollado, el sector manufacturero está compuesto por unas 60 plantas de fabricación, esencialmente de productos alimenticios y textiles destinados sobre todo al mercado interior. No obstante, la estructura de los derechos de entrada y los elevados costos de algunos insumos limitan la competitividad internacional de los productos nacionales manufacturados. Este sector goza de la mayor protección arancelaria.

El sector de los servicios aporta más del 40 por ciento al PIB real y está incontestablemente dominado por las actividades comerciales. Los compromisos contraídos por Burkina Faso en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) siguen siendo limitados y no abarcan algunos servicios liberalizados de manera unilateral por ese país en el contexto de programas de ajuste estructural. Un dinámico sector informal representa alrededor del 25 por ciento del PIB y genera el 80 por ciento de los empleos no agrícolas.

El nuevo Código de Inversiones, vigente desde 1995 y revisado en 1997, fue concebido para promover inversiones productivas que contribuyan al desarrollo económico y social de Burkina Faso. Dicho texto garantiza idénticos derechos y obligaciones a las empresas nacionales y extranjeras orientadas a la exportación.

En el informe se indica que los derechos de propiedad intelectual en Burkina Faso están protegidos por el Acuerdo de Bangui y, también, por una Ordenanza de 1983 sobre el derecho de autor. En Burkina Faso, las falsificaciones afectan principalmente a los productos manufacturados, incluidos los medicamentos, y aumentaron de manera pronunciada tras la devaluación del franco CFA. A pesar de que hay legislación en la materia, las medidas aplicadas para luchar contra la falsificación son limitadas.

El informe concluye que los costos adicionales ocasionados por las elevadas tasas de derechos de entrada se atenuarán con la entrada en vigor del Arancel Exterior Común, que contribuirá a disminuir la protección arancelaria nominal en Burkina Faso y a eliminar las distorsiones relacionadas con las exoneraciones, cuyo carácter, a veces puntual, no constituye una motivación para los inversores, sobre todo extranjeros. La aplicación de normas técnicas a unos 10 productos y de una cláusula de salvaguardia al azúcar cuando Burkina Faso no se había reservado el derecho de hacerlo, justifican que se difunda la existencia de los Acuerdos de la OMC y que se le preste asistencia técnica. Con esa asistencia se evitaría poner en peligro los esfuerzos de liberalización realizados por Burkina Faso.

Nota para las redacciones

El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) de la OMC examinará el informe de la Secretaría de la OMC y el informe del Gobierno de Burkina Faso los días 18 y 20 de noviembre de 1998. El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC, realiza una evaluación colectiva de la gama completa de las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC a intervalos regulares, y sigue de cerca las tendencias y acontecimientos importantes que puedan tener consecuencias para el sistema mundial de comercio. El informe de la Secretaría abarca todos los aspectos de las políticas comerciales de Burkina Faso, inclusive sus leyes y reglamentos internos, el marco institucional y las diferentes prácticas comerciales y políticas comerciales por sectores. Desde la entrada en vigor de los Acuerdos de la OMC, los informes abarcan también las "nuevas esferas" del comercio de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Se adjuntan en este documento las observaciones recapitulativas que figuran en el informe de la Secretaría y algunos extractos del informe del Gobierno. Los periodistas que deseen disponer del texto íntegro de los informes de la Secretaría y del Gobierno pueden solicitarlo a la Secretaría (llamando al número 41 22 739 5019). Los periodistas pueden encontrar asimismo estos informes en la sala de prensa del sitio Web de la OMC (www.wto.org). Los dos informes citados, junto con un acta del debate del OEPC y el resumen del Presidente, constituirán el examen completo de las políticas comerciales de Burkina Faso, que se publicará oportunamente y podrá obtenerse en la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Desde diciembre de 1989 se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989, 1994 y 1998), Austria (1992), Bangladesh (1992), Benin (1997), Bolivia (1993), Botswana (1998), Brasil (1992 y 1996), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992, 1994 y 1996), Chile (1991 y 1997), Chipre (1997), Colombia (1990 y 1996), Comunidades Europeas (1991, 1993, 1995 y 1997), Corea, Rep. de (1992 y 1996), Costa Rica (1995), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992), El Salvador (1996), Estados Unidos (1989, 1992, 1994 y 1996), Fiji (1997), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991 y 1998), India (1993 y 1998), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), Islas Salomón (1998), Israel (1994), Jamaica (1998), Japón (1990, 1992, 1995 y 1998), Kenya (1993), Lesotho (1998), Macao (1994), Malasia (1993 y 1997), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993 y 1997), Namibia (1998), Nigeria (1991 y 1998), Noruega (1991 y 1996), Nueva Zelandia (1990 y 1996), Pakistán (1995), Paraguay (1997), Perú (1994), Polonia (1993), República Checa (1996), República Dominicana (1996), República Eslovaca (1995), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992 y 1996), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993 y 1998), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991 y 1996), Swazilandia (1998), Tailandia (1991 y 1995), Túnez (1994), Turquía (1994 y 1998), Uganda (1995), Uruguay (1992), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

Informe de la Secretaría

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
BURKINA FASO
Informe de la Secretaría - Observaciones recapitulativas

Entorno económico

Burkina Faso, uno de los países menos adelantados (PMA) del África Occidental, accedió a la independencia el 5 de agosto de 1960. Desde fines del decenio de 1960 se aplicó en ese país una política económica intervencionista de tipo marxista-leninista, basada en el control nacional de la economía y en una marcada participación del Estado, a través de empresas públicas que operaban en los sectores prioritarios. La prolongada sequía que asoló al país en los años setenta, la segunda crisis petrolera de 1979-1980 y los importantes aumentos salariales autorizados a partir de 1980 agravaron las dificultades "naturales" (sobre todo financieras) de Burkina Faso derivadas de su situación de PMA sin litoral y pusieron de manifiesto los límites de la política económica aplicada.

A partir de 1983, con objeto de absorber la crisis, el Gobierno adoptó una serie de medidas presupuestarias (reducción de los gastos y aumento de los ingresos públicos) y comerciales (en particular, aumento de la protección al sector industrial). Al ponerse de manifiesto la insuficiencia de esas medidas, algunas de las cuales permitían presagiar una reorientación de la política económica, Burkina Faso lanzó en 1991 su primer programa de ajuste estructural con respaldo del Fondo Monetario Internacional. Dicho programa, que trasuntaba la voluntad gubernamental de apartarse del intervencionismo de Estado, tuvo por objeto abrir la economía y lograr una mayor participación del sector privado y comprendió, entre otras cosas, un plan de ajuste del sector de transportes y otro del sector agropecuario. Asimismo, se introdujeron reformas en el sector financiero y en el ámbito social, incluidos los sectores de salud y de educación.

Las reformas permitieron simplificar el arancel de aduanas, eliminar los derechos de entrada específicos y los valores mercuriales, así como abrogar algunos obstáculos no arancelarios (autorizaciones previas y especiales de importación y de exportación, contingentes, licencias, controles de precios y monopolios) que afectaban a un gran número de productos. En cambio, se instauraron las declaraciones previas de importación. Unida a las diversas medidas adoptadas, la devaluación del franco de la Comunidad Financiera Africana (franco CFA), cuya paridad pasó de 50 a 100 francos CFA por cada franco francés, contribuyó a mejorar la competitividad internacional de algunos productos nacionales y a aumentar el PIB real desde 1994. Asimismo, las exportaciones de ganado hacia otros países de la subregión, en particular los de la zona del franco, registraron un marcado incremento. El repunte de los precios mundiales y de los precios abonados a los productores contribuyeron a aumentar las exportaciones de algodón. Si bien se contuvo la inflación, los resultados de las finanzas públicas y de la balanza por cuenta corriente, así como los del sector industrial, fueron medianamente satisfactorios.

La agricultura representa alrededor del 40 por ciento del PIB real de Burkina Faso y más de la mitad de los ingresos de exportación de mercancías: el algodón, principal producto de exportación del país, aporta el 40 por ciento de dichos ingresos. El subsuelo de Burkina Faso contiene también recursos mineros (oro, recursos férricos y no férricos y energéticos) hasta el presente poco prospectados. El oro representa alrededor del 10 por ciento de los ingresos de exportación. Poco desarrollado, el sector manufacturero está compuesto por unas 60 plantas de fabricación, esencialmente de productos alimenticios y textiles destinados sobre todo al mercado interior. El sector de los servicios, incontestablemente dominado por las actividades comerciales, aporta más del 40 por ciento al PIB real. Un dinámico sector informal representa alrededor del 25 por ciento del PIB y genera el 80 por ciento de los empleos no agrícolas.

Las exportaciones están sujetas a las fluctuaciones de los precios mundiales (principalmente el algodón, los productos agropecuarios y el oro) y a las variaciones climáticas (el algodón y los productos agropecuarios). Puesto que equivalen a tan sólo alrededor de la mitad de las importaciones, se observa un déficit permanente de la balanza comercial. Ello, unido a un déficit permanente de la balanza de servicios debido a desembolsos importantes en concepto de servicios de fletes y de seguros y a los intereses de la deuda externa, agravados por la devaluación del franco CFA, provoca también un déficit estructural de la balanza por cuenta corriente.

Los principales interlocutores comerciales de Burkina Faso son Francia y Côte d’Ivoire. En años recientes, Suiza e Indonesia constituyeron también importantes mercados para los productos nacionales. Burkina Faso exporta algodón principalmente a Suiza, Mauricio e Indonesia; oro a Francia; cueros y pieles a España e Italia; y animales vivos a países de la subregión de África Occidental, concretamente Côte d’Ivoire y Ghana. Los equipos pesados proceden de países desarrollados (en particular, Francia). Los productos petrolíferos se importan principalmente de Nigeria y de Côte d’Ivoire. Burkina Faso importa también de ese último país cemento, frutas y productos alimenticios y químicos, entre otros papel cartón y sal.

Marco institucional

Burkina Faso es una democracia pluralista, en virtud de la Constitución de 1991 (revisada en 1997). El Presidente de la República se elige por sufragio universal con un mandato de siete años renovable. Titular del poder ejecutivo, determina los grandes lineamientos de la política del Estado y designa al Primer Ministro y a los demás miembros del Gobierno, a propuesta de aquél. El Gobierno formula y lleva a la práctica las políticas decididas. El Parlamento está compuesto por dos Cámaras, la Asamblea Nacional con poder legislativo y la Cámara de Representantes, con funciones consultivas. Un Consejo Económico y Social emite dictámenes sobre los proyectos de Ley, ordenanzas y decretos que se le someten. Por iniciativa propia, puede también señalar a la atención del Presidente de la República las reformas que, según estima, contribuirían al desarrollo económico y social del país.

En 1991 Burkina Faso lanzó una amplia serie de reformas institucionales y reglamentarias tendentes a crear un entorno comercial más favorable para el desarrollo de las actividades económicas y financieras. La puesta en práctica de las disposiciones del Tratado de la Organización para la Armonización del Derecho Comercial en África (OHADA) debería llevar a una revisión de algunos de los textos que rigen el comercio y las inversiones en Burkina Faso. Además, se prevé que la aplicación del Tratado de la UEMOA reforzará esas disposiciones y las volverá más conformes con las obligaciones asumidas por Burkina Faso en el marco de los Acuerdos de la OMC.

El nuevo Código de Inversiones, vigente desde 1995 y revisado en 1997, fue concebido para promover inversiones productivas que contribuyan al desarrollo económico y social de Burkina Faso. Dicho texto garantiza idénticos derechos y obligaciones a las empresas nacionales y extranjeras presentes en ese país, así como la libertad de transferir capitales y salarios a las personas físicas o jurídicas extranjeras. Sin embargo, las empresas que deseen gozar de esos privilegios deben, entre otras cosas, llevar su contabilidad en Burkina Faso, dar prioridad al empleo de nacionales y a la utilización de servicios de empresas de Burkina Faso y proteger el medio ambiente. Al igual que el Código de Inversiones, el nuevo Código de Minería, en vigor desde 1997, otorga los mismos privilegios a los nacionales y los extranjeros que desean invertir en el sector minero de Burkina Faso. Además, en el marco de la UEMOA, se prevé establecer en 1998 un código comunitario de inversiones. En principio, ese instrumento llevará a suprimir las exoneraciones de derechos e impuestos a la importación de bienes de equipamiento, que adeudan un pequeño gravamen con arreglo al Arancel Exterior Común (AEC).

Burkina Faso se convirtió en Miembro de la OMC el 3 de junio de 1995, tras haber aplicado de facto el GATT desde su independencia en 1960. Durante la Ronda Uruguay, Burkina Faso asumió varios compromisos en forma de consolidaciones de derechos de entrada y modos de suministro de determinados servicios. Burkina Faso concede al menos el trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. Entre otras cosas, goza del trato preferencial y diferenciado acordado a los PMA, en particular en forma de exenciones o de aplicación diferida de algunas disposiciones; además, debería verse beneficiado sobre todo por el refuerzo de las reglas y la disciplina introducidas en el sistema comercial multilateral y en sectores como el agropecuario, de gran importancia para Burkina Faso. Burkina Faso desea que el programa integrado lanzado por la OMC junto con otras organizaciones durante la Reunión de Alto Nivel celebrada en Ginebra en octubre de 1997 supere sus objetivos originales de asistencia técnica: su principal preocupación es incrementar y diversificar su producción, para aprovechar mejor las posibilidades actuales y las que deberían resultar de la continuación de la liberalización a nivel multilateral.

Burkina Faso es miembro fundador de la Unión Económica y Monetaria de los Estados del África Occidental (UEMOA). El objetivo de esa organización es crear una unión económica organizando la convergencia de las políticas macroeconómicas y sectoriales y armonizando las legislaciones fiscales de los países miembros. La integración monetaria, con un banco central, el Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO) y una moneda común (el franco de la Comunidad Financiera Africana), es ya una realidad. Se ha definido la estructura del AEC y su instauración debería comenzar en julio de 1998 y completarse para enero del año 2000, fecha en la que se prevé completar la unión aduanera. Burkina Faso es también miembro de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), cuyo Tratado incluye la creación de una unión aduanera; sin embargo, el calendario de realización de dicha unión no fue respetado. Signatario del Cuarto Convenio de Lomé, Burkina Faso recibe ayuda de la Unión Europea (UE) y se acoge al Sistema de estabilización de los ingresos de exportación de materias primas agrícolas (STABEX). Muchos de los productos que exporta a la UE gozan de trato preferencial no recíproco, en forma de exoneración de derechos de entrada. Asimismo, los productos de Burkina Faso tienen acceso preferencial (no recíproco) a los mercados de los países desarrollados que no son miembros de la UE, en el contexto del Sistema Generalizado de Preferencias.

Burkina Faso firmó también acuerdos comerciales bilaterales con la República Popular Democrática de Corea, Cuba, la India y Túnez. Ha firmado además un convenio de inversiones con Alemania y negocia actualmente la concertación de acuerdos similares con Bélgica, el Canadá, China, Malasia y los Países Bajos. Hasta mayo de 1998, Burkina Faso no tenía pendiente ningún procedimiento de solución de diferencias en el marco del GATT, de la OMC o de algún otro acuerdo comercial del que es signatario.

Características de la política comercial

Los instrumentos de política comercial y sus efectos

La política comercial de Burkina Faso está basada esencialmente en derechos e impuestos. Desde el 15 de febrero de 1992, Burkina Faso utiliza la nomenclatura del Sistema Armonizado. Las reformas comerciales introducidas en el marco de los programas de ajuste estructural permitieron simplificar la estructura de los derechos aplicables a las importaciones. No obstante, los derechos de entrada aplicados por Burkina Faso siguen figurando entre los más elevados de la UEMOA. Están compuestos por un derecho de aduana uniforme del 5 por ciento, un derecho fiscal de importación del 0, el 4 o el 26 por ciento, un impuesto estadístico (TS) del 4 por ciento y un impuesto especial de intervención (TSI) del 2 por ciento. Los servicios de aduana consideran que los dos últimos impuestos mencionados son contribuciones por servicios prestados. La media aritmética simple de los derechos de entrada (es decir, todos los derechos e impuestos mencionados) es del 31,1 por ciento con un mínimo del 6 por ciento (aplicado a los productos únicamente sujetos al TS y al TSI) y un máximo del 37 por ciento. Poco distribuidos, los derechos de entrada registran una evolución en general negativa de los productos semiacabados a los productos acabados. Los productos de la minería, la madera, los equipos de transporte, el material científico y las máquinas no eléctricas son los bienes menos gravados. Se aplican a los demás productos tasas de derechos de entrada cercanas o iguales al máximo.

Además de los derechos e impuestos de importación, se aplica un gravamen comunitario de solidaridad del 0,5 por ciento por cuenta de la UEMOA a las importaciones procedentes de países no miembros de las organizaciones mencionadas. Se aplica un impuesto adicional del 7,5 por ciento al azúcar importado, en virtud de un sistema de salvaguardia establecido por Burkina Faso en marzo de 1998. Se aplican también a las producciones locales y las importaciones un impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 18 por ciento e impuestos indirectos. El impuesto percibido sobre el tabaco, los cigarros y los cigarrillos asciende al 13 por ciento en el caso de productos locales y del 95 por ciento cuando se trata de importaciones, lo que ofrece una protección suplementaria de 112 puntos a las empresas de Burkina Faso que fabrican esos productos. Prácticamente se han suprimido todos los derechos e impuestos de salida aplicados hasta 1991. El único impuesto de exportación todavía en vigor en Burkina Faso es la Contribución especial del Sector Ganadero (CSE) percibida tanto para la exportación como para la venta interior de productos agropecuarios.

En el marco de la Ronda Uruguay, Burkina Faso consolidó al tipo máximo del 100 por ciento los derechos de aduana aplicables a los productos agrícolas (al igual que todos los países Miembros de la OMC), así como a los productos de los capítulos 45, 46, 47 y 49 del Sistema Armonizado. Los demás derechos e impuestos aplicados a las importaciones de esos mismos productos fueron consolidados al 50 por ciento. Así pues, las consolidaciones afectan a un número relativamente limitado de productos; por lo demás, dejan un importante margen de maniobra a Burkina Faso debido a la pronunciada diferencia entre los tipos de los derechos consolidados y los efectivamente aplicados. Con la instauración del AEC, la Comisión de la UEMOA prevé renegociar las concesiones arancelarias de todos los países miembros, incluidas las que figuran en las anteriores listas de productos, para las que se efectuaron consolidaciones en la época en que los países eran aún colonias.

El número de productos sometidos a normas técnicas disminuyó de 40 a 10 en 1995. Burkina Faso procedió también al desmantelamiento de la mayoría de las restricciones cuantitativas a la importación. Las prohibiciones aún en vigor obedecen a razones de seguridad o de salud, así como a la existencia de convenios internacionales de los que Burkina Faso es signatario. Sin embargo, cualquier importación de un valor f.o.b. superior o igual a 500.000 francos CFA está sujeta a una Declaración Previa de Importación (DPI), en aplicación del Programa de Verificación de las Importaciones. Las importaciones de un valor f.o.b. superior a 3 millones de francos CFA son objeto de una inspección, a cargo de la Société générale de surveillance (SGS). Excepto las disposiciones de acuerdos comerciales de los que es signatario, Burkina Faso no dispone de legislación completa sobre normas de origen. Tampoco dispone de legislación nacional sobre medidas antidumping, compensatorias o de salvaguardia.

La promoción de las exportaciones es uno de los elementos principales de la política comercial estructurada por las autoridades de Burkina Faso. Esa estrategia se concretó mediante la aprobación de un nuevo Código de Inversiones (modificado en 1997) que ofrece a las empresas orientadas hacia la exportación numerosas ventajas de inversión y de explotación. Éstas consisten en exoneraciones totales de derechos e impuestos de aduana y de tributación interna; las ventajas vinculadas a la explotación son permanentes. La reducción permanente del 50 por ciento del impuesto sobre los beneficios industriales y comerciales acordada a dichas empresas durante la fase de explotación pasa al 75 por ciento cuando en la fabricación se utiliza directamente por lo menos un 80 por ciento de materias primas locales. Asimismo, se prevé crear zonas francas en el futuro. Además, las exportaciones adeudan un IVA nulo, con miras a un eventual reembolso del IVA percibido sobre los insumos y factores de producción que intervienen en la fabricación de los productos exportados. No obstante, está prohibida la exportación de pieles y cueros sin curtir de ovinos y caprinos, mientras que la de almendras de karité y de cereales debe ser objeto de una autorización especial.

Tras la devaluación del franco CFA en 1994 se liberalizaron los precios de un gran número de productos. De conformidad con las disposiciones de la nueva Ley sobre la Competencia, los precios de bienes y servicios son libres y están determinados exclusivamente por la regla de la competencia. Sin embargo, siguen estando reglamentados los precios de los productos petrolíferos, los medicamentos genéricos esenciales, el tabaco, el algodón (precio al productor), los artículos de uso escolar y las "tarifas públicas" (agua, electricidad, telecomunicaciones). Además, el Programa de reestructuración del sector público progresa lentamente. Entre las empresas que funcionan en situación de monopolio o que ejercen derechos exclusivos en sus  sectores de actividad figuran las consideradas estratégicas. Estas últimas, 15 en total, están presentes en la mayoría de los sectores de la vida económica nacional.

En Burkina Faso, los derechos de propiedad intelectual están protegidos por el Acuerdo de Bangui sobre la Propiedad Intelectual, firmado por unos 15 países de África (la Organización Africana de la Propiedad Intelectual -OAPI- fue creada sobre la base de ese instrumento) y por una Ordenanza de 1983 sobre el derecho de autor y sus textos de aplicación. La OAPI trabaja actualmente en la adaptación de las disposiciones del Acuerdo de Bangui, con objeto de volverlas conformes con las obligaciones de los países Miembros de la OMC contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En Burkina Faso, las falsificaciones afectan principalmente a los productos manufacturados, incluidos los medicamentos, y aumentaron de manera pronunciada tras la devaluación del franco CFA. A pesar de que hay legislación en la materia, las medidas aplicadas para luchar contra la falsificación son limitadas. Además, las mercancías falsificadas sólo pueden ser detenidas en la frontera por denuncia del titular de los derechos correspondientes. La escasez de medios para luchar contra el fraude y la falsificación y las carencias en la colaboración entre los diferentes servicios responsables (en particular los de policía y de aduanas), entre otros factores, dificultan la aplicación de las disposiciones vigentes en Burkina Faso para luchar contra esos delitos. Se elaboró un programa de acción para incrementar la protección del derecho de autor.

Políticas sectoriales

Las reformas iniciadas en 1991 por Burkina Faso tuvieron repercusiones distintas sobre las actividades del país. En el sector minero, cristalizaron en la adopción de un Código de Minería más liberal y atractivo para la inversión privada. Se liberalizó la comercialización de productos mineros y se suprimieron los obstáculos no arancelarios; de todos los sectores, el de la minería es el que posee la protección arancelaria menos elevada.

Al igual que en el sector minero, la devaluación del franco CFA contribuyó a acelerar las reformas agrícolas, ya que el cambio de paridad aumentó la competitividad de algunos productos locales. De todos ellos, el azúcar sigue estando protegido por diversas medidas, incluida una cláusula especial de salvaguardia no prevista por Burkina Faso (artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC). Una empresa estatal, la Société sucrière de la Comoé‚ posee el monopolio de importación del azúcar y es, al mismo tiempo, la productora exclusiva de ese producto en el país. El azúcar está también sujeto a obstáculos técnicos en forma de normas, junto con los siguientes productos: las conservas alimenticias de origen animal; la harina de trigo; los aceites vegetales para alimentación; la leche; el arroz, las colas de vulcanización en frío; los pesticidas, insecticidas y derivados; las pilas eléctricas salinas de tipo R6 o R20; y los neumáticos y cámaras de aire. Además, siguen aplicándose derechos de entrada bastante altos a los productos agrícolas. Las prohibiciones a que están sujetas las exportaciones de cueros y pieles sin curtir de ovinos y caprinos, la intervención del Estado en la producción y sobre todo en la comercialización de algunos productos, en especial el algodón, y las autorizaciones especiales para la exportación de almendras de karité y de cereales permiten dudar acerca de su pertinencia para el logro de los objetivos de diversificación y promoción de las exportaciones, por un lado, y de mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, por otro.

El sector manufacturero es el que goza de la mayor protección arancelaria, seguido del agrícola. Sin embargo, la estructura de los derechos de entrada no favorece el desarrollo del sector manufacturero de Burkina Faso, lo que explica el recurso a exoneraciones, incluso sobre una base puntual. Además de la estructura de los derechos, los elevados costos de algunos insumos debido al precio de la energía (incluidos los de la electricidad y los combustibles) y del transporte limitan la competitividad internacional de los productos nacionales manufacturados. Esta situación, que la devaluación del franco CFA no logró corregir, se vio agravada por los vestigios de la estrategia de sustitución de las importaciones. Durante mucho tiempo esa estrategia fue respaldada por una intervención del Estado a través de empresas públicas, algunas de las cuales siguen funcionando y suministran servicios básicos, como telecomunicaciones. En efecto, una importante proporción de las empresas denominadas estratégicas trabajan en el sector de servicios. La lentitud en la ejecución de los programas de privatización explica también la marcada presencia de empresas estatales en ese sector. Además, los compromisos contraídos por Burkina Faso en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios siguen limitándose a determinados aspectos del suministro de servicios y no abarcan los liberalizados de manera unilateral por ese país en el contexto de programas de ajuste estructural.

Políticas e interlocutores comerciales

Las reformas comerciales en curso en Burkina Faso fueron emprendidas en el contexto de los programas de ajuste iniciados en 1991. Pero mientras que en el ámbito de las importaciones se introdujeron importantes medidas de liberalización, queda mucho por hacer para promover las exportaciones, que constituyen un elemento básico del objetivo principal del país, a saber, lograr un crecimiento económico duradero basado en aquéllas. En efecto, algunas medidas en vigor en Burkina Faso en particular de política comercial se contradicen con ese objetivo tal como ha sido formulado. La situación de país sin litoral de Burkina Faso es, por sí sola, una barrera natural a los intercambios internacionales. Además de ese factor y de la deficiente red de comunicaciones internacionales, los elevados costos de transporte se deben también a los gastos de aterrizaje y de trato de aeronaves en el aeropuerto de Uagadugú y al monopolio de Estado sobre el aprovisionamiento e inclusive en algunos casos la distribución de productos energéticos. Todo ello contribuye a limitar la competitividad internacional de las exportaciones de Burkina Faso.

En el sector agrícola, la voluntad de diversificar y promover las exportaciones se ve limitada por medidas tendentes a la valorización de algunos productos y al logro de la autosuficiencia alimentaria. Por ejemplo, se prohíbe la exportación de cueros y pieles sin curtir de ovinos y de caprinos cuando, de hecho, las industrias locales no poseen la capacidad necesaria para transformar toda la producción. Asimismo, las autorizaciones especiales exigidas para exportar almendras de karité y cereales, obedeciendo a razones de autosuficiencia alimentaria (incluso aunque no sea ese el argumento oficial) vuelven inestable, al menos potencialmente, la participación de Burkina Faso en los intercambios internacionales de bienes. Por consiguiente, las autorizaciones no garantizan partes de mercado para el desarrollo de esas exportaciones ni sirven de aliciente a los productores locales quienes, si los precios locales fueran atractivos, no estarían obligados a exportar sus bienes, sobre todo habida cuenta de la situación de país sin litoral de Burkina Faso.

Por lo demás, los costos adicionales ocasionados por las elevadas tasas de derechos de entrada se atenuarán con la entrada en vigor del AEC, que contribuirá a disminuir la protección arancelaria nominal en Burkina Faso y a eliminar las distorsiones relacionadas con las exoneraciones, cuyo carácter a veces puntual no constituye una motivación para los inversores, sobre todo extranjeros. Por último, la aplicación de normas técnicas a unos 10 productos y de una cláusula de salvaguardia al azúcar (por el momento) cuando Burkina Faso no se había reservado el derecho de hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura, justifican que se difunda la existencia de los Acuerdos de la OMC en ese país y que se preste una asistencia técnica tendente a garantizar el respeto de esos instrumentos. Con esa asistencia, se evitaría poner en peligro los esfuerzos de liberalización realizados por Burkina Faso, en particular con la entrada en vigor de las disposiciones de la UEMOA, lo que agudizará la competencia de productos procedentes de países vecinos.

Informe del Gobierno

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
BURKINA FASO
Informe del Gobierno

Introducción

Burkina Faso, cuya superficie es de 274.200 km², es uno de los países menos adelantados del continente africano. La población, que en la actualidad se calcula en unos 10,5 millones de habitantes, crece a un ritmo elevado de alrededor del 2,8 por ciento anual. Como consecuencia, más de la mitad de sus ciudadanos tiene hoy menos de 20 años.

El país dispone de pocos recursos naturales, sufre los caprichos de un clima saheliano de pluviometría insuficiente y mal repartida y no goza de acceso directo al mar. Tiene poco desarrolladas las infraestructuras económicas y muchas regiones enclavadas se quedan prácticamente aisladas durante la estación de las lluvias. La falta de recursos energéticos constituye otro importante inconveniente. El principal recurso local sigue siendo la cubierta vegetal, cuya sobreexplotación amenaza actualmente el medio ambiente; las demás fuentes de energía son de origen extranjero (hidrocarburos) y su costo es muy elevado.

No obstante, Burkina Faso dispone de algunas bazas para abrigar la esperanza de salir del subdesarrollo e iniciar un proceso duradero de crecimiento. La primera de ellas es sin duda su componente humano, al que suele acompañar una reputación de rigor y laboriosidad. La segunda es la estabilidad política y la relativa paz social conquistada por un poder que, desde 1987, ha llevado a cabo profundas reformas políticas y estructurales acompañadas por la continua búsqueda del consenso. Desde la adopción de la Constitución del 2 de junio de 1991, Burkina Faso tiene una democracia pluralista.

Política y práctica comerciales

Objetivos generales de la política comercial

A partir de 1991 Burkina Faso ha emprendido una serie de reformas económicas cuyo objetivo es que el Estado se desentienda de los sectores competitivos y que la economía se liberalice. Ahora se reconoce al sector privado la función de motor de un crecimiento económico que deberá mantenerse por encima del listón del 5 por ciento anual para que el país pueda entrar con eficacia en la vía de un desarrollo duradero. La estrategia del Gobierno para el desarrollo del sector privado se orienta a crear una economía competitiva y productiva que descanse en el sector privado.

Los objetivos generales que se ha marcado el Gobierno en el marco de esta política comercial son:

- liberalizar el comercio;

- mejorar las condiciones reglamentarias de creación y de explotación de la empresa privada, tanto para los nacionales como para los inversores extranjeros;

- permitir el desarrollo de la actividad económica en un marco de seguridad jurídica conforme con las normas internacionales;

- adoptar medidas de adaptación rápida a los reglamentos de la UEMOA y de la OMC;

- facilitar la adaptación rápida a las evoluciones económicas flexibilizando la legislación en materia de empleo;

- mejorar la productividad y la eficacia de las instituciones de apoyo al sector privado, en particular las que gestiona directamente el Estado;

- luchar contra el fraude y la corrupción;

- instaurar un diálogo permanente y productivo con el sector privado;

- reducir los costos y/o mejorar la calidad de los servicios públicos que dependen del Estado;

- mejorar las condiciones de financiación de las empresas en general y las de las PYME en particular;

- atenuar la presión fiscal sobre el sector estructurado;

- flexibilizar la fiscalidad con que se grava a la importación de insumos;

- promover la modernización y la eficacia de todos los servicios que se ofrecen a las empresas;

- favorecer la mejora del nivel técnico de la mano de obra local;

- intensificar la creación y la rehabilitación de zonas industriales que se han hecho viables;

- proseguir el ordenamiento de las zonas de actividades diversas que se han hecho viables;

- favorecer la reducción de determinados costos de transporte;

- mejorar la eficacia y la fluidez de las vías de comunicación que atraviesan Burkina Faso.

Descripción general del régimen de importación y exportación

La importación, exportación o reexportación de mercancías no prohibidas es libre. El régimen general de importación y de exportación está reglamentado por las siguientes disposiciones: Ordenanza Nº 91-069 de 25 de noviembre de 1991 y su Decreto de Aplicación Nº 94-014 de 25 de noviembre de 1991, Ley Nº 15/94 de 5 de mayo de 1994 sobre organización de la competencia y del consumo. En virtud de esta última se crea un órgano consultivo autónomo denominado Comisión Nacional de Competencia y Consumo (CNCC) que tiene por misión velar por el funcionamiento de las reglas de la competencia en la economía y proteger al consumidor. Esta Ley autoriza al Ministro de Comercio a reglamentar provisionalmente los precios en las condiciones fijadas por decreto o en situaciones de crisis y circunstancias excepcionales que puedan obstaculizar el libre juego de los mecanismos del mercado.

Importaciones

En el marco del programa de ajuste estructural, se han suprimido las licencias de exportación. No obstante, por razones de orden sanitario están prohibidas algunas importaciones, por ejemplo las de productos a base de amianto.

El Decreto Nº 98-118/PRES/PM/MEF de 31 de marzo de 1998 dispone la imposición de un gravamen del 1 por ciento del valor f.o.b. de las mercancías sometidas a declaración previa a la importación para cubrir los gastos del programa de comprobación de las importaciones.

Exportaciones

La exportación de productos de Burkina Faso se realiza mediante simple autorización del centro de promoción de la empresa. Por razones de recopilación de estadísticas, las exportaciones de cereales son objeto de una declaración de exportación (Notificación a los exportadores Nº 96-002/MCIA de 1º de marzo de 1996). Las semillas del árbol mantequero también están sujetas a autorización especial por las mismas razones. Está prohibida la exportación de pieles en bruto de caprino y de ovino (Notificación a los exportadores Nº 95-453/MICM/SG/DGRS de 7 de julio de 1995). Esta medida, adoptada a título provisional, se inscribía directamente en los objetivos de la política de promoción y de valoración de los subproductos de la ganadería y de acompañamiento del proceso de privatización en sus comienzos.

Aplicación de la política comercial

Medidas de política comercial aplicadas en Burkina Faso

Derechos de aduana

Desde 1991, Burkina Faso ha resuelto encaminarse por la vía de la liberalización de la economía, lo que llevó en 1992 a una gran reforma del arancel de aduanas mediante la adopción de la Ley Nº 12/92/ADP de 22 de diciembre de 1992.

Según esta Ley, las mercancías importadas se reagrupan en tres categorías: la primera, los productos de primera necesidad y los productos especiales; la segunda, los productos intermedios (materias primas y equipos); y la tercera, los demás productos (no incluidos en las dos primeras categorías).

Este reagrupamiento se ha llevado a cabo según la afinidad de los productos y su grado de elaboración, poniendo el acento en la promoción de las unidades nacionales de producción, la protección de la producción nacional y el cuidado de no agravar la presión fiscal sobre determinados productos.

El cuadro de derechos e impuestos de entrada del nuevo arancel comprende:

- derecho de aduana: DD 5 por ciento, tipo único;

- derecho fiscal de importación: DFI 0 por ciento, primera categoría;

- impuesto estadístico: STAT 4 por ciento, tipo único; 4 por ciento, segunda categoría;

- gravamen comunitario de solidaridad: PCS 1 por ciento, tipo único; 26 por ciento, tercera categoría;

- impuesto sobre el valor añadido: IVA 18 por ciento para la segunda y tercera categorías; 0 por ciento para la primera categoría;

- impuesto especial de intervención: TSI 1 por ciento.

Desde el 1º de enero de 1993 se aplica el modo de imposición ad valorem a todos los productos tanto de importación como de exportación. En virtud del Reglamento Nº 02/97/CM/UEMOA de 28 de noviembre de 1997 sobre la adopción del Arancel Exterior Común (AEC), los tipos del derecho fiscal de importación se han modificado por Ordenanza Nº 98-001/PRES de 9 de julio de 1998. Los nuevos tipos son respectivamente del 0, 5 y 20 por ciento para las categorías I, II y III. Se suprime el impuesto especial de intervención. Siguen en vigor los impuestos interiores inscritos en el arancel de aduanas (IVA, impuesto sobre las bebidas, impuesto sobre la cola, impuesto sobre el café y el té, impuesto sobre el tabaco). El impuesto estadístico se mantiene igualmente en el 4 por ciento. El derecho fiscal tiene tres tipos y varía según la categorización de los productos.

Los documentos exigidos para las operaciones en aduana son la carta del importador, la factura de compras, la factura indicativa de la prima de seguros, el certificado de origen, el certificado de valoración en aduana y, según el caso, el certificado fitosanitario.

Valoración en aduana e inspección previa a la expedición

El método de valoración en aduana que se utiliza en la actualidad es el valor de transacción de la mercancía. Los principios actuales de valoración en aduana en Burkina Faso se fundamentan en el artículo 22 del Arancel de Aduanas. Desde 1992 está vigente un sistema de inspección obligatoria de las mercancías previa a la expedición. Así pues, toda importación de mercancías está sometida a las formalidades de la sociedad de inspección, consistentes en:

- redactar una solicitud de importación para toda factura superior a 3 millones de francos CFA (vía marítima);

- hacer controlar las mercancías antes de la expedición;

- presentar la factura definitiva después de la inspección;

- obtener un certificado de valoración en aduana que deberá ser presentado al Servicio de Aduanas en el momento del despacho de las mercancías.

En caso de infravaloración, la sociedad de inspección rechaza los valores que figuran en la factura y procede al reajuste necesario habida cuenta de las informaciones de que dispone en el país de importación o teniendo en cuenta los valores de productos similares, lo que hace constar en el certificado de valoración en aduana.

Programa de liberalización del comercio en el marco del Programa de Ajuste Aduanero

De 1966 a 1990 la economía de Burkina Faso estuvo muy reglamentada, pues la estrategia económica atribuía al sector público la responsabilidad de las inversiones y el crecimiento. Los resultados esperados no fueron conseguidos. Desde 1991, Burkina Faso se ha embarcado en un programa de liberalización económica con el apoyo de las instituciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En tal marco, el objetivo del Gobierno es crear un entorno favorable al desarrollo de las iniciativas privadas. A tal efecto, se han adoptado medidas como las de la supresión de las licencias de exportación y de las restricciones a la importación y la exportación y la adaptación de nuestras leyes y reglamentos al nuevo entorno económico, muy liberal.

Programa de reforma económica

La política comercial no es más que un elemento de una política más vasta que abarca las inversiones, los transportes, el turismo, los servicios financieros y un marco jurídico y reglamentario propicio a la creación y al desarrollo del comercio y al empleo. Todos estos elementos están vinculados y son interdependientes en cuanto a su contribución para garantizar la prosperidad de la población así como el crecimiento económico duradero.

En los años ochenta, ante la debilidad de la renta nacional y el subdesarrollo de la economía, las autoridades del país emprendieron una política voluntarista de desarrollo caracterizada por el crecimiento de las inversiones públicas tanto en las infraestructuras como en los sectores productivos. En efecto, el ahorro de las familias y el débil rendimiento de las empresas no permitían obtener los recursos suficientes para hacer frente a las necesidades en inversiones. Por ello, la parte del sector público representaba más de la mitad del total de la formación bruta de capital fijo.

Sin embargo, estos esfuerzos resultaron ser insuficientes para contrarrestar los efectos de un crecimiento demográfico muy fuerte (casi el 3 por ciento anual) y las debilidades estructurales vinculadas en particular con la insuficiencia del ahorro y con un déficit crónico de la balanza comercial (en promedio, las exportaciones no cubren más que el 35 por ciento de las importaciones). Los diferentes programas de ajuste emprendidos a partir de 1991 con el concurso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se encaminaban a estabilizar la economía, a volver a crear las condiciones de un crecimiento duradero y a mejorar la gestión de la hacienda pública.

Con el fin de aumentar los ingresos de la población y de acelerar el desarrollo de los recursos humanos y del potencial productivo, el Gobierno ha definido una estrategia en la declaración de intención de política de desarrollo humano duradero. Los principales objetivos de esta política, para el período 1998-2000, pueden resumirse como sigue:

- asegurar un crecimiento del PIB real de al menos el 5,5 por ciento de promedio entre 1998 y el año 2000;

- limitar la inflación anual al 3 por ciento;

- reducir el déficit exterior en cuenta corriente, excluidas las donaciones, al 10 por ciento del PIB en el año 2000;

- estabilizar los gastos en inversiones públicas en torno al 13 por ciento del PIB en el período 1990-2000 y la componente financiada de los recursos presupuestarios internos al 2,7 por ciento del PIB en el mismo período;

- mejorar las infraestructuras sociales y aumentar la esperanza de vida, que actualmente es de 48 años, a 57 años de aquí al año 2005;

- desarrollar el sector privado reforzando el sistema judicial para dar seguridad a la actuación del sector privado;

- reforzar la función de la mujer en el proceso de desarrollo;

- continuar el saneamiento del sistema bancario;

- desarrollar y diversificar el potencial de exportación;

- culminar la liberalización del sector de las exportaciones y de las importaciones;

- continuar el programa de reforma de las empresas públicas;

- proceder a un recuento exhaustivo de las participaciones del Estado en las empresas y a un análisis estratégico de la cartera del Estado;

- abrir el sector de las telecomunicaciones a la competencia y poner en práctica una estrategia de privatización parcial de la ONATEL;

- continuar la integración económica regional;

- conseguir que Burkina Faso se integre en el sistema multilateral de comercio gestionado en el marco de los Acuerdos de la OMC.

Para conseguir estos objetivos, el Gobierno se ha comprometido a promover la inversión y el ahorro interno al tiempo que reorienta la inversión hacia los sectores prioritarios.

El valor de las exportaciones debería aumentar un promedio del 19 por ciento anual en el período 1998-2000 y su volumen en un 13 por ciento, debido sobre todo a la expansión sostenida de la producción algodonera. Al mismo tiempo, la reducción de la deuda exterior en el marco de la iniciativa por los países pobres muy endeudados permitirá reducir el coeficiente del servicio de la deuda en relación con las exportaciones a un nivel sostenible. El programa trienal de inversiones continuará siendo coherente con el marco macroeconómico de reformas para el período 1998-2000, y ello con el apoyo de los socios para que el Estado pueda dominar y racionalizar mejor sus gastos.

Conclusión

Como se desprende del presente informe de la política comercial, Burkina Faso persevera de manera inexorable en su programa de liberalización económica. En este marco, y a fin de hacer que el entorno institucional sea más propicio a la actividad económica, se proseguirán las reformas en curso en el seno de la UEMOA, la OHADA y la OMC, y se adaptará el marco de su aplicación en Burkina Faso.

Para los próximos tres años, se actuará en:

- la elaboración de un código comunitario de inversiones;

- la armonización efectiva de las estadísticas de las finanzas públicas;

- la aplicación del Sistema Contable del África Occidental (SYSCOA) y del tratado de la Organización Africana de Armonización del Derecho Mercantil (OHADA);

- la aplicación del Arancel Exterior Común;

- la vigilancia multilateral y las correspondientes sanciones;

- las actuaciones del programa integrado CCI/UNCTAD/OMC;

- la creación de un centro de formalidades de las empresas (ventanilla única) es casi una realidad, y ello con el afán de acercar el sector público al sector privado;

- la simplificación de los procedimientos administrativos, la mejora del código institucional, la adaptación de nuestras leyes y reglamentos al nuevo entorno económico, muy liberal, no tienen más que un objetivo: el de crear un entorno favorable a la expansión de una economía liberal;

- la buena gestión de una economía liberal requiere la consolidación de la democracia, una mejor gobernación y la continuación de las reformas estructurales.