El derecho a reglamentar

En una columna del Canadian National Post bajo el título "Liquidando los intereses públicos" del 26 de junio de 2000, el Sr. Murray Dobbin pretendió que las negociaciones en el marco del AGCS "pueden abolir la reglamentación" destinada a proteger las normas de salud y otros intereses públicos. En sus comentarios sobre una tragedia reciente que entrañó el suministro de agua contaminada, alegó que, aun cuando cabía esperar que la investigación posterior conduciría al restablecimiento de normas elevadas de protección de la salud y de servicio público, la expansión del AGCS "podría determinar que la vuelta a épocas más sanas resultara cualquier cosa menos imposible". "Están en juego cuestiones tan diversas como el grado de rigidez de las normas que aplicamos a los hospitales ... y el tratamiento y puesta a prueba del agua potable."

Dejando de lado el hecho de que ni el Canadá ni ningún otro gobierno ha asumido compromisos con respecto a la distribución del agua, que los proveedores extranjeros en el Canadá tendrán que satisfacer las mismas normas que las empresas canadienses, que el derecho a regular y a introducir nuevas normas reglamentarias está explícitamente garantizado en el AGCS y que el AGCS no tiene facultades para abolir la reglamentación , no es cierto que cualquier disposición del AGCS dificultaría el "restablecimiento de normas elevadas de protección de la salud". La protección de la salud está explícitamente reconocida en el AGCS como una preocupación política de importancia destacada. El artículo XIV contiene una excepción general que dice que "ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que un Miembro adopte o aplique medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para preservar a los vegetales". Lo mismo se aplica a la seguridad. Esto significa que la necesidad de actuar para proteger la salud o la seguridad dará a un gobierno la facultad de violar cualquier otra disposición del AGCS, con inclusión de sus propios compromisos de acceso al mercado.

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