Los jefes de los cinco organismos examinaron la forma en que las múltiples crisis que afronta el mundo están incidiendo en las perspectivas de comercio y desarrollo de las economías en desarrollo, mientras países de todo el mundo se enfrentan a presiones inflacionarias y a los elevados precios de los alimentos y la energía, lo que afecta más duramente a los pobres. Estas cuestiones convergen en un momento en que la necesidad de adoptar medidas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y de apoyar una transición justa a un modelo de crecimiento con poco carbono apremia más que nunca, dijeron.

En sus observaciones introductorias, la Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmó lo siguiente: “Estas instituciones, que desempeñan un papel cada vez más importante en el apoyo al desarrollo sostenible y el suministro de bienes públicos locales, también están en primera línea a la hora de abordar cuestiones relativas a la capacidad y la infraestructura relacionadas con el comercio que siguen retrasando la integración económica de muchos países en desarrollo y países menos adelantados (PMA).”

La DG Okonjo-Iweala observó que desde que se puso en marcha la iniciativa de Ayuda para el Comercio en 2006, los bancos de desarrollo y los países donantes a nivel bilateral han desembolsado alrededor de USD 566.000 millones. De esta cifra, más del 20%, es decir, USD 114.000 millones, han sido proporcionados por las instituciones financieras internacionales. Señaló que la Ayuda para el Comercio está teniendo un impacto real en la vida y los medios de subsistencia de la población, pero subrayó que, si bien los desembolsos han venido aumentando hasta alcanzar casi USD 49.000 millones en 2020, siguen pendientes algunas preguntas.

“Debemos preguntarnos si esto es suficiente. ¿Se está logrando una repercusión adecuada cuando los países en desarrollo se encuentran en situación de escasez financiera, con dificultades en relación con la deuda y sometidos a fuertes presiones inflacionarias?”

La DG Okonjo-Iweala se refirió a la reciente revisión a la baja de las previsiones del FMI, que refleja el estancamiento de las tres economías más grandes del mundo — los Estados Unidos, China y la zona del euro — , con importantes consecuencias para las perspectivas mundiales.

En ese contexto, la DG Okonjo-Iweala destacó que hay que hacer más para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la actual coyuntura económica. “Debemos tratar de garantizar una distribución más equitativa de los recursos de la Ayuda para el Comercio para asegurarnos de que lleguen a los que más los necesitan.”

Hizo hincapié en que los países en desarrollo y los donantes confían ahora más que nunca en que el sistema multilateral de comercio proporcione una solución. “La pandemia de COVID-19 no ha hecho que se reste prioridad al comercio en las estrategias de desarrollo de los países en desarrollo. De hecho, la pandemia ha puesto de relieve el papel fundamental que desempeña el comercio para obtener resultados en materia de desarrollo en esferas como la economía digital y para ayudar a los países a hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático”, señaló.

De cara al futuro, dijo que la desconcentración de la capacidad de fabricación y la diversificación de las cadenas de suministro serán esenciales. “El comercio no es una panacea y algunas personas se han quedado atrás, pero podemos utilizarlo como instrumento para volver a integrar a las personas en las cadenas de valor mundiales. Por lo tanto, volvamos a ubicar la producción y la fabricación en los países en desarrollo y que esto sirva para integrarlos. Yo lo llamo re-globalización. Optemos por la re-globalización y no por la desglobalización.”

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, indicó que todos los riesgos de empeoramiento previstos por los economistas en abril se han materializado. La guerra en Ucrania continúa, lo que está repercutiendo en los precios de los alimentos y otros productos básicos, y la COVID-19 ha llevado a China a proceder a cierres que han ralentizado su economía este año hasta niveles que no se habían visto en los últimos 40 años.

La Sra. Georgieva señaló que los Gobiernos están “en una posición muy difícil” porque tienen la obligación de bajar la inflación para detener el deterioro de los ingresos, pero tienen menos margen de actuación para hacerlo que en 2020. Dijo que la política fiscal tiene que estar al servicio de las empresas y las personas más vulnerables, pero de una manera muy específica para evitar que se acentúen las presiones inflacionarias.

“Mi mensaje aquí y ahora es que 2022 va a ser un año duro, y que posiblemente 2023 lo será aún más, especialmente para las economías emergentes y en desarrollo que se ven afectadas por las mismas presiones que las economías avanzadas”, dijo. “Además, las que tienen altos niveles de deuda, especialmente de deuda denominada en dólares, se enfrentarán a enormes dificultades para poder atenderla.”

“Estamos pasando por una estrecha senda para evitar la recesión. Es como cruzar una cumbre montañosa. Si caminamos en fila y bien coordinados, paso a paso, la podremos atravesar. Si no lo hacemos, está claro el resultado y los países sufrirán mucho más por ello”, añadió.

Mari Elka Pangestu, Directora Gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial, subrayó que las múltiples crisis están afectando en particular a los países en desarrollo y acentuando los problemas de desarrollo que ya tenían esos países antes de las crisis actuales. El Banco Mundial prevé que la pobreza extrema se incrementará en 75 millones de personas para finales de año, mientras que los precios de los alimentos han aumentado un 86% desde 2020, y el 60% de los países de bajos ingresos se encuentran en una situación de sobreendeudamiento o corren un riesgo elevado de sobreendeudamiento.

La Sra. Pangestu subrayó que las crisis influirán en la manera en que las economías pasen de un modelo basado en el carbón o en los combustibles fósiles a una energía más limpia. “Lo que prevemos es que habrá una desaceleración de esa transición, porque todos están más preocupados por la seguridad energética. Pero la aceleración en la adopción de energías renovables es parte de la respuesta a la cuestión de la seguridad energética porque se trata de la diversificación de las fuentes”, dijo.

Odile Renaud-Basso, Presidenta del BERD, que también se refirió a la transición energética, dijo que algunos países de Europa han vuelto a abrir plantas de carbón y han aumentado las importaciones de gas natural licuado procedentes de todo el mundo. Estaba de acuerdo con la Sra. Pangestu en que la presión a corto plazo sobre la seguridad energética estaba socavando la agenda climática, pero que también podía representar una oportunidad para centrarse en la eficiencia de las energías renovables.

La Sra. Renaud-Basso subrayó que, en sus esfuerzos por avanzar hacia un modelo más verde, el BERD ha decidido ajustarse a lo estipulado en el Acuerdo de París y solo invertirá en proyectos que sean plenamente compatibles con el objetivo de velar por que la temperatura media del planeta no aumente más de 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. El BERD tiene un programa de facilitación del comercio verde en vigor desde 2016, y hasta la fecha ha desembolsado USD 1.300 millones en financiación verde. “Tenemos que poner la transición verde en el centro de nuestra acción”, añadió.

Woochong Um, Director General Gerente del Banco Asiático de Desarrollo, se centró en el papel fundamental que desempeña la digitalización en la facilitación del acceso a los mercados. Dijo que la economía digital tiene la capacidad de reducir los costos del comercio para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), que predominan en muchas economías en términos de producción y creación de empleo.

El Sr. Um, aun reconociendo el gran potencial de desarrollo del comercio digital, advirtió sobre los obstáculos que están frenando su potencial, especialmente en el ámbito de los servicios. Pidió a los responsables de la formulación de políticas que trabajaran con miras a movilizar las inversiones en infraestructura digital, mejorar la alfabetización digital y colmar la brecha digital entre los países y entre las generaciones.

“Unas reformas apropiadas a nivel de las políticas, además de la cooperación regional e internacional en materia de reglamentación deberían contribuir también, en gran medida, a mejorar la transparencia y la normalización y a armonizar los sistemas de comercio digital a través de las fronteras, de manera que el comercio de servicios digitales pueda fluir de manera segura e inclusiva”, dijo.

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