En primer lugar, deseo agradecerles que me hayan invitado a participar en este debate sobre el comercio internacional. Antes de responder a sus preguntas y habida cuenta de las turbulencias que se han producido en estos últimos días, querría dedicar mi declaración introductoria a dos temas:

• el papel de la OMC en la reglamentación de la economía internacional;

• la situación de las negociaciones de la Ronda de Doha.

El papel de la OMC en la reglamentación de la economía internacional

Para situar en un contexto apropiado el papel que desempeña la OMC en la reglamentación de la economía internacional, comparemos brevemente esa reglamentación con la del sector financiero y con la relativa al medio ambiente.

En lo que respecta a las finanzas, es un eufemismo decir que los acontecimientos que se están produciendo desde hace más de un año han puesto de relieve la falta de una reglamentación internacional eficaz. Me refiero a un sistema de normas que obligue a los países que las han negociado y aceptado a respetar obligaciones internacionales que impondrían límites a su comportamiento en los planos nacional e internacional. La causa de la actual crisis financiera ha sido la falta de reglamentación del sistema financiero de los Estados Unidos, cuyas autoridades no han querido, o no han logrado, acotar la creatividad de los participantes en los mercados de instrumentos crediticios dentro de un marco cautelar eficaz. Hay sin duda foros para abordar estas cuestiones. No me refiero al FMI, cuya competencia operacional se limita actualmente a cuestiones relacionadas con la balanza de pagos o las divisas, sino más bien a los foros que gravitan en torno al Banco de Pagos Internacionales de Basilea, incluido el Foro sobre Estabilidad Financiera creado en 1998.

Pero las conversaciones que se celebran en estos diferentes foros no han conducido más que a la adopción de normas mínimas, pues no se ha llegado a un acuerdo de fondo entre quienes propugnaban normas realmente vinculantes y quienes han preferido confiar en la autorreglamentación de los agentes financieros. Y los mecanismos existentes sólo permiten que los Estados nacionales soberanos, que en la mayoría de los casos tienen la mira centrada en sus propios intereses, intervengan sólo de manera muy indirecta.

En resumen, no ha habido un consenso político sobre cuál debería ser el objetivo de la reglamentación, ni con mayor razón sobre el alcance o los instrumentos de esa reglamentación; tampoco lo ha habido acerca del foro en el que se negociarían los instrumentos de fuerza jurídica obligatoria, o acerca de quiénes serían los encargados de velar por su aplicación.

En otro ámbito igualmente esencial para la reglamentación mundial como el del medio ambiente, la situación es distinta. Al examinar la cuestión crucial de la emisión de gases de efecto invernadero, en particular el CO2, se advierte que las leyes físicas, más firmemente establecidas que las económicas, inspiraron una toma de conciencia colectiva que en 1992, en Río, dio comienzo a un proceso que culminó con la adopción del Protocolo de Kyoto, así como a las negociaciones posteriores a Kyoto que se celebran actualmente bajo los auspicios del Grupo de Expertos sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas. En este caso, el tema del debate no es la necesidad de una reglamentación internacional, que todos reconocen, ni el organismo competente, sino la cuestión de cómo han de repartirse las tareas entre los Estados nacionales y los instrumentos vinculantes que deben adoptarse para asegurar el logro de los objetivos convenidos. Si se llegara a un acuerdo al respecto, quedaría por armonizar esas obligaciones con otros regímenes de obligaciones internacionales, en particular el de la OMC. La experiencia de los acuerdos multilaterales actualmente en vigor sobre el medio ambiente, que pueden incluir medidas que afectan al comercio internacional, revela que esa coexistencia es posible, y quizá volvamos a tratar este tema durante el debate.

Por lo tanto, en relación con el medio ambiente, existen la voluntad y la determinación políticas necesarias (ausentes hasta hoy en el ámbito financiero) y foros de negociación y de supervisión (las secretarías de los diferentes acuerdos), y las negociaciones versan sobre los compromisos de todas las partes de alcanzar un objetivo común, en particular por los países desarrollados y los países en desarrollo, cuya capacidad de contribución obviamente es distinta.

En relación con estos dos ejemplos, la OMC representa un sistema de reglamentación de larga data, probado y sofisticado.

De larga data, porque hace más de 60 años sus Miembros, aleccionados por las desastrosas experiencias proteccionistas del decenio de 1930, acordaron establecer, en el marco de lo que entonces era el GATT, disciplinas en materia de comercio internacional que determinan los límites multilaterales de la soberanía nacional en esta esfera.

Probado, porque esas normas han sido actualizadas periódicamente durante las ocho rondas de negociaciones celebradas entre 1947 y 1994 y en una novena, la Ronda de Doha, que comenzó hace unos siete años, y porque la importancia del sistema ha sido confirmada por el número creciente de sus Miembros, que ha pasado de los 23 iniciales a los 153 actuales.

Sofisticado, por último, porque el sistema abarca a la vez:

• un acuerdo sobre el principio básico: la apertura negociada y gradual del comercio es mejor que el cierre improvisado o encubierto de los mercados;

• normas en forma de acuerdos relativas a múltiples aspectos del comercio internacional de bienes y servicio;

• mecanismos de supervisión en los órganos técnicos en los que participan los Miembro;

• un mecanismo de solución de diferencias vinculante que no tiene precedentes en el derecho internacional, y, por último;

• numerosas disposiciones específicas destinadas a compensar las desventajas de los países en desarrollo.

Por todas estas razones, tanto los defensores como los detractores de la OMC a menudo consideran a la Organización como ancla de la reglamentación de la economía internacional. Sus defensores destacan la importancia, como bien público mundial, de un sistema que obliga a quienes participan en él a acatar normas comunes, tanto más valiosas por cuanto la globalización crea una interdependencia comercial que contribuye al crecimiento, al desarrollo y a la reducción de la pobreza. Todo esto podría verse seriamente perjudicado por las tendencias proteccionistas. Frecuentemente citan como ejemplo la diferencia entre la crisis de 1929 y las de finales del decenio de 1990 en Asia, cuya solución consistió esencialmente en mantener abiertos los mercados internacionales, lo que permitió a los países afectados salir rápidamente de la recesión.

Sus detractores consideran, que por sus características, el sistema entraña la posibilidad de que el principio de la apertura del comercio prevalezca en otras esferas que, en su opinión, requieren vigorosas medidas de reglamentación a escala internacional, por ejemplo en la esfera social. Aunque el sistema de la OMC adolece de numerosas deficiencias —y enseguida pasaré a referirme a las negociaciones en curso— es preciso reconocer que para la economía real, la de todos los días, constituya una póliza de seguro colectivo contra el desorden causado por las medidas unilaterales, abiertas o encubiertas, y una garantía de seguridad de las transacciones en períodos de crisis, que será en adelante un factor de solidez esencial para la gestión de un mundo globalizado. Dicho en pocas palabras, es una póliza de seguro global para una economía real global. De ahí la gran importancia de seguir adelante con la Ronda de Doha en medio de las turbulencias que hoy convulsionan al mundo de las finanzas y, quizá mañana la economía mundial, de forma que la OMC siga desempeñando, como antes su función de “amortiguador de choques”.

La situación de las negociaciones de la Ronda de Doha

Imaginemos las rondas de negociaciones en la OMC como un largo camino sembrado de obstáculos y peligros, una empresa comparable a la vez a la Odisea y la búsqueda del Santo Grial, que no concluye hasta que todos los viajeros han recorrido todas sus etapas.

No voy a enumerar la lista de las 20 cuestiones que se están negociando y que he entregado a la secretaría de la Comisión de Finanzas. Sólo hay algo seguro: no habrá acuerdo final sobre ningún tema hasta tanto no haya consenso sobre todos los temas. Eso no impide que las negociaciones progresen de manera intermitente y acumulativa desde hace siete años. Un período de gestación interminable, me dirán ustedes. Como corresponde a la ingente tarea que tenemos ante nosotros, les contestaré yo.

El pasado mes de julio, en Ginebra, estuvimos a punto de superar una etapa decisiva, pero los ministros presentes se detuvieron antes de llegar al final, a pesar de que en pocos días se había sorteado gran número de graves obstáculos. Tropezaron con la definición precisa de los parámetros de una cláusula destinada a proteger a los países en desarrollo de las oleadas de importaciones que pueden constituir una amenaza para sus sistemas de producción agrícola: en torno a esa cláusula se enfrentaron dos bandos, uno representado por los Estados Unidos —en nombre de los exportadores de materias primas agrícolas— y el otro por la India —en nombre de quienes practican la agricultura de subsistencia—.

En julio los ministros decidieron que sus expertos reanudarían la labor con objeto de tratar de llegar, antes de fin de año, a un acuerdo sobre las cuestiones abarcadas por las negociaciones de julio que habían quedado pendientes: en la esfera de la agricultura, las célebres disposiciones de salvaguardia especial y otros asuntos, como las subvenciones estadounidenses y europeas al cultivo del algodón. En lo que respecta a los productos industriales, tampoco se han resuelto varios aspectos técnicos, en particular la lista de sectores en los cuales las reducciones de los derechos aduaneros irían más lejos que la fórmula general establecida para el conjunto de productos.

A pesar de este revés preocupante, los lineamientos del paquete final de la Ronda de Doha ya son suficientemente claros para evaluar las dimensiones económicas, políticas y sistémicas de ese conjunto de medidas.

En el plano económico, los resultados consistirían en la reducción a la mitad de los actuales derechos aduaneros sobre los productos industriales o agrícolas; dos tercios corresponderían a los países desarrollados y un tercio a los países emergentes, en tanto que se eximiría de la medida a los países más pobres. El período de aplicación sería de cinco años para los países desarrollados y de 10 años para los países en desarrollo. Cuanto más elevados fueran esos derechos, más intensa sería la repercusión de la medida. El efecto de las medidas suplementarias de apertura en el ámbito de los servicios es más difícil de evaluar.

En un plazo de cinco a diez años, esto representaría para la Unión Europea aproximadamente una reducción de unos 20.000 millones de dólares EE.UU. de los impuestos sobre sus exportaciones y una ganancia de 5.000 millones de dólares EE.UU. en los sectores agrícola y agroalimentario.

En cuanto a las subvenciones a la agricultura, se reforzarían sustancialmente las disciplinas relativas a la parte de la ayuda pública que, según la definición de la OMC, distorsiona el comercio internacional; en el caso de la Unión Europea se trataría de una cuarta parte de la ayuda total, como desean los países en desarrollo, dado que los límites actuales se reducirían entre un 70 y un 80 por ciento. Se prohibirían definitivamente las subvenciones a la exportación.

Quedan por ultimar otras cuestiones, aunque se han hecho progresos, desparejos según el tema— con respecto a la reglamentación de los derechos antidumping, las subvenciones a la pesca, los procedimientos aduaneros o determinados aspectos de la protección de la propiedad intelectual, por citar solamente algunos ejemplos.

En el plano político, los resultados de la negociación consisten fundamentalmente en el reajuste de las normas de la OMC que reclaman los países en desarrollo. Estos países consideran que el legado de las ocho rondas precedentes está marcado por las antiguas relaciones de poder y obstaculiza su inserción en el comercio internacional y, por ende, su crecimiento y la reducción de la pobreza en esferas en las que entretanto han logrado adquirir una ventaja comparativa en materia de bienes industriales, agricultura o servicios.

En opinión de esos países la OMC constituye el foro más apropiado debido a la influencia que han adquirido progresivamente en torno a la mesa de negociación— para negociar una redistribución de las cartas del juego geoeconómico y, por lo tanto, geopolítico, influencia que les cuesta obtener en otros organismos, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones de Bretton Woods. Por simplificar: ya ha pasado la época en que los Estados Unidos, la UE, el Canadá y el Japón imponían su voluntad en el GATT o en la OMC, y, desde ese punto de vista, la Ronda de Doha debe considerarse la precursora de un sistema de normas más equitativas, en el que los países emergentes (China, la India, el Brasil, Sudáfrica, Indonesia, etc.) deben estar dispuestos a asumir la responsabilidad que les corresponde.

El tercer y último aspecto de esta Ronda, el aspecto sistémico, me lleva de nuevo a mi punto de partida: la conclusión de la Ronda de Doha indudablemente permitirá cosechar los beneficios económicos de una nueva generación de medidas de apertura de los mercados, repartidas equitativamente en función de la capacidad de contribución de cada participante. Pero también, y sobre todo en las circunstancias actuales, se podrá consolidar uno de los pocos sistemas eficaces de reglamentación que existen a nivel internacional. En cambio, si no se concluyera la Ronda, se menoscabaría un bien público construido con tanto tesón durante más de medio siglo, que ha contribuido a aumentar la transparencia, la previsibilidad y la estabilidad. Estos son elementos imprescindibles para que en un mundo globalizado como el nuestro podamos reducir los riesgos en muchos otros ámbitos, incluido, como se aprecia claramente hoy, el ámbito financiero.