Señoras y señores:
Buenas tardes desde Ginebra.

Es un gran placer para mí reunirme con ustedes para presentar un estudio pionero, obra de la Dra. Bahri, sobre los beneficios que los acuerdos comerciales pueden reportar a las personas con discapacidad.

La Dra. Bahri ha sido la primera persona en investigar áreas novedosas relacionadas con el derecho económico internacional. Fue una de las primeras académicas en aventurarse en el ámbito del comercio y el género y ha realizado importantes contribuciones a la labor del Centro de Investigación sobre Cuestiones de Género de la OMC, la última de ellas con su participación en nuestro primer congreso sobre comercio y género, celebrado la semana pasada.

La cuestión del comercio y la discapacidad es otro tema emergente, y se pueden trazar paralelismos con el comercio y el género; le doy las gracias, Amrita, por el magnífico trabajo que ha llevado a cabo para estudiar esta cuestión.

También quiero dar las gracias a la Oficina de Asuntos Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, al Fondo de Promoción del Comercio y la Inversión y a Cowater International Inc. por patrocinar el estudio y ofrecer apoyo en materia de organización.

Este acto no podría ser más oportuno, ya que hace tan solo unos días, el 3 de diciembre, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ese día se celebra para poner de manifiesto los problemas que afectan a las personas con discapacidad, defender sus derechos y favorecer su mayor incorporación a los ámbitos sociopolítico, económico y cultural de la vida.

En todo el mundo, alrededor de 1.000 millones de personas, es decir, una de cada siete, tienen una discapacidad, y el 80% de ellas viven en países en desarrollo. La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las mujeres, los pobres y las personas mayores. Los números, pues, hablan por sí mismos: la discapacidad, aunque a veces sea invisible, es mucho más habitual de lo que pensamos.

Las múltiples crisis mundiales a las que hoy se enfrenta la humanidad, en especial las perturbaciones causadas por la pandemia de COVID-19, los efectos del cambio climático y la guerra en Ucrania y en otros países, representan una grave amenaza para la economía mundial y provocan problemas humanitarios a una escala sin precedentes. En los momentos de crisis, los más afectados y olvidados son los más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad.

Como se resume en el estudio de la Dra. Bahri, a menudo las personas con discapacidad no pueden acceder a empleos dignos, reciben salarios bajos y tienen malas condiciones de trabajo, y suelen carecer de infraestructuras, productos de asistencia y redes de formación. También es frecuente que sufran discriminación y que se vean afectados por prejuicios en el puesto de trabajo. Estas barreras reducen su capacidad de participar en diferentes aspectos de la sociedad, entre ellos el ámbito económico y, en particular, el empleo.

En consonancia con el principal compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de “no dejar a nadie atrás”, es nuestra responsabilidad hacer que el mundo sea un lugar más accesible y equitativo. Esa responsabilidad no es solamente de carácter legal. Como escribió Stephen Hawking en su famosa frase del prólogo al Informe Mundial sobre la Discapacidad, “Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad”. Para lograr este objetivo, es preciso que los Gobiernos, los científicos y los sectores público y privado trabajen juntos a fin de hallar soluciones innovadoras para los discapacitados e incorporarlos al tejido social.

Una de las mejores formas de hacerlo es creando mejores oportunidades económicas para las personas con discapacidad mediante su integración en el comercio mundial. Atrás han quedado los días en los que concebíamos el comercio internacional únicamente en términos de apertura de los mercados y reducciones arancelarias. Hoy también queremos que el comercio sea una fuente de virtudes, y queremos utilizar el poder del comercio para ayudar a quienes, hasta ahora, tal vez no se hayan podido beneficiar plenamente de la globalización económica: trabajadores, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Ello está en consonancia con los objetivos de elevar los niveles de vida y de lograr el pleno empleo y un desarrollo sostenible que están consagrados en el preámbulo del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC.

Tradicionalmente, los nuevos enfoques respecto del comercio se han probado primero en los acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, de los ALC notificados a la OMC, el 34% contiene disposiciones sobre cuestiones laborales, el 60% disposiciones sobre el medio ambiente y el 33% disposiciones sobre el comercio electrónico. Algunos de los enfoques ensayados y probados en los laboratorios que representan los ALC pasan después a formar parte del programa de negociación y los acuerdos de la OMC. Veamos el comercio y el género, por ejemplo. Las cuestiones de género que habitualmente se han abordado en los acuerdos de libre comercio se hicieron un hueco en la OMC hace unos seis años. La OMC ha pasado gradualmente de ser una organización insensible a las cuestiones de género a una organización con perspectiva de género.  Nuestros Miembros ocupan un lugar central en esta transformación — desde la presentación de la Declaración de Buenos Aires sobre el Comercio y el Empoderamiento Económico de las Mujeres en 2017, hasta la creación del Grupo de Trabajo Informal sobre Comercio y Cuestiones de Género en 2020 y el reconocimiento multilateral de la importancia del empoderamiento económico de las mujeres en la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC celebrada este año.

Me sorprendió la constatación de la Dra. Bahri de que el 27% (es decir, casi un tercio) de los ALC notificados a la OMC contienen disposiciones sobre comercio y discapacidad, mientras que tan solo un 20% de ellos contienen disposiciones sobre el género. Esas disposiciones prevén la no discriminación, el respeto de los derechos laborales y las normas del trabajo, y el desarrollo de aptitudes profesionales para las personas con discapacidad. Dado que cada vez hay más cláusulas de este tipo en los acuerdos de libre comercio, es posible que algún día también se puedan incluir las cuestiones relativas al comercio y la discapacidad en el programa de la OMC.

Los acuerdos de libre comercio son un instrumento útil que puede contribuir a integrar en la economía a las personas con discapacidad y lograr un mundo más inclusivo. Por ejemplo, podrían utilizarse para incentivar a las partes negociadoras a aplicar modificaciones a nivel nacional a cambio de acceso a los mercados. De ese modo, la liberalización del comercio podría favorecer la creación de oportunidades comerciales y de empleo para los discapacitados y ayudarlos a superar los obstáculos que les impiden participar en la vida económica.

El estudio de la Dra. Bahri es el primer estudio exhaustivo sobre comercio y discapacidad que describe los enfoques de los países respecto de la incorporación en los ALC de disposiciones en materia de discapacidad. Amrita ha llevado a cabo la ingente tarea de estudiar los 355 ALC notificados a la OMC que actualmente están en vigor e identificar los 98 que contienen disposiciones sobre discapacidad. Ha elaborado una tipología de dichas disposiciones y las ha agrupado en seis categorías. También ha formulado recomendaciones de política que serán de utilidad en futuras negociaciones. Estoy segura de que este estudio será enriquecedor y sumamente útil para los encargados de la formulación de políticas, los negociadores, la sociedad civil y las personas interesadas en la política comercial.

Por este motivo, me complace enormemente que la OMC pueda participar en este proceso. Así que, una vez más, enhorabuena, Amrita. Espero con impaciencia su introducción al documento y el debate al respecto.

Gracias.