Tras los debates que mantuvieron el 5 de mayo sobre la cuestión de la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos y equipo médico esenciales para la COVID-19, los Miembros de la OMC pasaron a considerar un proyecto de Declaración del Consejo General que lleva por título “Comercio y Salud: La COVID-19 y más allá”, y que contaba con el respaldo de 20 delegaciones. El texto insta a adoptar medidas concretas destinadas a facilitar el comercio de productos médicos esenciales y a mejorar la capacidad del sistema comercial para hacer frente a una emergencia de salud pública. Aunque los Miembros consideraron útil esa iniciativa, algunas delegaciones cuestionaron su alcance, dado que en ella se mencionaba el movimiento de mercancías, pero no el movimiento de profesionales de la salud.

Además, un grupo de Miembros de América Latina y el Caribe (Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Panamá, el Paraguay y la República Dominicana) formuló una declaración en la que pedía la eliminación inmediata de todos los obstáculos a las exportaciones y las restricciones que impedían el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19. También pidieron que se abriera un debate sobre las medidas de facilitación del comercio específicamente relacionadas con el acceso a las vacunas, como las relativas a las aduanas y la logística, la debida notificación, la uniformidad de las normas y la facilitación del movimiento de los profesionales de la salud.

Varios Miembros hicieron uso de la palabra para formular observaciones sobre la declaración, y muchos de ellos subrayaron la importancia de eliminar los obstáculos al suministro rápido de vacunas.

El Presidente del Consejo General, Embajador Dacio Castillo, de Honduras, señaló que las cuestiones relacionadas con la recuperación de la crisis sanitaria eran primordiales, especialmente de cara a la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12), prevista para los días 30 de noviembre a 3 de diciembre de 2021. “Varias delegaciones han subrayado que la CM12 debe dar una respuesta firme a la pandemia. Para que eso sea posible debemos estar dispuestos a debatir, escuchar y colaborar de manera constructiva con los demás”, declaró.

El Consejo General examinó también un proyecto de Decisión Ministerial presentado por el  Grupo de Países Menos Adelantados (PMA) de la OMC en diciembre de 2020, que prevé el establecimiento de un mecanismo de transición gradual para los países que dejen de tener la condición de PMA. En la propuesta se contempla que los PMA puedan beneficiarse de las medidas de apoyo a disposición de estos países durante 12 años desde el momento en que dejen de tener esa condición, incluida la continuación del acceso a las preferencias comerciales en favor de los PMA concedidas por los Miembros de la OMC otorgantes de preferencias. Los proponentes dijeron que el objetivo era mantener el progreso económico y comercial alcanzado por los PMA y aumentar su participación en el sistema multilateral de comercio.

El Embajador Castillo informó sobre las consultas que había mantenido recientemente con los Miembros sobre la propuesta, y explicó que se necesitaba más tiempo para examinarla, pero que los Miembros estaban dispuestos a colaborar, lo cual era positivo. Varios Miembros formularon sugerencias y solicitaron más aclaraciones.

Los Miembros prosiguieron los debates sobre la propuesta de Decisión Ministerial del Brasil, que lleva por título “Apoyo para la conclusión de las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca en aras de la sostenibilidad de los océanos y las comunidades pesqueras”. El Brasil distribuyó el proyecto de Decisión Ministerial después de la reunión del Consejo General celebrada el 22 de diciembre, en la que los Miembros señalaron que no se había cumplido el objetivo de concluir las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca a finales de 2020. En el proyecto se propone que los Miembros se comprometan a lograr “los niveles más altos de sostenibilidad ambiental” en un acuerdo multilateral sobre las subvenciones a la pesca.

El Brasil dijo que, a medida que las negociaciones entraban en la fase final y que los Miembros se preparaban para la celebración de una reunión ministerial sobre las subvenciones a la pesca en julio, era importante que los Miembros renovaran su compromiso de alcanzar un acuerdo. Los Miembros siguieron expresando opiniones divergentes en relación con la propuesta del Brasil; algunos señalaron que el mandato existente ya era suficiente, mientras que otros dijeron que el proyecto sería útil para garantizar que la labor estuviese encaminada a lograr un acuerdo riguroso. Todos los Miembros que hicieron uso de la palabra se comprometieron a lograr un resultado positivo sobre las subvenciones a la pesca en la CM12 como muy tarde.

Los Miembros también prosiguieron los debates sobre el Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico en curso y la moratoria sobre la imposición de derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. El Presidente señaló que, a raíz del debate fructífero que los Miembros habían mantenido sobre ese tema, y en vista de su disposición para entablar un diálogo sobre esa cuestión, se pondría en contacto con las delegaciones en relación con la puesta en marcha de “debates estructurados” en el período previo a la CM12, a fin de que los Miembros pudieran entender mejor el alcance, la definición y las repercusiones de la moratoria.

Desde 1998, los Miembros de la OMC han prorrogado periódicamente la moratoria — la decisión de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas — en cada Conferencia Ministerial y han seguido abordando cuestiones relacionadas con el comercio electrónico en el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo de los ADPIC y el Comité de Comercio y Desarrollo, como parte del Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico. En diciembre de 2019, los Miembros prorrogaron la moratoria hasta la CM12, y decidieron dar un nuevo impulso al Programa de Trabajo y dedicar el primer semestre de 2020 a la celebración de debates estructurados sobre esa cuestión.

La India y Sudáfrica, a las que se había sumado Namibia como nueva copatrocinadora, presentaron de nuevo su comunicación relativa a la condición jurídica de las iniciativas conjuntas y los resultados negociados de estas.  Las iniciativas conjuntas hacen referencia a los debates sobre el comercio electrónico, la facilitación de las inversiones, la reglamentación nacional de los servicios, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a dos iniciativas sobre el medio ambiente en las que participan grandes grupos de Miembros. Los tres países dijeron que no cuestionaban el derecho de los Miembros a reunirse y examinar cualquier cuestión, pero que cuando esos debates se convertían en negociaciones y sus resultados debían incorporarse a la OMC, debían respetarse las normas fundamentales de la Organización. A su juicio, todo intento de introducir en la OMC nuevas normas resultantes de esas negociaciones sin cumplir las prescripciones de los artículos IX y X del Acuerdo de Marrakech permitiría a cualquier grupo de Miembros plantear cualquier cuestión en la OMC sin el consenso necesario y socavaría las negociaciones objeto de mandato existentes, como las relativas a la agricultura.

Alrededor de 30 Miembros hicieron uso de la palabra para formular observaciones. Muchos de los que participaban en las iniciativas conjuntas dijeron que no estaban de acuerdo con los argumentos de la India, Sudáfrica y Namibia o que sus preocupaciones eran prematuras, dado que las conversaciones seguían en curso. Señalaron asimismo que la gran mayoría de los Miembros de la OMC participaban en una o varias iniciativas. Otros Miembros dijeron que compartían la preocupación de que las iniciativas conjuntas tuvieran repercusiones en los derechos y obligaciones de todos los Miembros, incluidos los que no participaban en los debates.

El orden del día completo de la reunión del Consejo General se puede consultar aquí.