La Unión Europea, que continúa promoviendo la liberalización del comercio mediante iniciativas multilaterales, regionales y bilaterales, ha mantenido abiertos en gran medida sus mercados, excepto para los textiles y los productos agropecuarios, dice un nuevo informe de la OMC sobre las políticas comerciales de la UE. La posición de la UE como principal exportador y segundo importador mundial de mercancías es prueba de la importancia que reviste el comercio para los consumidores y los productores europeos y de la importancia de la UE como mercado para la mayoría de los Miembros de la OMC, y en especial para los países en desarrollo, añade el informe.

Desde diciembre de 1989 se han finalizado los siguientes exámenes: la Argentina (1992 y 1999), Australia (1989, 1994 y 1998), Austria (1992), Bahrein (2000), Bangladesh (1992 y 2000), Barbados (2002), Benin (1997), Bolivia (1993 y 1999), Botswana (1998), el Brasil (1992, 1996 y 2000), Brunei Darussalam (2001), Burkina Faso (1998), Camerún (1995 y 2001), el Canadá (1990, 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000), Chile (1991 y 1997), Chipre (1997), Colombia (1990 y 1996), las Comunidades Europeas (1991, 1993, 1995, 1997, 2000 y 2002), Corea, República de (1992, 1996 y 2001), Costa Rica (1995 y 2001), Côte d’Ivoire (1995), Egipto (1992 y 1999), El Salvador (1996), Eslovenia (2002), los Estados Unidos (1989, 1992, 1994, 1996, 1999 y 2001), Fiji (1997), Filipinas (1993 y 1999), Finlandia (1992), Gabón (2001), Ghana (1992 y 2001), Guatemala (2002), Guinea (1999), Haití (2002), Hong Kong (1990, 1994 y 1998), Hungría (1991 y 1998), la India (1993, 1998 y 2002), Indonesia (1991, 1994 y 1998), Islandia (1994 y 2000), Islas Salomón (1998), Israel (1994 y 1999), Jamaica (1998), el Japón (1990, 1992, 1995, 1998 y 2000), Kenya (1993 y 2000), Lesotho (1998), Macao (1994 y 2001), Madagascar (2001), Malasia (1993, 1997 y 2001), Malawi (2002), Malí (1998), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995 y 2001), México (1993, 1997 y 2002), Mozambique (2001), Namibia (1998), Nicaragua (1999), Nigeria (1991 y 1998), Noruega (1991, 1996 y 2000), Nueva Zelandia (1990 y 1996), OECO (2001), el Pakistán (1995 y 2002), Papua Nueva Guinea (1999), el Paraguay (1997), el Perú (1994 y 2000), Polonia (1993 y 2000), la República Checa (1996 y 2001), la República Dominicana (1996), la República Eslovaca (1995 y 2001), Rumania (1992 y 1999), Senegal (1994), Singapur (1992, 1996 y 2000), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993 y 1998), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991, 1996 y 2000 (conjuntamente con Liechtenstein)), Swazilandia (1998), Tailandia (1991, 1995 y 1999), Tanzanía (2000), Togo (1999), Trinidad y Tabago (1998), Túnez (1994), Turquía (1994 y 1998), Uganda (1995 y 2001), el Uruguay (1992 y 1998), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

  
  
Informe de la Secretaría volver al principio

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
UNIÓN EUROPEA
Informe de la Secretaría — Observaciones recapitulativas

La Unión Europea (UE) desempeña un papel esencial en la OMC y su apoyo al sistema multilateral de comercio basado en normas es determinante para que el sistema pueda proporcionar a todos sus Miembros los beneficios derivados del comercio. La posición de la UE como principal exportador y segundo importador mundial de mercancías da fe de la importancia que el comercio tiene para los consumidores y los productores europeos y de lo mucho que significa el mercado de la UE para la mayoría de los Miembros de la OMC, y en especial para los países en desarrollo. Esa interdependencia es fruto de una persistente adhesión al sistema multilateral de comercio, así como de una vasta red de acuerdos comerciales regionales y acuerdos comerciales preferenciales.

La aportación de la UE fue muy importante para impulsar el lanzamiento del Programa de Doha para el Desarrollo en noviembre de 2001. La UE, junto con sus interlocutores comerciales, se esforzó por restablecer la confianza y la cooperación en el seno de la OMC. Ha procurado asimismo mejorar la comprensión pública de la OMC mediante una mayor transparencia y una mayor interacción con los parlamentarios y los representantes de la sociedad civil. Será decisivo para el éxito del Programa de Doha para el Desarrollo que la UE mantenga de manera constante su adhesión a la OMC y al sistema multilateral de comercio.

Evolución económica reciente

Desde que a mediados de 2000 se efectuó el examen de sus políticas comerciales, la UE ha mantenido el impulso de su programa de integración económica interna. Ha continuado avanzando hacia la culminación de su mercado interno mediante la reforma del mercado de productos y capitales, ha dado el paso final hacia una moneda única en la zona euro, ha mantenido en gran medida el control de las finanzas públicas a pesar del descenso del crecimiento económico, y ha aplicado de manera activa la política de competencia para complementar la reforma interna de sus Estados miembros. La política comercial ha venido a respaldar este programa manteniendo en gran parte abiertos los mercados de productos no agropecuarios (excepto los textiles y el vestido), cumpliendo los compromisos de liberalización contraídos en el marco de la OMC y favoreciendo una mayor profundización de los compromisos multilaterales, y ampliando a la vez el extenso sistema de acuerdos comerciales regionales.

El mantenimiento de un entorno normativo favorable a los agentes económicos ha sido esencial para reavivar las perspectivas de crecimiento de la economía europea en 2002. En 2001, el crecimiento económico experimentó una fuerte desaceleración en la UE, y el último trimestre del año el PIB sufrió una ligera contracción. El crecimiento en 2001 fue del 1,7 por ciento, mientras que en 2000 había sido del 3,3 por ciento. La Comisión atribuye la desaceleración principalmente a una serie de conmociones externas: alza de los precios del petróleo, estallido de la burbuja tecnológica y escasez de la demanda externa, agudizada por la pérdida de confianza subsiguiente a los acontecimientos del 11 de septiembre. En la primavera de 2002, las previsiones de la Comisión son que durante el año se producirá una recuperación debido, en parte, a la mejora de las perspectivas económicas de los Estados Unidos, principal interlocutor comercial externo de la UE. Pero se prevé un primer semestre más débil que provocará el descenso de la tasa de crecimiento, para todo el año 2002, al 1,5 por ciento, a lo que seguirá un repunte en 2003, en que la tasa de crecimiento se situará en el 2,9 por ciento.

La inflación en la UE subió al 2,3 por ciento en 2001, cuando en 2000 había sido del 2,1 por ciento y en 1999 del 1,2 por ciento. A la inflación registrada en 2000 contribuyeron la elevación de los precios de la energía y el retroceso del euro y, a comienzos de 2001, el aumento de los precios de los productos alimenticios. La presión sobre los precios remitió a mediados de 2001, pero a principios de 2002 se registró un aumento de la inflación ocasionado por el de los precios de los alimentos y el de los impuestos indirectos. Aunque en 2001 la inflación en la zona euro fue superior al 2 por ciento — objetivo a medio plazo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) —, la Comisión espera que se cumpla el objetivo en el segundo trimestre de 2002.

La tasa de desempleo siguió disminuyendo en la mayor parte de los Estados miembros en 2001 a pesar de la desaceleración del crecimiento económico. La Comisión espera que se produzca un ligero aumento del desempleo en la UE en su conjunto en 2002, aun cuando prosiga la recuperación, debido al carácter retardatario de la readaptación del empleo a los repuntes cíclicos. Se prevé una reducción al 7,5 por ciento para 2003.

En 2001, la disminución del crecimiento económico tuvo un marcado efecto sobre la evolución del comercio exterior. Ese año, el valor de las exportaciones de mercancías aumentó un 4 por ciento, frente a un 23 por ciento en 2000, en tanto que las importaciones, en términos de valor, fueron un 1 por ciento inferiores. En 2001 las exportaciones de mercancías se estimaron en 1.051 millones de euros, y las importaciones en 1.020 millones de euros, con lo que el déficit del comercio de mercancías de la UE se redujo a 45.000 millones de euros con respecto a los 91.000 millones de euros registrados en 2000.

Evolución de la política comercial

El objetivo estratégico de la UE para 2010, establecido por el Consejo Europeo de Lisboa, es “convertirse en la economía basada en los conocimientos más competitiva y dinámica del mundo, capaz de lograr un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social”. Las Orientaciones Generales de Política Económica de 2002 para la UE y sus Estados miembros hacen hincapié en la estabilidad macroeconómica mediante el cumplimiento de los compromisos contraídos a favor del equilibrio presupuestario en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como en la moderación constante de las demandas salariales. Otros objetivos son el aumento de la productividad mediante la reforma del mercado de productos, el fomento de la actividad empresarial y de la economía basada en los conocimientos, y la integración del mercado financiero. Los Estados miembros habrán de reducir los costos laborales, reforzar los incentivos del trabajo que alienten a la población a tener una actividad profesional y participar en la mano de obra, y eliminar los obstáculos a la movilidad de esta última. Se promoverá el desarrollo sostenible.

A los 11 Estados miembros que crearon la zona euro el 1º de enero de 1999 se unió Grecia el 1º de enero de 2001. El 1º de enero de 2002 se pusieron en circulación billetes y monedas de euros, para su uso en todo tipo de transacciones. La moneda única facilita las comparaciones de precios entre unos y otros países, con el consiguiente reforzamiento del mercado interno. Los países no pertenecientes a la UE se benefician también del descenso de los costos de las transacciones comerciales internacionales. Pero el principal beneficio de la Unión Económica y Monetaria es la contribución duradera de la estabilidad de los precios a los fundamentos de una actividad económica sostenida.

El Banco Central Europeo dirige la política monetaria para la zona euro con el objetivo primordial de la estabilidad de los precios. Después del progresivo rigor aplicado en la política monetaria durante 2000 para afrontar las persistentes presiones inflacionarias, el Banco adoptó una actitud más conciliadora en mayo de 2001 al disminuir la presión de los precios. Tras la caída del euro por debajo de un nivel que, a su juicio, constituía un riesgo para la estabilidad de los precios, el Banco intervino para sostener el euro en septiembre de 2000 en una acción concertada del G-7, y por su propia cuenta en noviembre del mismo año. Desde entonces, el euro se ha recuperado hasta equivaler a unos 0,90 dólares EE.UU., un 25 por ciento menos que el 1º de enero de 1999.

Tras los progresos logrados en 2000 por todos los Estados miembros hacia el objetivo del equilibrio presupuestario o del superávit, en 2001 se produjo un retroceso a raíz de la desaceleración del crecimiento económico. La mayoría de los gobiernos que aún estaban en situación deficitaria preveían que incluso les sería más difícil cumplir su objetivo de colmar el déficit en 2002. Para mantener la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se consideró la posibilidad de activar el sistema de alerta rápida para algunos Estados miembros, cuyo déficit se preveía próximo al nivel “excesivo” del 3 por ciento, pero la activación fue descartada cuando se contrajeron compromisos de cumplir en 2004 los objetivos de equilibrio presupuestario acordados. Las presiones sobre el déficit deberían atenuarse en 2003 gracias a la recuperación prevista. Otros motivos de inquietud en cuanto a las finanzas públicas son los niveles relativamente elevados de la deuda en ciertos Estados miembros, así como la presión sustancial de las poblaciones de edad sobre los regímenes de atención social.

En el marco de la Unión Económica y Monetaria, las reformas estructurales han adquirido mayor importancia porque promueven las condiciones del crecimiento, debido a la combinación de una actitud rigurosa en la política monetaria antiinflacionista y a las limitaciones de la política fiscal inherentes al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Desde el último examen de la UE efectuado a mediados de 2000, se han realizado avances notables orientados hacia el objetivo de lograr mercados de valores plenamente integrados en 2003 y mercados financieros en 2005 con arreglo al Plan de Acción sobre Servicios Financieros, y hacia el fomento de la “sociedad de la información” a través de unos mercados de servicios de telecomunicaciones más competitivos y un nuevo marco para el comercio electrónico.

Ha sido más lento el progreso en otras esferas del mercado interno. En marzo de 2002 se alcanzó un acuerdo político en el Consejo Europeo de Barcelona de abrir a la competencia el uso no doméstico de la electricidad y el gas a partir de 2004 y ofrecer la posibilidad de interconexión eléctrica transfronteriza de al menos el 10 por ciento de la capacidad de producción en 2005. En los servicios postales, la proporción de los sectores comerciales reservada a la empresa de explotación titular se reducirá en 2003 y nuevamente en 2006, pudiéndose dar un paso decisivo para la plena liberalización en 2009.

Evolución institucional

En diciembre de 2000 se aprobó el Tratado de Niza con objeto de preparar a las instituciones de la UE para la ampliación a la luz del objetivo de la participación de los candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. Es de especial importancia para la OMC la competencia exclusiva de la Comunidad que será aplicable a las negociaciones de los acuerdos relativos a los servicios (con determinadas excepciones) y los aspectos comerciales de los derechos de propiedad intelectual cuando ratifiquen el Tratado de Niza todos los Estados miembros (10 de los cuales lo han hecho ya en mayo de 2002). En preparación de la siguiente fase de los trabajos sobre los tratados de la UE en 2004, la Convención sobre el futuro de Europa, iniciada en marzo de 2002, celebra un debate más amplio y profundo sobre el futuro de la Unión Europea.

La transparencia en el funcionamiento de la UE ha mejorado aún más durante el período objeto de examen mediante una nueva política adoptada en 2001 para dar a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, acceso a los documentos de las instituciones comunitarias, con sujeción a los límites que requiere la protección de los intereses públicos y privados. La Comisión ha recurrido de manera creciente a las consultas públicas para aportar elementos a las propuestas de acción formuladas a la Comunidad, conforme al Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea.

Relaciones comerciales exteriores

Los objetivos generales de la política comercial de la UE han sido en gran parte los mismos durante el período objeto de examen. La UE continúa propiciando la liberalización del comercio mediante iniciativas multilaterales, regionales y bilaterales. En el ámbito multilateral, la UE desempeñó un papel esencial en el apoyo al lanzamiento del Programa de Doha para el Desarrollo en noviembre de 2001. A nivel regional, concertó nuevos acuerdos comerciales e hizo avanzar los existentes con los países candidatos. Prosiguió asimismo las negociaciones bilaterales sobre acuerdos extrarregionales prospectivos. Además, adoptó un nuevo programa para la concesión de preferencias a los países en desarrollo, con inclusión de la mejora de las preferencias a los países menos adelantados.

Entre las medidas notables emprendidas por la UE para respaldar el inicio del Programa de Doha para el Desarrollo figuran la iniciativa “Todo menos armas”, adoptada en marzo de 2001, destinada a ampliar el acceso a los mercados para los países menos adelantados (PMA); el apoyo a la resolución de las preocupaciones relativas a la aplicación, y la provisión de recursos para aumentar el nivel de asistencia técnica relacionada con el comercio, de la que la UE y sus Estados miembros son donantes importantes.

Además, la UE sigue siendo un participante activo en todas las actividades corrientes de la OMC y le notifica periódicamente la evolución de su política comercial. La UE es uno de los principales utilizadores del procedimiento de solución de diferencias para la aplicación de las obligaciones comerciales multilaterales de sus interlocutores, y con frecuencia interviene como demandado. Las diferencias con los Estados Unidos siguen siendo las más frecuentes.

Acuerdos y convenios comerciales preferenciales

La UE otorga el acceso preferencial a la mayoría de sus interlocutores comerciales para algunas o todas las importaciones: en 2002, nueve Miembros de la OMC están sujetos al trato NMF exclusivamente, en todas las categorías de productos: Australia; el Canadá; el Taipei Chino; Hong Kong, China; el Japón; la República de Corea; Nueva Zelandia; Singapur y los Estados Unidos. Estos países representaron el 45,2 por ciento de las importaciones totales de mercancías de la UE en 2001. En cuanto a los demás interlocutores comerciales, se concede el trato más beneficioso a los PMA y a los Países y Territorios de Ultramar, seguidos de los países ACP y de los que han concertado acuerdos de libre comercio con la UE, y de los países únicamente acogidos al SGP.

La UE amplió su acuerdo de libre comercio con Suiza suscribiendo siete acuerdos bilaterales sobre transporte terrestre, transporte aéreo, libre movimiento de personas, agricultura, investigación, contratación pública y obstáculos técnicos al comercio, que deberán entrar en vigor en 2002. Con los 10 países candidatos de Europa Central y Oriental, los protocolos sobre concesiones arancelarias recíprocas relativas a los productos agropecuarios elevaron al 75 por ciento la parte de las exportaciones agrícolas de dichos países a la UE exentas de derechos, y al 61 por ciento la parte de las exportaciones agrícolas de la UE a esos países exentas de derechos. Los acuerdos de libre comercio sirven también como instrumento para integrar a los Balcanes Occidentales. Se concertaron acuerdos de estabilización y asociación con la ex República Yugoslava de Macedonia y Croacia. Albania y algunos países y territorios de la antigua Yugoslavia -Bosnia y Herzegovina, la República Federativa de Yugoslavia, incluido Kosovo- siguen bajo el régimen de medidas comerciales autónomas, válido hasta finales de 2005. Se ha seguido avanzando también en los acuerdos “euromediterráneos” en sustitución de los acuerdos no recíprocos, así como hacia el objetivo de establecer una zona euromediterránea de libre comercio para 2010.

En noviembre de 2001, el Consejo adoptó una nueva decisión sobre los acuerdos de asociación con los países y territorios de ultramar para mantener el mismo régimen sin modificaciones importantes hasta finales de 2011. Para 2002-04 se aplica un SGP revisado con un trato SGP especialmente favorable para los PMA con arreglo a la iniciativa “Todo menos armas”, así como para los países que luchan contra la producción y tráfico de drogas, y para fomentar la adhesión a las normas fundamentales del trabajo o las normas sobre el medio ambiente.

Medidas de política comercial

El mercado de la UE para productos no agropecuarios (excepto los textiles y las prendas de vestir) continúa abierto en gran medida. Los productos importados están sujetos, además de a los aranceles, al impuesto sobre el valor añadido y a los impuestos indirectos en el Estado miembro de destino. La UE ha consolidado el 100 por ciento de sus líneas arancelarias en la OMC, y los aranceles aplicados a los productos se ajustan fielmente a los niveles consolidados.

El promedio aritmético global del arancel NMF se estima en el 6,4 por ciento en 2002. El promedio aritmético de los aranceles aplicados a los productos no agropecuarios es del 4,1 por ciento, ligeramente inferior al que se registraba al efectuarse el examen anterior, a mediados de 2000, debido a las reducciones arancelarias aplicadas a ciertos productos químicos, textiles, productos de hierro y acero y juguetes. El promedio aritmético de los aranceles aplicados a los productos agropecuarios, cifrado en un 16,1 por ciento, es unas cuatro veces superior al correspondiente a los productos no agropecuarios, aplicándose promedios arancelarios más altos a los productos sujetos a la Política Agrícola Común (PAC). Sigue habiendo progresividad arancelaria, en particular con respecto a los productos elaborados.

Se aplican también aranceles netamente superiores al promedio a los productos textiles y de vestido. La UE hace tiempo que mantiene restricciones sobre las importaciones de textiles y prendas de vestir procedentes de varios países en desarrollo y economías en transición. A raíz de sus compromisos en el marco de la OMC, integró un 18,08 por ciento suplementario de productos textiles y de vestido el 1º de enero de 2002, con lo que las importaciones integradas en el GATT de 1994 desde 1995 totalizan el 51,39 por ciento. Esto entrañó la eliminación de las restricciones aplicadas a 11 categorías de productos, lo equivalente al 15 por ciento de los productos sujetos a restricción en 1990. Hasta la fecha, la UE ha suprimido las restricciones sobre el 20 por ciento de los productos sujetos a restricción en 1990, con lo que la eliminación del 80 por ciento restante ha quedado para la etapa final, que ha de concluir a fines de 2004.

El 1º de enero de 2002, la UE aplicaba medidas antidumping definitivas (derechos y/o compromisos) a 175 categorías de productos, cuando en 1999 la cifra correspondiente era de 192. La UE ocupa el segundo lugar por la frecuencia de aplicación de estas medidas, después de los Estados Unidos, pero un 40 por ciento de las investigaciones antidumping iniciadas por la UE terminan sin que se tomen medidas. Los productos importados de China son los más frecuentemente afectados. La UE mantiene también 16 medidas compensatorias, en tanto que en 1999 aplicaba seis, siendo los productos procedentes de la India los afectados con mayor frecuencia.

En marzo de 2002 se adoptaron medidas de salvaguardia respecto de 15 productos de acero en respuesta a la medida de salvaguardia aplicada por los Estados Unidos a las importaciones de acero. Se procederá a la aplicación de derechos suplementarios cuando los volúmenes superen los niveles de 2001, a fin de impedir el desvío del comercio del mercado estadounidense al de la Unión Europea. La Comisión propuso también que el Consejo conviniera en aplicar derechos adicionales de entre el 8 y el 100 por ciento a los productos importados de los Estados Unidos como medida “reequilibradora”, ya que las partes no lograron acordar una compensación por la medida impuesta al acero por los Estados Unidos al amparo del artículo XIX. La UE continúa haciendo frecuente uso del mecanismo de salvaguardia especial de conformidad con el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC para imponer aranceles adicionales.

Durante el período transcurrido desde el último examen realizado a mediados de 2000, la UE y sus Estados miembros han adoptado nuevos reglamentos para ciertos productos -en especial con respecto a la inocuidad de los productos y la eliminación de desechos-, a los que se deben adaptar los agentes económicos, incluso los no pertenecientes a la UE. Si bien, para facilitar el comercio, se pueden tomar las normas internacionales como base para los reglamentos, la Comisión establece que “las normas no pueden sustituirse a la responsabilidad que incumbe a las autoridades públicas de velar por un elevado grado de protección en el terreno de la salud y la seguridad de las personas, y el medio ambiente”. Ciertos interlocutores comerciales de la UE ven considerables obstáculos al comercio en esa nueva reglamentación sobre los productos y su preocupación es preservar la viabilidad del proceso internacional de normalización. Otra inquietud es la motivada por el deseo de que se garantice la efectividad de los procesos multilaterales de consulta sobre los reglamentos propuestos. Aunque estos últimos están sujetos a los requisitos de notificación de la OMC para que los Miembros afectados tengan oportunidad de formular observaciones, también es conveniente que, si los recursos lo permiten, participen dichos Miembros en la fase de consultas, antes de que la Comisión publique los reglamentos en cuestión.

Para fomentar la confianza de los consumidores en la inocuidad de los alimentos tras varias situaciones de alarma registradas en el mercado comunitario, la UE adoptó un nuevo marco para la legislación y los procedimientos nacionales en materia de inocuidad de los alimentos. La política relativa a la inocuidad de los alimentos se basará en pruebas científicas y, en su caso, se aplicará el principio de cautela. Se estableció también una nueva Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encargada de prestar asesoramiento científico a la Comisión sobre asuntos de política alimentaria, así como a los Estados miembros que lo soliciten. Varios Estados miembros han establecido organismos con mandatos de ámbito nacional para prestar asesoramiento científico independiente. Asimismo, se han establecido nuevos requisitos reglamentarios con respecto al etiquetado de los productos alimenticios de todo origen para garantizar su trazabilidad. Según se informa, ha sido motivo de polémica la comercialización en el mercado de la UE de organismos modificados genéticamente (OMG) y de los productos que contienen esos organismos o sus derivados. Aunque el nuevo marco legislativo para las autorizaciones es más riguroso en varios aspectos, ciertos Estados miembros se siguen oponiendo a que se comercialicen sin sujeción a requisitos amplios de etiquetado y trazabilidad, actualmente en estudio. Otra cuestión polémica es la de la prohibición del empleo de hormonas estimuladoras del crecimiento, sobre el que la Comisión ha efectuado una evaluación de riesgos en los últimos años. Se están estudiando modificaciones de la legislación para cerciorarse de su conformidad con las resoluciones de la OMC.

Un objetivo clave de la UE es lograr una gestión más efectiva de los desechos, por lo que se han impuesto o están en estudio nuevos requisitos aplicables a los productores. La directiva de la UE relativa a los vehículos al final de su vida útil y la directiva propuesta sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se apartan de la práctica anterior de delegar la gestión de los desechos en las autoridades públicas al introducir la “responsabilidad del productor” en el tratamiento, recuperación, y eliminación de los productos. La intención es que esto sirva de incentivo financiero para los productores, de modo que conciban sus productos para facilitar la gestión de los desechos, y en particular el reciclado. Otras prescripciones podrían derivarse de la Política de Productos Integrada actualmente en elaboración.

La carga de los procedimientos de evaluación de la conformidad queda reducida para ciertos países terceros no pertenecientes a la UE mediante los acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM). Recientemente se concertaron nuevos ARM con el Japón y Suiza, y ya están en vigor con Australia, el Canadá, Israel, Nueva Zelandia y los Estados Unidos. De similar resultado gozan los países de Europa Central y Oriental en virtud de los protocolos suscritos de los Acuerdos Europeos sobre Evaluación de la Conformidad y Aceptación de los Productos Industriales. Aunque varios países en desarrollo también podrían beneficiarse de unos procedimientos menos gravosos de evaluación de la conformidad gracias a los ARM, la UE ha establecido sus propios criterios para la concertación de tales acuerdos.

Medidas que afectan a la producción y el comercio

La UE ha seguido esforzándose por alcanzar el objetivo de establecer un entorno más integrado para la actividad empresarial en su territorio, segmentado en la actualidad en 15 regímenes de Estados miembros, aunque estos regímenes están armonizados en varios aspectos en el marco del derecho comunitario. La persistente propuesta de una “empresa europea” fue adoptada en octubre de 2001, debe entrar en vigor en 2004 y simplificará los requisitos del derecho de sociedades para las empresas establecidas en al menos dos Estados miembros. Las empresas extranjeras también tendrán esa opción si cumplen ciertas condiciones. La Comisión piensa proponer la consolidación de la base impositiva para las empresas europeas con el fin de facilitar su funcionamiento. Otra notable propuesta es la relativa al uso de las normas internacionales de contabilidad para 2005, que acrecerá la transparencia y comparabilidad de los estados financieros, sujetos en la actualidad a las normas nacionales de presentación de informes.

Política de competencia

La Comisión ha seguido aplicando con resolución las normas relativas a las actividades antimonopolio y las fusiones de dimensión comunitaria como complemento de la observancia de las leyes nacionales sobre competencia. Para concentrar sus esfuerzos en la lucha contra los cárteles y otras infracciones graves de las normas antimonopolio, la Comisión ha propuesto una simplificación importante de los requisitos de notificación con respecto a acuerdos individualmente considerados. En 2001 se concluyó un número de asuntos sin precedentes y se impusieron multas que totalizaron 1.800 millones de euros.

Ha seguido habiendo una intensa actividad en el campo de las fusiones. Con relación a las de carácter transnacional, la Comisión ha cooperado de manera activa con las autoridades encargadas de la política de competencia de los miembros del Espacio Económico Europeo y, en el marco de acuerdos bilaterales, con las del Canadá, los Estados Unidos y los países de Europa Central y Oriental, a fin de promover la convergencia de decisiones y medidas correctivas. Se prevé asimismo un acuerdo con el Japón. Para fomentar la convergencia sobre una base más amplia, la Comisión desempeñó un papel de primer plano en el inicio de la Red Internacional de Competencia Económica (RICE) a finales de 2001. La UE ha venido propugnando desde hace largo tiempo un acuerdo multilateral sobre la competencia.

Una novedad de gran importancia para los consumidores de la UE, donde las diferencias en los precios de los automóviles siguen siendo elevadas, es el nuevo proyecto de reglamento propuesto por la Comisión, relativo a la exención por categorías aplicable a los acuerdos de distribución y servicio de vehículos de motor entre fabricantes y vendedores, que ha de entrar en vigor el 1º de octubre de 2002. Los fabricantes extranjeros que no tengan establecido un sistema de distribución en la UE también podrán acogerse al nuevo reglamento, ya que se eliminarán la mayor parte de las restricciones aplicables a las ventas de marcas múltiples.

Subvenciones

A nivel comunitario, la financiación de la PAC sigue representando el principal gasto, que en 2000 ascendió al 44 por ciento del presupuesto total de 93.000 millones de euros. Las operaciones estructurales totalizan el 35 por ciento del presupuesto, correspondiendo el tercer lugar, con notable diferencia, a la investigación y el desarrollo tecnológico.

A nivel de los Estados miembros, las últimas cifras disponibles indican que las ayudas estatales ascendieron a 80.000 millones de euros en 1999, lo que equivale al 1 por ciento del PNB de la UE. Los Estados miembros se han comprometido a reducir los niveles de la ayuda estatal en 2003 y a modificar la prioridad de las subvenciones, que se venía dando al apoyo a determinados sectores o empresas, para concentrarla en objetivos horizontales de interés comunitario tales como el empleo, el desarrollo regional, el medio ambiente y la formación o la investigación. De forma más general, se alienta a los Estados miembros a acrecentar las inversiones públicas y privadas en investigación y desarrollo para promover una economía europea basada en los conocimientos.

La Comisión ha desempeñado un papel de apoyo en los esfuerzos que se realizan para impulsar las reformas nacionales mediante una resuelta observancia de las normas sobre las ayudas estatales a las empresas, sobre todo en lo relativo a la ayuda no notificada. En julio de 2001 la Comisión inició una investigación a gran escala sobre las ayudas estatales en el marco de determinados regímenes fiscales aplicables a las empresas, que, según se dice, son menos transparentes que otras formas de asistencia y dan pie a una posible competencia fiscal perniciosa. Es también de destacar la decisión adoptada por la Comisión de atenerse con firmeza a las normas sobre ayudas estatales respecto de las compañías aéreas tras los acontecimientos del 11 de septiembre, con la excepción de la asistencia por seguro suplementario. Para garantizar una mayor igualdad de condiciones con respecto a las compañías no pertenecientes a la UE y colmar un vacío en el AGCS, la Comisión propuso un nuevo instrumento que permitiría reaccionar contra la competencia desleal de las líneas aéreas subvencionadas de terceros países.

En ciertos sectores, la Comisión se ha visto en mayor dificultad. La ayuda a la construcción naval se había de interrumpir, pero se ha propuesto prorrogarla sobre una base “defensiva” para seguir un procedimiento de solución de diferencias de la OMC. La ayuda a la industria extractiva del carbón se mantendrá hasta 2010. Aunque la mayoría de las minas comunitarias no pueden competir con el carbón importado, hace mucho que, por motivos sociales y regionales, se presta asistencia a la industria que subsiste en cuatro de los Estados miembros.

Derechos de propiedad intelectual

Para fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, la UE adoptó directivas de armonización de los derechos de reventa de los autores de obras de arte originales, así como del derecho de autor y derechos conexos del entorno digital. Se creó un nuevo derecho unitario sobre los dibujos y diseños comunitarios, además del de las marcas de fábrica o de comercio comunitarias y de las obtenciones vegetales comunitarias. No se ha llegado a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión de crear una patente comunitaria unitaria (que conllevaría la existencia de un tribunal centralizado para su observancia) debido a problemas de traducción y de jurisdicción. Ha quedado asimismo pendiente la propuesta de armonizar la legislación en materia de patentes de programas informáticos (invenciones implementadas en ordenador).

Con respecto a la observancia, informan las autoridades aduaneras de que han aumentado una tercera parte los decomisos entre 1999 y 2000 con arreglo a la legislación relativa a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en frontera. Continuó la tendencia en 2001, registrándose un aumento del 27 por ciento en el número de casos. La Comisión atribuye esa progresión a: a) una mayor atención de las autoridades aduaneras, una acción más centrada y el intercambio de información, y b) el aumento y la ampliación de la gama de mercancías falsificadas y pirateadas que son objeto de comercio. En 2002, la Comisión piensa proponer una directiva de armonización sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual que, según se afirma, será más rigurosa que las normas mínimas exigidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Evolución en determinados sectores

Sector agropecuario

Desde que se efectuó su último examen a mediados de 2000, la UE ha aplicado las reformas del Programa 2000 a la Política Agrícola Común (PAC) acordada en Berlín en marzo de 1999. No se aprovechó la oportunidad de reformar los regímenes de contingentes de los productos lácteos y el azúcar, adoptándose en vez de ello la prórroga de la situación existente. Las presiones observadas para adaptar la PAC a las nuevas necesidades se derivan de la ampliación, y en ese sentido la Comisión ha propuesto la introducción progresiva de pagos directos. Otras presiones para adaptar la PAC surgen en el contexto de las negociaciones que lleva a cabo la OMC sobre la agricultura, en las que la UE ha presentado una propuesta. También es de potencial importancia la pérdida de confianza del consumidor en la PAC, debida a las crisis registradas en relación con la inocuidad de los alimentos de las que la Comunidad se ocupa, particularmente mediante un nuevo marco legislativo en la materia, como ya se ha indicado. Según las últimas cifras públicas disponibles de la OCDE, la ayuda a los productores disminuyó, pasando de 107.600 millones de euros en 1999 a 97.900 millones de euros en 2000, debido principalmente, más que a modificaciones notables de la política aplicada, a que los precios de mercado mundiales subieron con más rapidez que los nacionales, así como a los movimientos de divisas.

Desde el último examen de mediados de 2000, la UE ha venido estudiando las posibles revisiones de la Política Pesquera Común (PPC) para aplicarlas a partir de 2003, aunque hasta el 1º de mayo de 2002 no se han hecho propuestas concretas. Se llevan a cabo negociaciones sobre la pesca en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.

En el Libro Verde de la Comisión publicado en 2001, relativo al funcionamiento de la PPC hasta la fecha, se indica la dificultad de conciliar los objetivos en el sector: apoyar la actividad pesquera en las regiones y zonas de la Comunidad donde es de importancia social y económica, y tratar al mismo tiempo de proteger los cada vez más frágiles recursos pesqueros. En 2000 y 2001, la Comunidad adoptó varias medidas para atender las preocupaciones sobre la conservación de los recursos pesqueros; entre ellas, la de reducir las capturas en 2002 para evitar que se sigan mermando ciertas poblaciones de peces. Más difícil ha sido alcanzar un acuerdo político sobre una nueva política de gestión de la flota, aunque las estimaciones de la Comisión apuntan que el considerable exceso de capacidad es una de las causas del agotamiento de los recursos.

La terminación del Plan de acción para los servicios financieros (PASF) es un elemento central de la estrategia de Lisboa para reducir los costos de capital y fomentar una cultura más empresarial. La integración de los mercados financieros figura entre los posibles beneficios principales del euro. Entre 2000 y marzo de 2002, la UE adoptó 15 medidas legislativas, entre ellas la destinada a ultimar los marcos normativos para los sectores bancario y de los seguros, mediante disposiciones sobre la reorganización y la bancarrota, el blanqueo de dinero y la reducción del costo de los pagos transfronterizos en euros. Se acordó un nuevo enfoque “Lamfalussy” de la legislación sobre el mercado de valores con el Consejo y el Parlamento Europeos para centrar la legislación en los principios fundamentales y delegar facultades de aplicación en el Comité Europeo de Valores, presidido por la Comisión y asesorado por un Comité de responsables europeos de reglamentación de valores. Está en estudio la posible adopción de numerosas propuestas legislativas. El Consejo Europeo de Barcelona, reunido en marzo de 2002, convino en que el Consejo y el Parlamento Europeos debían prestar atención prioritaria en 2002 a la adopción de las directivas propuestas sobre garantías, abuso del mercado, mediadores de seguros, comercialización a distancia de los servicios financieros, conglomerados financieros, prospectos, fondos de pensiones profesionales, y el reglamento relativo a las normas internacionales de contabilidad (NIC). Asimismo, la Comisión se propone emitir una propuesta revisada para una directiva sobre ofertas públicas de adquisición (rechazada por el Parlamento Europeo a mediados de 2001).

Un elemento primordial de la estrategia de Lisboa es el fomento de la “sociedad de la información”. Con arreglo al plan de acción de la “Europe”, en enero de 2001 entró en vigor el reglamento sobre el acceso desglosado al bucle local; en febrero de 2002 se adoptó un conjunto revisado de leyes sobre comunicaciones electrónicas, que se ha de incorporar en mayo de 2003, y se impulsó de manera sustancial el marco legislativo para el comercio electrónico para fomentar la confianza en Internet.

En cuanto al futuro, la Comisión estima que la economía europea obtendrá beneficios sustanciales a medida que los consumidores hagan amplio uso de las conexiones de alta velocidad de Internet y de la tecnología inalámbrica de tercera generación. Si bien la UE figura entre los principales usuarios de comunicaciones móviles del mundo, el uso doméstico de Internet va a la zaga del registrado en otros países de la OCDE, aunque el uso comercial es comparable. En el Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 se adoptará un nuevo plan de acción eEurope para 2005.

Desde enero de 2000, todos los Estados miembros debían haber iniciado el proceso de desglose del bucle local para fomentar la competencia basada en la infraestructura sobre la red de acceso local y, con ello, acelerar la oferta de conexiones de banda ancha. Los operadores tradicionales de telecomunicaciones habían de proporcionar a los competidores el acceso físico a los bucles locales, pero se admite que los avances en este sentido han sido lentos. El nuevo conjunto de medidas de comunicaciones electrónicas se ha modificado con objeto de obtener unas condiciones de licencia más competitivas y unas estructuras de tarificación orientadas a cubrir los costos administrativos. Además, se habrá de lograr una armonización progresiva con la política de competencia en los sectores del mercado donde se ha conseguido la competencia efectiva.

Se halla en estudio una propuesta de directiva sobre la protección de la intimidad, según la cual los proveedores de servicios de telecomunicaciones públicas tendrán que garantizar la seguridad de sus redes, velar por la confidencialidad de las comunicaciones y suprimir los datos de tráfico. Con arreglo a la legislación vigente, las transferencias de datos personales a un país tercero no perteneciente a la UE únicamente se permiten cuando se determina que éste ofrece una protección “adecuada”, o en condiciones limitadas. La Comisión ha ampliado progresivamente el ámbito de aplicación para esas transferencias reconociendo la idoneidad de los regímenes de protección de datos de las compañías húngaras, suizas y estadounidenses participantes en el convenio sobre el “puerto seguro”, así como en el caso de ciertas transferencias de datos al Canadá.

La directiva sobre comercio electrónico, que entró en vigor el 17 de enero de 2002, establece que los contratos concertados por medios electrónicos se reconocen como tales y que quedan suprimidos los obstáculos jurídicos a su concertación, con lo que se complementa la directiva relativa a la firma electrónica. Además, un nuevo reglamento sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil confiere a los consumidores de la UE el derecho a demandar a los proveedores extranjeros de bienes y servicios a través de Internet ante el tribunal local del consumidor en vez de hacerlo en una jurisdicción extranjera.

En febrero de 2002, la UE adoptó una nueva política por la que se gravan con impuestos sobre el valor añadido los suministros electrónicos de servicios de la sociedad de la información (tales como los de programación informática, música o vídeo) a los consumidores de la UE prestados por proveedores de servicios establecidos fuera de la Unión, a los que en la actualidad no se grava con el IVA.

  
  
Informe del Gobierno volver al principio

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
UNIÓN EUROPEA
Informe del Gobierno — Parte IV

Fortalecimiento y fomento del sistema multilateral

En cuanto parte reclamante, y también en calidad de tercero, la UE ha sido especialmente activa en la esfera de la defensa del comercio (medidas antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias). La actividad de solución de diferencias en este ámbito ha contribuido de manera notable al esclarecimiento de las disposiciones principales de los acuerdos pertinentes. A este respecto, la UE desea destacar la importancia sistémica del caso contra la Ley Antidumping de 1916 de los Estados Unidos (DS136), relativo al uso de instrumentos distintos de los derechos contra el dumping de las exportaciones, y los casos sobre medidas de salvaguardia, como por ejemplo el de los “Estados Unidos — Gluten de trigo” (DS166). El interés de la UE por evitar el abuso de los instrumentos de defensa comercial lo comparten ampliamente los Miembros de la OMC. Donde mejor queda ilustrado ese interés general que existe entre ellos es en la reclamación, presentada por 11 codemandantes, contra la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones (DS217). Otras importantes esferas en las que la UE ha intervenido en casos de solución de diferencias son la propiedad intelectual y las subvenciones. En esta última esfera, el caso de las empresas de ventas en el extranjero (DS108) sobre la aplicación de ventajas fiscales como subvenciones a la exportación aportó nuevas pruebas de la necesidad de abordar el orden de sucesión de los artículos 21.5 y 22.6 del ESD.

Con respecto a los casos en los que la UE era la parte demandada, la UE desea subrayar los resultados del caso del “amianto” (DS135), que corroboraron que la protección de la salud puede establecerse como objetivo primordial de la política pública. La UE desea destacar también sus esfuerzos por alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en las diferencias comerciales, que han conducido, entre otras cosas, a una solución que pone término a la antigua diferencia del “banano” (DS27). La UE sigue plenamente comprometida con la resolución satisfactoria de los demás casos en que es parte demandada.

Una prioridad esencial de la UE sigue siendo la plena integración de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados (PMA), en el sistema multilateral de comercio y la economía global, para ayudarles a aprovechar las oportunidades del crecimiento y el desarrollo. La UE fue por eso uno de los principales proponentes de la ronda de nuevas negociaciones centradas en el desarrollo que se emprendió en Doha, y además ha adoptado medidas de manera autónoma para ayudarles en sus esfuerzos de integración. En particular, adoptó en febrero de 2001 la iniciativa “Todo menos armas”, que concede el acceso libre de derechos y de contingentes para todas las exportaciones de los PMA a la UE. La iniciativa “Todo menos armas” ha tenido ya efecto, siendo solamente tres los productos — arroz, azúcar y banano — sujetos a una transición para el acceso libre de derechos y de contingentes. La UE se congratula del compromiso subsiguiente de otros países desarrollados de poner en práctica iniciativas similares a favor de los PMA.

Preparación e iniciación de una ronda amplia y equilibrada

Aprovechando las enseñanzas de la Conferencia de Seattle, que no acertó a iniciar una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, la UE, al igual que otros países, adaptó su enfoque de la nueva ronda; en particular, reconociendo que la OMC necesitaba actuar de una manera más incluyente y transparente con todos los Miembros y mejorar la comunicación con el mundo exterior. En cuanto a lo sustancial de las enseñanzas extraídas de Seattle, la UE tomó en cuenta las opiniones de los demás Miembros — y en especial las de los países en desarrollo — y siguió desplegando sus esfuerzos con los interlocutores comerciales a fin de superar las diferencias. Este enfoque unificado se expuso en el libro de estrategia de la CE de diciembre de 2000, que, en general, se acogió como un signo de flexibilidad y de creatividad. En adelante, la UE prosiguió sus esfuerzos para emprender una ronda ambiciosa, reconociendo que sólo un programa amplio podría conciliar las opiniones de los diferentes Miembros y, a la vez, tomar en cuenta los intereses esenciales de todos ellos. Respaldada por los esfuerzos generalizados que se realizaron para crear un consenso con otros Miembros de la OMC, y particularmente con los países en desarrollo y los PMA, la estrategia modificada fue sin duda un elemento que obtuvo el apoyo a la acertada iniciación de una nueva ronda de negociaciones comerciales en el cuarto período de sesiones de la Conferencia Ministerial de Doha, celebrada en noviembre de 2001.

La UE ha seguido estando también comprometida en los dos últimos años con el desarrollo de un diálogo significativo, en el que participen, en particular, la OIT y la OMC, acerca de cuestiones relativas al comercio, el trabajo y el desarrollo social. La comunicación de la Comisión de 18 de julio de 2001 titulada “Promover las normas fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el contexto de la mundialización abordó la cuestión de una manera general proponiendo un programa de trabajo multidisciplinar. La UE está comprometida a contribuir a promover la aplicación efectiva de unas normas fundamentales del trabajo de ámbito global y rechazar al mismo tiempo la aplicación de sanciones comerciales para hacerlas aplicar. En el plano internacional, reconoce el papel esencial de la OIT y la necesidad de fortalecer los instrumentos de la OMC para la aplicación efectiva de las normas fundamentales del trabajo. Todos los Estados miembros excepto dos han ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT. Además, el foro conjunto de la OIT y la OMC -que desde Seattle se ha revelado como el medio preferido para avanzar- sigue siendo un elemento clave de la estrategia. En ese contexto, los acontecimientos recientes en la OIT -sobre todo la creación de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización- son muy positivos. La UE propugnó en Doha una Declaración que reflejara la adhesión de los Miembros al mejoramiento del diálogo OMC/OIT acerca de las cuestiones del desarrollo social. Aunque el resultado de Doha sobre el comercio y el desarrollo social es, a juicio de la UE, demasiado exiguo, proporciona una base para avanzar sobre esa cuestión, y la UE se esforzará por que la OMC contribuya de manera constructiva al proceso de la OIT.

Relaciones comerciales bilaterales y regionales

Además de apoyar el sistema multilateral de comercio, la UE está comprometida en establecer relaciones comerciales con otros interlocutores del mundo mediante varios regímenes comerciales preferenciales, zonas de libre comercio e iniciativas regionales, así como otras relaciones bilaterales. Muchas de esas relaciones reflejan el alcance económico y comercial mundial de la UE — que sigue siendo el principal interlocutor comercial para numerosos países — o son la expresión de objetivos geopolíticos más vastos. No obstante, en lo que a la política comercial atañe, el compromiso activo de la UE en una serie de iniciativas comerciales regionales revela sobre todo el criterio de que en las circunstancias apropiadas esas relaciones pueden — y, por supuesto, deben — contribuir a fortalecer el sistema multilateral.

La actual reglamentación que rige el esquema de la UE para el sistema generalizado de preferencias, SGP, entró en vigor el 1º de enero de 2002 y abarcará hasta finales de 2004. Se basa en las directrices que la UE adoptó para el período comprendido entre 1995 y 2004. Actualmente, el SGP de la UE comprende prácticamente todos los sectores e incorpora plenamente la nueva iniciativa “Todo menos armas”, que fue adoptada en febrero de 2001 y que concede el acceso libre de derechos para todos los productos procedentes de los PMA. La modulación arancelaria se ha simplificado con el establecimiento de dos categorías de productos/sensibilidad. Se han armonizado y aclarado los procedimientos relativos a la graduación, retirada, salvaguardia y acuerdos de incentivos especiales. Los márgenes preferenciales que resultaron menoscabados por la liberalización progresiva del comercio se han establecido reduciendo los derechos ad valorem aplicados a los productos sensibles en un tipo uniforme de 3,5 puntos porcentuales, y los derechos específicos en un 30 por ciento. Se han hecho más atrayentes los acuerdos sobre incentivos especiales reduciendo aún más los derechos ad valorem y los específicos en 5 puntos porcentuales adicionales y un 30 por ciento respectivamente. Por último, se ha reforzado el papel del SGP como instrumento de fomento del desarrollo sostenible, se ha mejorado la previsibilidad estipulando que la graduación y la exclusión sólo se efectúen cuando se cumplan las condiciones durante tres años consecutivos.

Con el fin de fortalecer la estabilización política y el desarrollo económico de la región, la UE introdujo el 18 de septiembre de 2000 (con modificación el 20 de noviembre de 2000 y el 18 de diciembre de 2001) medidas comerciales autónomas (MCA) a favor de los países de los Balcanes Occidentales, que se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2005. Basándose en un antiguo régimen comercial bastante liberal con los Balcanes Occidentales, las MCA eliminan las crestas arancelarias restantes para casi todos los productos industriales, con la excepción de ciertos productos textiles, y mejoran el acceso a los mercados para los productos agropecuarios y pesqueros. Las MCA son un anticipo de la concertación de Acuerdos de Estabilización y Asociación (AEA), ya suscritos con la ex República Yugoslava de Macedonia (ARYM) y Croacia. Las disposiciones comerciales del AEA entre la UE y la ARYM entraron en vigor el 1º de junio de 2001, y las del UE-Croacia el 1º de enero de 2002 mediante un acuerdo provisional. Su objetivo es crear una zona de libre comercio para mercancías en un período de transición de diez años en el caso de la ARYM, y de seis años en el de Croacia, previéndose una liberalización progresiva recíproca del comercio de servicios. Asimismo, estas disposiciones establecen obligaciones en esferas tales como la competencia y las normas de ayuda pública y los derechos de propiedad intelectual e industrial. Los otros tres países de los Balcanes Occidentales (Bosnia-Herzegovina, Albania y la República Federativa de Yugoslavia) que son beneficiarios de las MCA podrán acceder a esos acuerdos tan pronto como cumplan los criterios políticos y económicos pertinentes.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y México entró en vigor el 1º de julio de 2000. Los resultados comerciales positivos obtenidos por ambas partes demostraron las posibilidades del Acuerdo. La UE ha invertido la tendencia a perder cuota de mercado después de la adhesión de México al TLCAN y los productos mexicanos han hallado nuevas y diversificadas oportunidades de mercado en la UE. Para propiciar un mejor aprovechamiento de las oportunidades de acceso a los mercados que ofrece la eliminación progresiva de los derechos de importación, las partes están mejorando ahora su cooperación habitual sobre los obstáculos no arancelarios. El acuerdo de libre comercio atañe al comercio de mercancías, que será completado en su mayor parte en 2003 con períodos de transición limitados más largos para los productos industriales mexicanos hasta 2007 y para los productos agropecuarios hasta 2010. El acuerdo abarca también los servicios, la contratación pública, la competencia y los derechos de propiedad intelectual.

Las buenas relaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos han constituido tradicionalmente un elemento importante en la gestión general del sistema de comercio. Durante el período objeto de examen, la estrecha cooperación UE-EE.UU. contribuyó sin duda al logro de un resultado satisfactorio en Doha. Las relaciones comerciales bilaterales entre las dos entidades comerciales más importantes del mundo han seguido siendo también sólidas, y han estado marcadas por el inicio en 1995 de la Nueva Agenda Transatlántica y un acuerdo en 1998 sobre la Asociación Económica Transatlántica. Mediante el establecimiento de ese marco, las partes reafirmaron su común compromiso de fortalecer el sistema multilateral de comercio y acordaron esforzarse por eliminar los obstáculos restantes al comercio — en su mayor parte de reglamentación — a través del Atlántico, preservando a la vez un alto nivel de protección de la salud, la seguridad, los consumidores y el medio ambiente. Esa asociación produjo resultados sustanciales, en particular acerca del reconocimiento mutuo de ciertos reglamentos técnicos en el ámbito de los productos, mientras que están en curso las negociaciones relativas a los servicios (arquitectos, ingenieros, seguros). Por otra parte, en 2002, la Comisión Europea y las autoridades federales de los Estados Unidos trazaron una serie de directrices para la cooperación y transparencia en materia de reglamentación y convinieron en emprender un programa económico positivo destinado a hacer extensivo ese esfuerzo de cooperación a otras esferas donde se pudieran alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. La UE y los Estados Unidos acordaron también en 1999 una serie de principios para crear un sistema de alerta temprana eficaz, encaminado a evitar que progresaran diversas diferencias, facilitando para ello su resolución en una fase temprana. No obstante, algunas de las diferencias persisten, y entre ellas, nuestras dos principales diferencias atañen a las medidas de salvaguardia aplicadas por los Estados Unidos al acero, y la falta de avances de los Estados Unidos en el cumplimiento de las disposiciones de la OMC sobre las empresas de ventas en el extranjero. Ambas partes siguen buscando la manera de concertar un acuerdo sobre el comercio de vinos. Se celebran también deliberaciones sobre un acuerdo que sustituya a la actual retirada de concesiones en el caso de las “hormonas”, por compensación.

Esto constituye un paso importante en la facilitación del acceso a los mercados. El 8 de diciembre de 2001, la Cumbre UE-Japón inició un decenio de cooperación adoptando el “Plan de Acción UE-Japón”, que incluye el objetivo de fortalecer la asociación económica y comercial entre ambos.

La relación actual entre Corea y la UE se basa en unos valores políticos crecientemente compartidos, unos firmes vínculos económicos y el apoyo a la política “de la sonrisa” de Corea del Sur en cuanto a su compromiso con el Norte. Un notable indicio del progreso de las relaciones de la UE con Corea fue la entrada en vigor, el 1º de abril de 2001, del Acuerdo Marco para la Cooperación y el Comercio, por el que ambas partes se comprometen a esforzarse por promover el crecimiento del comercio y las inversiones en ambos sentidos, al tiempo que proporcionan un mejor marco para la cooperación económica.

Las relaciones de la UE con Rusia y otros países de la CEI se basan en los acuerdos de asociación y cooperación concertados en el pasado decenio. Se han celebrado deliberaciones preliminares entre la UE y Rusia para estudiar el concepto de un “Espacio Económico Europeo Común”, que ambas partes iniciaron en la Cumbre UE-Rusia en mayo de 2001. Esta iniciativa se centra en la esfera de la reglamentación. Las relaciones estables con Rusia y con los demás países de la CEI seguirán siendo esenciales para la UE, sobre todo porque la ampliación de la UE incorporará a la Unión a varios países de la Europa Oriental y Central. Las cuestiones comerciales y económicas continuarán siendo un elemento importante de la relación general de la UE con ellos. Además, la UE ha seguido y seguirá actuando en el futuro en pro de la pronta adhesión a la OMC — en las condiciones apropiadas — de Rusia y los demás países de la CEI que aún no son miembros, ya que eso promoverá una integración más estrecha de dichos países en la economía mundial.

La UE y la India continúan profundizando en su comercio bilateral, que refleja el potencial de ambas partes, para intensificar su cooperación económica y de desarrollo y mejorar la calidad de sus vínculos económicos y comerciales. Las dos partes continúan participando en un estrecho “diálogo económico de alto nivel” y en sus subcomisiones, que celebran consultas periódicas sobre el comercio y otros asuntos. En la Cumbre de 28 de junio de 2000, ambas partes acordaron mantener un diálogo periódico de alto nivel sobre las cuestiones relativas a la OMC. La Cumbre UE-India de otoño de 2001 adoptó la “Iniciativa conjunta sobre el fortalecimiento del comercio y las inversiones”, con recomendaciones comunes esenciales.

Con respecto a las relaciones de la UE con el Pakistán, se han elaborado varias medidas que incluyen la firma de un Acuerdo de Cooperación de Tercera Generación en noviembre de 2001. El Consejo acordó un conjunto general de medidas sobre preferencias comerciales. Estas medidas comprenden un aumento del contingente de un 15 por ciento para los textiles y productos del vestido y las importaciones libres de derechos de los productos del vestido con arreglo al régimen SGP para el período del 2002-2004. En mayo de 2002, la Comisión Europea adoptó una estrategia de cinco años (2002-2006) para su cooperación con el Pakistán. Las prioridades establecidas en ese Documento de estrategia por países incluyen el desarrollo del comercio.