Cuestiones abarcadas por los Comités y Acuerdos de la OMC
EXÁMENES DE LA POLÍTICAS COMERCIALES: PRIMER COMUNICADO DE PRENSA, RESUMEN DEL INFORME DE LA SECRETARÍA Y DEL INFORME DEL GOBIERNO

Chile: septiembre de 1997

COMMUNICADO DE PRENSA
PRENSA/TPRB/60
10 de septiembre de 1997

EL RÉGIMEN COMERCIAL DE CHILE CONDUCE A UN PUJANTE CRECIMIENTO ECONÓMICO, PERO LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS ACUERDOS REGIONALES COMPLICA LA POLÍTICA COMERCIAL

El régimen comercial liberal y transparente aplicado por Chile desde hace casi 20 años y sus sucesivas reformas unilaterales han redundado en un pujante crecimiento económico y un reducido nivel de inflación. De conformidad con un nuevo informe de la Secretaría sobre las políticas y prácticas comerciales de Chile, el arancel bajo y uniforme de este país y sus compromisos contraídos en el marco de la OMC demuestran su determinación de seguir aplicando políticas comerciales liberales basadas en el principio NMF (nación más favorecida).

No obstante, en el actual interés de Chile por el regionalismo aparece reflejada su preocupación por su posible exclusión de un creciente número de acuerdos comerciales preferenciales a escala regional. En el informe de la OMC se observa que su participación en diversos acuerdos regionales parcialmente superpuestos y que prevén diferentes normas de origen, ha introducido en el régimen comercial de Chile un factor de complejidad.

    El informe de la OMC y la exposición de políticas preparada por el Gobierno de Chile servirán de base para el examen de las políticas y prácticas comerciales de Chile a que procederá el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC, el 23 y 24 de septiembre.

    Chile aplica, en régimen NMF un arancel uniforme del 11 por ciento y según parece prevé reducirlo aún más. Si bien los aranceles aplicados son muy inferiores al tipo consolidado al que se ha comprometido Chile en el marco de la OMC, que es el 25 por ciento (y el 31,5 por ciento para algunos productos agropecuarios) y se prevé la eliminación de las subvenciones a la exportación, en el informe se señala que se conservan algunas políticas no arancelarias sectoriales concretas.

    Chile ha celebrado acuerdos comerciales bilaterales con el Canadá, México, Colombia, El Ecuador y Venezuela y es también un miembro asociado del MERCOSUR.See footnote 1 Chile participa asimismo en el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) y negocia actualmente la conclusión de un acuerdo con la Unión Europea. Estos acuerdos regionales, según indica el informe, han redundado en la aplicación de un trato diferencial a los distintos interlocutores comerciales de Chile y en una mayor discriminación intersectorial al eliminarse gradualmente los aranceles según calendarios diferentes, con plazos que varían también de unos productos a otros.

    La balanza comercial de Chile depende sobremanera de las exportaciones de cobre. Los productos primarios, incluido el cobre, las frutas, los vinos, los productos forestales y de la pesca, representan aproximadamente el 85 por ciento de las exportaciones chilenas. El informe señala que se ha creado según parece una situación asimétrica entre los productos agropecuarios chilenos destinados a la exportación y los que compiten con las importaciones. Mientras que la producción de un eficaz sector frutícola y silvícola está destinada principalmente a la exportación, hay otros productos agropecuarios menos competitivos, algunos protegidos por un mecanismo de bandas de precios. Alrededor del 10 por ciento de las exportaciones de Chile son productos manufacturados, principalmente basados en recursos naturales.

    En el informe se observa que desde 1990 se han introducido importantes reformas en el sector de los servicios. Chile está abierto a la inversión extranjera directa en todos los sectores, incluidos los servicios, donde el acceso efectivo a los mercados es muy superior a los actuales compromisos de Chile en materia de acceso a los mercados contraídos en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. En 1992 se inició la privatización del sector de las telecomunicaciones, que ya se ha completado. Actualmente se procede a la modificación de las leyes bancarias a fin de aumentar el acceso extranjero al mercado financiero chileno, así como a la redacción de una nueva ley sobre la competencia y a la actualización de la legislación en materia de propiedad intelectual.

    El informe concluye con la afirmación de que lograr la irreversibilidad de las reformas introducidas por Chile mediante compromisos vinculantes adicionales a nivel multilateral dependerá fundamentalmente de la disposición de otros Miembros de la OMC de adoptar medidas similares, por ejemplo, a través de una nueva ronda de negociaciones para la liberalización del comercio.

Nota para las redacciones

    El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) de la OMC examinará el informe de la Secretaría de la OMC, junto con un informe elaborado por Chile, los días 23 y 24 de septiembre de 1997. El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC realiza una evaluación colectiva de la gama completa de las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC a intervalos regulares, y sigue de cerca las tendencias y acontecimientos importantes que puedan tener consecuencias para el sistema mundial de comercio. Los dos informes citados junto con un acta del debate del OEPC y el resumen del Presidente, se publicarán oportunamente como documentación completa del examen de las políticas comerciales de Chile. Podrán obtenerse en la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

    Los informes abarcan la evolución de todos los aspectos de las políticas comerciales de Chile, como las leyes y reglamentos nacionales, el marco institucional, las prácticas comerciales por clase de medidas y las políticas comerciales por sectores. Desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, los informes abarcan también las "nuevas esferas" del comercio de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Se adjuntan las observaciones recapitulativas del informe de la Secretaría y del Gobierno. Los periodistas que deseen disponer del texto íntegro de los informes pueden solicitarlo a la Secretaría de la OMC.

    Desde diciembre de 1989, se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989 y 1994), Austria (1992), Bangladesh (1992), Benin (1997), Bolivia (1993), Brasil (1992 y 1996), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992, 1994 y 1996), Colombia (1990 y 1996), las Comunidades Europeas (1991, 1993 y 1995), Costa Rica (1995), Côte d'Ivoire (1995), Chile (1991), Chipre (1997), Egipto (1992), El Salvador (1996), Estados Unidos (1989, 1992, 1994 y 1996), Fiji (1997), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991), India (1993), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), Israel (1994), Japón (1990, 1992 y 1995), Kenya (1993), Macao (1994), Malasia (1993), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993), Nigeria (1991), Noruega (1991 y 1996), Nueva Zelandia (1990 y 1996), Pakistán (1995), Paraguay (1997), Perú (1994), Polonia (1993), la República Dominicana (1996), la República Checa (1996), la República de Corea (1992 y 1996), la República Eslovaca (1995), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992 y 1996), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991 y 1996), Tailandia (1991 y 1995), Túnez (1994), Turquía (1994), Uganda (1995), Uruguay (1992), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

Informe de la Secretaría

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
CHILE
Informe de la Secretaría - Observaciones recapitulativas

INTRODUCCIÓN

    Chile aplica desde hace ya casi dos decenios un régimen comercial liberal y transparente, acompañado de políticas macroeconómicas adecuadas y reformas estructurales. El éxito de esa orientación es cada vez más patente en el pujante crecimiento económico y en los reducidos niveles de inflación. De ahí que, a pesar de la creciente importancia adquirida desde 1990 por los acuerdos regionales, las autoridades se propongan continuar el proceso de liberalización unilateral reduciendo ulteriormente el tipo arancelario NMF y eliminando determinados programas sectoriales. Sin embargo, la celebración de diversos acuerdos regionales que se superponen parcialmente y que prevén diferentes normas de origen ha introducido en el régimen comercial de Chile un factor de complejidad que no tenía antes.

ENTORNO ECONÓMICO

    La economía de Chile ha crecido ininterrumpidamente desde 1990, a una tasa media del 6 por ciento en términos reales, y esa tendencia continuará probablemente en el futuro inmediato. Esos excelentes resultados son el fruto de las políticas de ajuste estructural que empezaron a aplicarse a mediados del decenio de 1970, acompañadas de políticas macroeconómicas adecuadas tendientes a controlar la inflación y el saldo exterior. La reducción de la tasa de inflación del 27 por ciento en 1990 al 6,6 por ciento en 1996 constituye un logro importante. El objetivo es seguir reduciéndola hasta niveles comparables a los de los países industrializados, aunque puede resultar difícil por estar extendido en la economía chilena el uso de mecanismos de indización. Desde 1990, el ahorro y la inversión internos se han mantenido a niveles elevados, en torno al 25 por ciento del PIB, lo que ha influido positivamente en la productividad.

    Aunque Chile está abierto a la inversión extranjera directa, de la que viene recibiendo importantes corrientes desde 1990, se siguen aplicando algunas restricciones en la cuenta de capital con el fin de limitar los movimientos especulativos de capitales a corto plazo. Las entradas de capitales han supuesto presiones alcistas sobre el tipo de cambio, que desde 1990 ha registrado una apreciación del 24 por ciento en términos reales. Esa apreciación no ha impedido que las exportaciones chilenas, entre las que destacan las de fruta, vino y productos forestales y pesqueros, siguieran registrando un pujante crecimiento, que las autoridades atribuyen a la creciente productividad de la economía. Sin embargo, en el crecimiento de las exportaciones pueden haber influido también determinados elementos del sistema de desgravación fiscal a la exportación, que tiene un componente de subvención (que se ha notificado). A pesar de la diversificación de sus exportaciones, Chile depende todavía en medida considerable del cobre, por lo que su economía sigue siendo sensible a las fluctuaciones de los precios mundiales de ese producto. Con el fin de mitigar la consiguiente inestabilidad de los ingresos de exportación, el Estado gestiona un fondo de estabilización con cargo a sus ingresos por exportaciones de cobre.

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL

    El principal instrumento de la política comercial en régimen NMF de Chile es el arancel uniforme, que se introdujo a finales del decenio de 1970 y que es actualmente del 11 por ciento; se ha presentado al Congreso una propuesta de reducción del tipo arancelario, según parece al 7 u 8 por ciento, pero aun el nivel actual es muy inferior al tipo máximo consolidado al que se ha comprometido Chile en el marco de la OMC, que es del 31,5 por ciento para algunos productos agropecuarios y del 25 por ciento para todas las demás partidas. La neutralidad del arancel queda mermada en cierta medida por el trato arancelario diferenciado dimanante de los acuerdos regionales, como se explica más adelante, y por algunas políticas no arancelarias sectoriales que se aplican a unos cuantos productos agropecuarios (sistema de bandas de precios/gravámenes variables), al sector forestal (subvenciones a la producción), a la industria del automóvil (prescripciones en materia de contenido nacional y de exportación), a algunas exportaciones no tradicionales de menor cuantía (subvenciones a la exportación por medio de un sistema "simplificado" de desgravación fiscal) y a las importaciones de bienes de capital (sistema de pago diferido de los derechos de aduana).

    Chile ha notificado a la Secretaría las tres últimas medidas como subvenciones a la exportación y se ha comprometido a eliminarlas gradualmente en los plazos estipulados en los Acuerdos de la OMC. No se dispone de estimaciones cuantitativas de los componentes de subvención, por lo que es difícil determinar con exactitud en qué medida pueden atribuirse a esos programas los resultados de exportación y, en particular, la diversificación de las exportaciones.

    La liberalización general de la economía chilena ha agudizado la necesidad de reglamentar eficazmente la competencia interna, por lo que las autoridades están preparando una nueva ley sobre la competencia para actualizar la de 1974, que se considera inapropiada para la estructura actual del mercado. También se está actualizando la legislación sobre propiedad intelectual y sobre medidas antidumping y medidas compensatorias.

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES

Sector primario

    Chile sigue dependiendo en medida considerable de las exportaciones de productos primarios, en particular de cobre, fruta, pescado y productos de madera. Algunos productos agrícolas importables (trigo, harina de trigo, aceites comestibles y azúcar) están protegidos por un mecanismo de bandas de precios, mientras que los productos exportables se venden a los precios mundiales aun en el mercado interno. Se ha creado así en la agricultura chilena una situación asimétrica, en la que los productores de bienes exportables se están esforzando constantemente por aumentar la productividad y mejorar la calidad para mantener sus posiciones en el mercado internacional y conseguir el acceso a nuevos mercados, mientras que el sector de los productos importables, menos productivo, se rezaga. Es probable que la subvención a la producción para plantaciones forestales, que parecen recibir principalmente pequeños productores, haya tenido un efecto positivo en el medio ambiente, pues sólo se otorga para plantaciones en tierras deforestadas.

    El papel del Estado en el comercio de Chile se ha seguido reduciendo en los últimos años, con la excepción del sector minero, en el que la CODELCO, una empresa de propiedad estatal, es el principal productor y exportador de cobre. Sin embargo, a pesar del papel dominante del Estado en ese sector, la inversión privada es también considerable. El sector pesquero está estrictamente reglamentado mediante un sistema de licencias y contingentes que tiene por objeto impedir la explotación excesiva de los recursos disponibles.

Manufacturas

    Como es natural, la producción y las exportaciones chilenas de manufacturas se basan en gran medida en la elaboración de recursos naturales. Sin embargo, se ha introducido cierta diversificación gracias a las exportaciones a países de América Latina, en el marco de acuerdos preferenciales, de productos manufacturados no basados en recursos naturales.

    Sólo la industria del automóvil está sujeta a un régimen especial, con prescripciones en materia de contenido nacional y de exportación. Ese programa es un resto del antiguo régimen de sustitución de importaciones, y se prevé suprimirlo en 1998. Se trata de un sector reducido, que cuenta sólo con tres fábricas y cuya producción anual media de 1990 a 1996 fue de alrededor de 18.000 vehículos (principalmente camionetas).

Servicios

    Desde 1990 se han introducido en el sector de los servicios importantes reformas. Se está debatiendo actualmente en el Congreso un proyecto de ley por el que se modificaría la legislación bancaria para ampliar el alcance de las actividades de la banca en Chile brindando mayor acceso a los bancos extranjeros, autorizando a los bancos chilenos para ampliar su campo de operaciones en el extranjero y adoptando las normas internacionales establecidas por el Banco de Pagos Internacionales en materia de supervisión bancaria y de coeficientes de garantía.

    En 1992 se inició el proceso de privatización del sector de las telecomunicaciones, introduciendo en ese mercado condiciones de libre competencia; se han reducido considerablemente las tarifas, en particular las aplicadas a los servicios de larga distancia, y se han introducido nuevas tecnologías. En la actualidad, la intervención estatal en el sector se limita a la fijación de tarifas cuando resultan insuficientes los mecanismos de mercado, en particular en los servicios de interconexión.

    Más de la mitad del comercio de mercancías de Chile se realiza ya a través de instalaciones portuarias privadas. Se ha presentado un proyecto de ley por el que se privatizaría el resto de los puertos y se descentralizaría la administración portuaria, reservando para el Estado una mera función reguladora. Las autoridades se proponen también incrementar la participación privada en la administración de carreteras, aeropuertos y ferrocarriles.

    Chile alienta la inversión extranjera en su sector de servicios, en el que el trato otorgado a los nacionales extranjeros supera los compromisos dimanantes del AGCS. Además, el Acuerdo de Libre Comercio con el Canadá recientemente ratificado abarca el comercio de servicios, que también se incluirá en el acuerdo marco que se está negociando con la Unión Europea. Como se ha señalado, la presencia extranjera es particularmente importante en los sectores de los servicios financieros y de telecomunicaciones, en los que son ya especialmente patentes las ventajas aportadas por la transferencia de tecnología.

POLÍTICAS COMERCIALES E INTERLOCUTORES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

    En los últimos 20 años, la política comercial de Chile se ha basado en reformas bilaterales, suplementadas por compromisos multilaterales (aunque a un nivel inferior). Sin embargo, desde 1990 las relaciones comerciales del país se vienen centrando cada vez más en la negociación de acuerdos comerciales bilaterales, como los concertados con el Canadá y México (en espera de la integración plena en el TLC), así como con Colombia, el Ecuador, Venezuela y el MERCOSUR. Se está negociando un acuerdo marco con la UE. Al fijar sus objetivos regionales, Chile tiene una preferencia clara por la concertación de acuerdos de libre comercio que no limiten su propia libertad de acometer ulteriores reformas unilaterales. Chile participa también activamente en el APEC; entiende que el principio del "regionalismo abierto" no se limita a la mera aplicación en régimen NMF de las medidas acordadas dentro de la región, sino que deja abierta la posibilidad de profundizar en las reformas unilaterales.

    La negociación de los diversos acuerdos bilaterales ha conducido a crecientes diferencias en el trato otorgado a los distintos sectores, pues en cada acuerdo se prevén calendarios diferentes para la eliminación gradual de los aranceles, con plazos que varían también de unos productos a otros. La complejidad resultante de esa situación se agrava por el hecho de que también las normas de origen difieren de un acuerdo a otro y por sectores, lo que dificulta su aplicación coherente y podría dificultar asimismo la elección óptima de los proveedores.

    El actual interés de Chile por el regionalismo dimana de una clara determinación de no quedar excluido de los sistemas preferenciales que se están configurando, lo que le llevaría a perder mercados, pero su intención proclamada de proceder a nuevas reducciones arancelarias unilaterales es prueba de que mantiene al mismo tiempo su compromiso de aplicar políticas comerciales liberales basadas en el principio NMF. La posibilidad de fijar esas reformas por medio de compromisos vinculantes a nivel multilateral depende esencialmente de la disposición de otros Miembros de la OMC a adoptar medidas similares, mediante, por ejemplo, una nueva ronda de negociaciones para la liberalización del comercio.

Informe del Gobierno

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
CHILE
Informe del Gobierno

INTRODUCCIÓN

    La economía chilena ha sido objeto de profundas transformaciones en las últimas dos décadas. En efecto, Chile ha transitado de una economía orientada a la sustitución de importaciones y fuertemente regulada a principios de los años setenta, hacia la consolidación de una estrategia de desarrollo basada en la ampliación de nuestros mercados a través de las exportaciones, incentivos a la inversión privada y equilibrios en las principales variables macroeconómicas.

    Chile es una economía pequeña y abierta al comercio exterior, cuyo crecimiento económico se basa fundamentalmente en su alta tasa de inversión y el desempeño del sector exportador, lo cual ha sido reflejo de la solidez de la economía y la eficiente asignación de los recursos productivos.

    En este contexto, el sistema multilateral de comercio, basado en reglas claras y transparentes, es un sustento de la estrategia de desarrollo económico que ha adoptado Chile.

    En el diseño interno de la política económica, el Gobierno ha puesto énfasis en la estabilidad, tanto económica como institucional, estableciendo y perfeccionando un marco regulatorio apropiado para un desenvolvimiento que privilegia la iniciativa privada, resguardando a la vez los principios de igualdad y de desarrollo con equidad que lo guían.

    Con el propósito de superar los desafíos del desarrollo para las próximas décadas, la actual administración se ha propuesto impulsar reformas para incrementar la productividad y mejorar la competitividad de la economía chilena, mediante la profundización de la apertura comercial y el estímulo a la inversión en capital físico y humano. Con este propósito, el Gobierno, a través de diversas iniciativas legales, se ha planteado como metas primordiales aumentar la inversión en infraestructura y en educación.     

CARACTERÍSTICAS GENERALES

    Chile es una república unitaria, democrática, presidencial, con separación de los poderes del Estado, cuenta con un Congreso bicameral, un Poder Judicial autónomo y posee organismos independientes de control de los actos estatales, como son la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Defensa del Estado. Posee además una tradición democrática que, interrumpida en 1973, se recuperó en 1989.

    Chile se encuentra dividido administrativamente en 13 regiones, de tal forma que su capital, Santiago, pertenece a la denominada Región Metropolitana. Esta región es eminentemente urbana (97 por ciento) y concentra casi el 40 por ciento de la población total y más del 40 por ciento del PIB. Del total nacional, sólo un 16,5 por ciento corresponde a población rural.

    Según estimaciones basadas en el Censo de 1992, la población alcanzaría los 14.622.354 habitantes en 1997, en tanto que la densidad poblacional es de 19,1 habitantes/km2. La tasa media de crecimiento de la población promedia el 1,64 por ciento.

    En materia de desarrollo social, de acuerdo con los últimos estudios, en el período 1992-1996, la cifra de personas en situación de pobreza disminuyó desde 4.351.579 hasta 3.345.176, producto del crecimiento sostenido de la economía en conjunto con políticas sociales focalizadas. A pesar de ello, las cifras de distribución del ingreso indican que los beneficios del crecimiento no han sido recibidos de igual forma por los diferentes sectores de la población.

    Por otro lado, se ha observado un significativo mejoramiento de los indicadores sociales. El analfabetismo no supera el 4 por ciento, la esperanza de vida al nacer bordea los 78 años y la tasa de mortalidad infantil en 1994 fue de 11 por cada mil nacidos vivos. Se ha avanzado también en la disminución de los problemas de desnutrición infantil en tanto que la cobertura educacional asciende a 95,7 por ciento para la educación básica y a 79,2 por ciento para la educación secundaria.

ENTORNO MACROECONÓMICO

    La política fiscal es formulada por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. La responsabilidad de la administración de las políticas monetaria y cambiaria le corresponde al Banco Central de Chile, de acuerdo con las disposiciones de su ley Orgánica Constitucional. La plena autonomía del instituto emisor se consagra en la Constitución Política de la República.

    El objetivo primordial de las políticas macroeconómicas radica en la mantención de los equilibrios básicos, mediante el control de la liquidez del sistema financiero y la tasa de inflación en lo interno, y de la búsqueda de una posición sostenible en cuenta corriente, en lo externo. Para ello, el Banco Central de Chile realiza su política a través de la tasa de interés. La política cambiaria, a su vez, busca estabilizar el nivel del tipo de cambio en torno a su trayectoria de largo plazo.

    La política fiscal apunta a la mantención de un presupuesto equilibrado, con un crecimiento acorde con la evolución del producto interno bruto (PIB) y que resulte coherente con los objetivos macroeconómicos generales. El porcentaje del gasto fiscal destinado a las políticas sociales, es decir, a educación, salud, vivienda, previsión social y programas de superación de la pobreza, representa un 67 por ciento del presupuesto público.


Figure
Graphic file chl-gov1.wmf with height 332 p and width 470 p Center aligned


    Este esfuerzo de estabilización ha redundado en un crecimiento promedio del PIB en el período 1991-1996 en torno al 7 por ciento, explicado en parte por el aumento registrado en la tasa de inversión (formación bruta de capital fijo), la cual se situó en el mismo período en promedio en 25,6 por ciento del PIB. Ésta, a su vez, fue financiada en gran parte por el aumento del ahorro interno, el cual creció desde un 12 por ciento del PIB a mediados de los años ochenta, hasta un promedio de 25 por ciento en lo que va de esta década.

    En el gráfico 1 se puede observar la evolución del PIB en el período analizado. La tasa de crecimiento de éste ha sido permanentemente positiva, situándose entre el 3,3 por ciento y el 11 por ciento anual. Sin perjuicio de lo anterior, el ritmo de crecimiento del producto presenta un descenso entre 1992 y 1994, retomando a partir de este último año la tendencia cercana al crecimiento potencial, estimado para Chile alrededor del 7 por ciento anual.

    La inflación ha registrado una efectiva disminución, desde 18,7 por ciento en 1991 a 6,6 por ciento en 1996, según se aprecia en el gráfico 2.See footnote 2 Para este año se proyecta una inflación de 5,5 por ciento. La caída de la inflación se explica en mayor medida por la baja registrada en el ritmo de crecimiento de los precios en el sector transable. Cabe destacar que el descenso experimentado por la inflación se ha producido en forma gradual, evitando así cambios bruscos en precios relativos.

    El déficit en cuenta corriente se ha estabilizado en un rango sostenible, menor o igual al 4 por ciento del PIB, estimado como aquel que la economía es capaz de absorber. En tanto, el tipo de cambio real se ha apreciado sistemáticamente desde 1991, a una tasa promedio del 4,4 por ciento anual, debido al aumento en productividad del sector transable y a la fuerte entrada de capitales al país. Finalmente, una adecuada política fiscal ha permitido que el ahorro fiscal promedio entre 1991 y 1996 ascienda a un 4,9 por ciento del PIB.

    Debido al ritmo de crecimiento del PIB y de la demanda interna, en los últimos años la autoridad monetaria ha implementado políticas de ajuste contractivo de la economía para evitar el sobrecalentamiento, mediante alzas en las tasas de interés de los bonos del Banco Central. Sin embargo, en el último tiempo la orientación de la política monetaria se ha basado en un relajamiento paulatino de las restricciones a la liquidez, iniciadas a fines de 1995, a través de rebajas graduales en la tasa de interés.

    Los objetivos macroeconómicos en el mediano plazo apuntan a la mantención de los equilibrios alcanzados, y a avanzar en lo logrado en el campo del crecimiento económico e inflación decreciente. Para ello, se seguirán concentrando los esfuerzos de la autoridad en la obtención de un nivel de actividad consistente con el crecimiento potencial de la economía, mediante la participación tanto del sector público como privado en los desafíos que plantea la estabilización de los precios y el crecimiento sostenido.

ENTORNO COMERCIAL

    Como se señalara al comienzo de este Informe, la economía chilena es pequeña y abierta y su política comercial está orientada a profundizar el actual nivel de apertura. Este objetivo se ha alcanzado gracias a la reducción o eliminación unilateral de medidas de protección, la implementación de mecanismos de facilitación de comercio, el mejoramiento del marco regulatorio, la activa participación en el sistema multilateral de comercio y la celebración de acuerdos comerciales a nivel subregional y bilateral.

Desempeño del sector externo en el período 1991-1996

    

    Producto de la inserción en los mercados internacionales, el comercio exterior ha experimentado un fuerte crecimiento en el período 1991-1996, tanto en volumen como en valor de exportaciones e importaciones, tal como se aprecia en el gráfico 3.See footnote 3 El año 1996 presenta una caída en el valor de las exportaciones de 4,9 por ciento, producto de la baja sufrida en el precio internacional de dos de los principales productos de exportación, el cobre y la celulosa. A pesar de esto, en el mismo año el volumen transado aumentó en 13,7 por ciento y el intercambio comercial creció en un 3,4 por ciento.

    La Balanza de Pagos en 1996 acusó un aumento en las reservas internacionales netas por un monto de 1.180,8 millones de dólares EE.UU., explicada por los flujos de capitales destinados a inversión extranjera directa y las inversiones de cartera, atraídas tanto por el diferencial de tasas de interés como por las bajas expectativas de devaluación del peso chileno.

    En el comercio de servicios se aprecia un creciente dinamismo, de tal forma que la exportación de servicios no financieros representó el 23,8 por ciento de las exportaciones de bienes en el período 1991-1996. Los rubros más importantes en este sector son los servicios de turismo, portuarios, fletes y seguros.

    Los principales productos exportados corresponden a cobre (39,3 por ciento), fruta fresca (7,8 por ciento), celulosa (4,4 por ciento) y harina de pescado (4,0 por ciento). No obstante, existe en el comercio una creciente presencia de exportaciones no tradicionales con mayor valor agregado, tales como alimentos, productos forestales y otros productos industriales. De esta forma, las exportaciones de recursos naturales han disminuido su participación en el total exportado desde un 62 por ciento en 1991 hasta un 57 por ciento en 1996. En cambio, aumentaron las exportaciones de recursos naturales procesados (de 28,5 por ciento a 32,2 por ciento) y de productos industriales (9,6 por ciento a 10,8 por ciento).

    Según las últimas estadísticas, son cuatro los principales macromercados de destino de nuestras exportaciones. En primer lugar se encuentra Asia, que absorbe alrededor de un tercio de las exportaciones totales, región en la cual el principal socio comercial es Japón, sin perjuicio de importantes aumentos en el intercambio con la República Popular China, Filipinas y Hong Kong, China. El comercio con la Unión Europea representa un cuarto del total, destacando la participación del Reino Unido (5,8 por ciento) y Alemania (4,8 por ciento). En América Latina, destaca el aumento de las exportaciones hacia Brasil y Argentina, cuya participación en el total exportado es de 6,1 por ciento y 4,6 por ciento, respectivamente. En el mercado compuesto por los países del NAFTA, el mayor dinamismo se presenta en el intercambio con Canadá, que aún es pequeño comparado con los demás países del NAFTA, pero que en 1996 aumentó en un 45,4 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, el socio mayoritario sigue siendo Estados Unidos, con una participación del 16,7 por ciento del total exportado al mundo.

    En relación a las importaciones, los principales mercados de origen de éstas son: NAFTA (30,5 por ciento), América Latina (26,5 por ciento), Unión Europea (19,8 por ciento) y Asia (15,5 por ciento). Al interior de estos macromercados, destacan los montos importados desde Estados Unidos (23,1 por ciento), Argentina (9,2 por ciento) y Brasil (6,0 por ciento).

    Como resultado de lo anterior, en 1996 el saldo en balanza comercial fue negativo. En ese sentido, el déficit con Estados Unidos, Argentina y México explica gran parte del total, ya que el intercambio con la Unión Europea y Asia presentó un resultado positivo a nivel agregado.

POLÍTICA COMERCIAL

    El proceso de liberalización comercial fue iniciado por Chile a mediados de los años setenta y profundizado en las dos décadas siguientes, fortaleciendo los vínculos internacionales mediante acuerdos en el ámbito multilateral y bilateral. Paralelamente, se ha mantenido el esfuerzo de apertura unilateral mediante rebajas arancelarias y un arancel parejo, que actualmente es de un 11 por ciento ad valorem.

    En el plano interno, a partir de enero de 1995 entran en vigor los Acuerdos alcanzados al interior de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Actualmente se cuenta con una reglamentación clara, transparente y no discriminatoria, y se han adoptado diversas medidas para facilitar el comercio. Entre ellas, destacan la modernización del Servicio Nacional de Aduana, del sistema financiero y las telecomunicaciones, así como las inversiones en infraestructura.

    En cuanto a su estrategia de inserción en los mercados internacionales, Chile, miembro fundador del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y posteriormente de la OMC, privilegia el sistema multilateral de comercio como mecanismo de vinculación con sus socios comerciales.

    Coherente con esta visión, la estrategia comercial del Gobierno de Chile combina la apertura unilateral con las negociaciones económicas multilaterales. En el plano regional, el Gobierno de Chile suscribe el principio del regionalismo abierto como instrumento de creación de comercio, de manera consistente con las disposiciones multilaterales que regulan la materia.

Apertura unilateral

    Desde el último Examen de Política Comercial, Chile ha rebajado en cuatro puntos porcentuales el arancel ad valorem que se aplica en forma pareja a todas las importaciones. En efecto, en junio de 1991 se redujo el arancel desde un 15 por ciento a un 11 por ciento.

    El arancel ad valorem consolidado por Chile en el contexto de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay, pasó desde un nivel de 35 por ciento hasta un 25 por ciento, excepto para algunos productos agrícolas (trigo, harina de trigo, azúcar, aceites y lácteos), los que se redujeron a 31,5 por ciento. Como consecuencia de los planes de liberalización en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), Chile adelantó en cuatro años el calendario de reducción del arancel consolidado, haciéndose efectiva dicha consolidación a contar del año 1996, en lugar del año 2000 como originalmente se había estipulado.

    El Poder Ejecutivo ha anunciado que propondrá al Congreso un proyecto de ley que contemple una rebaja arancelaria del orden de tres puntos porcentuales. Esta nueva rebaja se concretará en la medida que se logre su plena compensación a través del incremento de otros ingresos tributarios.

Sistema multilateral de comercio

    Chile ha sido miembro del sistema multilateral de comercio desde la creación del GATT. La mayor parte de su comercio actual se rige por las disposiciones contenidas en los Acuerdos de la OMC, los cuales forman parte integrante de su ordenamiento jurídico interno.

    Chile considera que la OMC debe ser una organización multilateral dinámica, con visión de futuro, capaz de incorporar en forma oportuna las nuevas dimensiones del comercio internacional en su agenda de trabajo, de manera de contribuir a la creación de corrientes comerciales que incrementen la prosperidad de sus Miembros. Por ello, en el contexto de los trabajos preparatorios de la Conferencia Ministerial de Singapur, Chile apoyó la constitución de grupos de trabajo que abordan, separadamente, las inversiones y las políticas de competencia, en cuanto a su relación con el comercio, en forma exhaustiva, sin prejuzgar sus resultados, de manera de sentar así las bases para emprender en el futuro nuevas disciplinas multilaterales, si ello fuera necesario y deseable.

    En relación con las negociaciones que han tenido lugar en el área del comercio de servicios, Chile ha hecho contribuciones sustantivas en el área de telecomunicaciones básicas, con pleno respeto de la cláusula de nación más favorecida. Asimismo, presentó ofertas condicionales en el área de transporte marítimo y espera que concluyan en forma satisfactoria las negociaciones que están teniendo lugar en el sector de servicios financieros. En el ámbito de servicios profesionales, Chile tiene especial interés en las conversaciones del grupo de trabajo de la OMC encargado de estas materias. Es por ello que las recomendaciones emanadas de este Grupo serán tomadas como referencia en futuras negociaciones, entendiéndolas como disciplinas destinadas a la facilitación de los intercambios de servicios profesionales.

    Chile considera que los esfuerzos de liberalización comercial a nivel multilateral deben renovarse, de manera de incrementar las oportunidades de crecimiento y desarrollo económico. Es por ello que Chile es partidario de incorporar en el calendario futuro de la OMC negociaciones de carácter horizontal, conducentes a la eliminación de las barreras arancelarias que afectan el comercio de bienes no agrícolas en general, junto a las negociaciones previstas en el sector agrícola y de servicios.

    Chile opina que la adhesión de nuevos miembros a la OMC es un elemento central para el continuo fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, y ve con preocupación los lentos avances que se han producido en los dos últimos años respecto de los procesos de incorporación que se encuentran en marcha.

Iniciativas en el plano regional y bilateral

    Es una prioridad de la política exterior de Chile estrechar las relaciones económicas y culturales con los países de América Latina. Ello se manifiesta mediante los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) y de Alcance Parcial (AAP), firmados al amparo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Estos Acuerdos establecen preferencias arancelarias con Bolivia (ACE) y Perú (AAP). Mediante Acuerdos de Libre Comercio, más del 90 por ciento del comercio recíproco se encuentra liberalizado con México (1991), Venezuela (1993), Colombia (1993) y Ecuador (1994). Con el MERCOSUR, un acuerdo de asociación, que entró en vigencia en octubre de 1996, liberalizará la totalidad del universo arancelario. Lo sustancial del comercio quedará libre de derechos de aduana en 8 años, es decir, para el año 2004.

    Paralelamente, se está negociando el desmantelamiento de las listas de excepciones en el acuerdo con Venezuela, en tanto que este mismo proceso se ha concluido recientemente para el acuerdo con Colombia. Se espera que a fines del presente año se haya logrado profundizar y ampliar el acuerdo con México, para así cubrir servicios e inversiones, entre otros capítulos. Se está negociando un Acuerdo de Libre Comercio de bienes con el Perú, mientras que con Bolivia se ha ampliado la cobertura de los productos amparados por preferencias.

    Conforme a lo resuelto en la Cumbre de Miami de 1994, en el sentido de encaminarse al establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Chile ha participado en los 12 grupos de trabajo encargados de preparar las bases técnicas para ello. Se espera que las negociaciones comiencen formalmente en la II Cumbre de las Américas, a realizarse en abril de 1998 en Santiago de Chile.

    El 5 de julio de 1997 entró en vigencia un amplio Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, en virtud del cual más del 80 por ciento del comercio recíproco quedó libre de derechos de aduana de inmediato. El acuerdo cubre inversiones y servicios, y dispone una exención mutua de aplicación de derechos antidumping.

    Chile es parte activa del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC). Cabe destacar que el nivel de comercio involucrado con las 18 economías miembros del APEC representa el 50 por ciento del total de nuestras exportaciones. En el APEC, Chile ha comprometido liberalizar su comercio de bienes y servicios, así como las inversiones, hacia el año 2010, y ha señalado que pretende materializar dicha liberalización a través de la suscripción de acuerdos bilaterales o plurilaterales de libre comercio.

    Desde febrero de 1996 Chile participa de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en calidad de observador en los Comités de Comercio y el de Inversiones y Empresas Multinacionales.

    Finalmente, en junio de 1996, Chile suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación con la Unión Europea y sus Estados miembros, cuyo objetivo final es la asociación entre ambos. En su capítulo comercial, se contempla avanzar hacia la liberalización de todos los intercambios, incluyendo tanto bienes como servicios. Ello se logrará en dos etapas, una de preparación y otra de asociación. Ya se ha dado inicio a la primera fase.

    Tomando como un todo las instancias de liberalización comercial mencionadas y la estructura comercial actual, se estima que mediante esta estrategia se tendrá cubierta una cifra cercana al 90 por ciento del total transado para antes del año 2010. Esto se desprende al considerar que la participación en el comercio de estas regiones corresponde aproximadamente a un 22 por ciento con los países de la Unión Europea, un 24 por ciento con los países asiáticos, un 25 por ciento con América del Norte y un 20 por ciento con el resto de América, como se aprecia en el gráfico 4.


Figure
Graphic file chl-gov4.wmf with height 332 p and width 470 p Center aligned


ENTORNO INSTITUCIONAL

Entorno tributario

    El sistema tributario chileno es un sistema eficiente, lo cual se refleja en bajas tasas de evasión, inexistencia de elementos que distorsionen las decisiones productivas y costos de administración poco significativos. En el sistema tributario chileno, el elemento equidad también está presente, caracterizándose este hecho por la progresividad del impuesto a la renta.

    Durante esta década, una serie de modificaciones impositivas ha buscado disponer de mayores recursos para subsanar deficiencias en el área del gasto social, sin dañar la estructura tributaria y sin afectar las finanzas públicas, y, a la vez, ir mejorando paulatinamente las bondades del sistema en términos de eficiencia y equidad. De esta forma, en 1990 el IVA se aumentó desde 16 por ciento a 18 por ciento (actualmente se discute en el Congreso si mantener este último nivel o retrotraerlo a 17 por ciento) y se pusieron en práctica otros cambios, entre los cuales destaca la ampliación del número de contribuyentes afectos a régimen de renta efectiva. En 1993 se restituyó la base de tributación de las empresas desde utilidades percibidas a devengadas y se establecieron mecanismos de fomento al ahorro e inversión. En 1995 se incrementaron los impuestos a los cigarrillos y a la gasolina, a la vez que se introdujeron restricciones legales al uso personal de bienes de la empresa con fines elusivos.

    En la actualidad se estudian ciertas reformas, producto del proyecto de ley de rebaja arancelaria que prepara el Gobierno, al que se hizo mención en la Sección IV. Efectivamente, esta rebaja debe ser totalmente compensada mediante fuentes tributarias, es decir, mediante una combinación de aumentos mesurados en impuestos indirectos y un conjunto de medidas que permitirán la reducción de los niveles de evasión de este mismo tipo de impuestos.

    Por otra parte, se está diseñando para 1998 un proyecto de Reforma Tributaria que persigue incrementar la eficiencia y equidad del sistema tributario, simplificando su operación y fortaleciendo la efectividad de la fiscalización y control tributario, minimizando los costos de administración tanto para el Fisco como para los contribuyentes. Esta reforma debería tener un efecto neutral sobre la caja fiscal, de modo tal de no comprometer los equilibrios macroeconómicos.

Reforma del Estado

    La política del Gobierno en esta materia se orienta hacia la privatización de aquellas empresas que operan en mercados competitivos o bien, regulados, donde no se hace necesaria la presencia del Estado para asegurar la provisión de bienes o servicios.

    Siguiendo con esta política de privatizaciones, comenzada en la década del setenta, que incluyera las empresas productivas y gran parte de aquellas destinadas a servicios, durante el período 1991-1996 el Estado liquidó la mitad de sus intereses en la Zona Franca de Iquique, y la mayor parte de su participación en empresas relacionadas con el transporte marítimo, aéreo y terrestre. En 1996 se hizo efectivo el traspaso al sector privado de la principal empresa eléctrica del Estado y actualmente se está acelerando el proceso de privatización en la última empresa eléctrica estatal.

    En proceso de estudio por parte del Poder Legislativo existen sendos proyectos de ley relacionados con las empresas portuarias y las sanitarias. La estrategia privatizadora del Gobierno no se orienta necesariamente al traspaso absoluto de la propiedad estatal a manos privadas, sino más bien a una combinación eficiente de capital privado y participación estatal, la cual puede diferir en cada caso. Este procedimiento da origen a privatizaciones en el sentido más puro, así como también a sociedades, joint ventures, concesiones y otro tipo de asociaciones comerciales. Sin embargo, la autoridad aspira a que el control de estas empresas quede en manos privadas, limitando su rol a la función regulatoria, sin dejar de tener presencia en la propiedad de las empresas por medio de una participación accionaria minoritaria.

    En el ámbito de la infraestructura es donde se ha formulado una de las propuestas más interesantes de participación de capitales privados. Conscientes de la importancia que la infraestructura vial y portuaria tiene en el desarrollo del país, el Gobierno ha implementado un sistema de concesiones al sector privado. Mediante este sistema, son los propios privados quienes aportan el capital necesario para la ejecución y mantención de estas obras, de tal forma que el Estado no se ve obligado a desviar recursos hacia este sector, liberándolos para proyectos sociales.

    En el sector minero, el Gobierno ha anunciado su intención de mantener la propiedad de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), la principal firma productora de cobre de Chile. No obstante, en los últimos años se han realizado fuertes inversiones en este sector y se proyectan otras tantas, financiadas con capitales privados, tanto nacionales como extranjeros.

Política de competencia

    Chile cuenta desde 1959 con normas de defensa de la libre competencia. A partir de 1973, estas normas tienen plena aplicación en la institucionalidad vigente, estableciéndose un mecanismo jurisdiccional de investigación, corrección y sanción de actividades contrarias a la competencia.

    Este mecanismo opera tanto a nivel nacional como regional, mediante el accionar del organismo investigador, representado por la Fiscalía Nacional Económica, y de aquellos con poder de decisión, es decir, las Comisiones Preventivas Regionales y la Comisión Resolutiva, a las cuales acceden la Fiscalía y las partes afectadas por cualquier acción contraria a la competencia. Algunas sentencias de la Comisión Resolutiva, tales como las que imponen multas, disuelven sociedades o inhabilitan para cargos gremiales, pueden ser reclamadas ante la Corte Suprema.

    La legislación en esta materia fue refundida en un solo texto en 1980. Paralelamente, el Estado eliminó todas aquellas disposiciones relativas a la fijación de precios, con excepción de las relativas a algunos servicios básicos de utilidad pública.

    Actualmente, se encuentra concluido el estudio de un proyecto de ley que se enviará próximamente a su tramitación legislativa en el Congreso Nacional. Este proyecto de ley fortalece la Fiscalía Nacional Económica, otorgándole mayores recursos para el cumplimiento eficiente y oportuno de los objetivos de fiscalización, prevención y sanción de prácticas atentatorias contra la libre competencia. Se estudia una reestructuración de la Fiscalía, que le otorgaría mayores recursos para alcanzar los objetivos de supervisión y fiscalización de prácticas que pudieran atentar contra la competencia.

Reforma del sector financiero

    El sistema financiero chileno exhibe altos niveles de competencia y de integración con el exterior. En los últimos años ha sido objeto, además, de diversos y profundos procesos de reforma a su institucionalidad, a fin de alentar su funcionamiento dinámico.

    De esta manera, las denominadas reformas al mercado de capitales permitieron a los inversionistas institucionales, tales como fondos de pensiones, compañías de seguro, fondos mutuos, acceder a nuevos y mejores instrumentos financieros manteniendo los resguardos adecuados. Asimismo, se introdujo un sólido cuerpo de regulaciones a los conflictos de interés y al tratamiento de información privilegiada, orientado a asegurar la operación transparente del mercado.

    Por su parte, el sistema bancario opera con niveles de eficiencia, de tal forma que su solvencia y estabilidad mejoran permanentemente. No obstante ello, se encuentra en la etapa final de tramitación legislativa una reforma destinada a incorporar nuevos negocios, facilitar la internacionalización de las operaciones de los bancos establecidos en Chile, adaptar la normativa de adecuación de capital a la sugerida por el Comité de Basilea y regular el otorgamiento de licencias sobre la base de criterios estandarizados.

Inversión

    Chile mantiene y ha profundizado una política comercial abierta y transparente para bienes y servicios, que se complementa con un régimen de inversiones de características similares. El régimen jurídico e institucional favorece la inversión extranjera, lo que, sumado a la estabilidad política y macroeconómica, se traduce en una tasa de crecimiento promedio anual de los flujos de inversión que ingresan a Chile cercana a un 34 por ciento en el período 1991-1996. Esto es un claro reflejo de la confianza de los inversionistas hacia Chile.

    El régimen de inversión extranjera da acceso a un amplio espectro de actividades económicas, tanto en la producción de bienes como de servicios, otorgando un tratamiento no discriminatorio a personas naturales o jurídicas, consagrado en la Constitución Política del país.

    En el período 1991-1996, un 40 por ciento de la inversión extranjera materializada se orientó al sector minero, en tanto que un porcentaje creciente, promediando el 29 por ciento anual, lo hizo hacia el sector servicios, debido fundamentalmente a flujos destinados a turismo y telecomunicaciones.

    Por otra parte, a partir de 1992 se verifica un aumento significativo de las inversiones chilenas en el exterior. Esto, producto de nuevas disposiciones orientadas a la desregulación del mercado cambiario e importantes iniciativas de liberalización en el resto de América Latina. Es así como cerca del 90 por ciento de los capitales chilenos tienen como destino esta región. Las principales áreas de inversión son de carácter financiero y servicios.

    Otra forma creciente de inversión se desarrolla a través de la colocación de ADRs (American Deposit Receipts) en la Bolsa de Nueva York por parte de algunas empresas chilenas. Con ello, la economía chilena continúa en la senda de la internacionalización y la apertura.

    Internamente, la inversión se ha mantenido estable, situándose en rangos de entre 25 por ciento y 29 por ciento del PIB. Esta tasa de inversión ha sido posible, fundamentalmente, gracias al ahorro de la empresas y aquel realizado por los cotizantes del sistema de pensiones, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las AFP se encuentran facultadas para realizar inversiones por cuenta de sus cotizantes en activos de bajo riesgo, lo cual genera dinamismo en la economía y amplía el mercado accionario.

OBSERVACIONES FINALES

    Chile es un país en desarrollo cuya principal fuente de crecimiento la constituye el comercio exterior. Luego de un largo y difícil proceso de transformación productiva, efectuado entre las décadas del setenta y ochenta, Chile comienza a consolidar su estrategia de desarrollo basada en una mayor integración internacional, liderada por la iniciativa privada, y estructurada en torno a iniciativas en el plano unilateral, bilateral y multilateral.

    El fortalecimiento multilateral de comercio figura como un objetivo prioritario de la política comercial chilena. Un sistema multilateral de comercio fuerte y legitimado, constituye el campo ideal sobre el cual expandir el comercio internacional, así como la mejor garantía para el respeto de los derechos y obligaciones de sus miembros, más allá del tamaño y peso relativo de los mismos.

    Para Chile, el sistema multilateral de comercio sólo puede ser eficaz, crecer y fortalecerse si está basado en reglas de derecho. Para ello, debe realizarse un esfuerzo suplementario para eliminar todo rastro de discriminación arbitraria en el sistema como por ejemplo, la posibilidad de aplicar salvaguardias selectivas, los derechos antidumping sin adecuadas disciplinas, las excepciones al trato de nación más favorecida en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y la proliferación de restricciones cuantitativas, particularmente en la agricultura. Asimismo, el recurrir a medidas unilaterales y extraterritoriales, contenidas en algunas legislaciones nacionales, constituye un menoscabo a la protección, certeza y estabilidad que otorgan las reglas del derecho internacional.

    Consciente de la importancia que reviste el libre comercio para el desarrollo de Chile, el Gobierno ha profundizado las reformas a su legislación de tal forma de favorecer aún más la liberalización de los flujos de bienes, servicios e inversiones. En este marco, es la intención del Gobierno de Chile profundizar aún más su proceso de liberalización, utilizando para ello todos los recursos que el sistema multilateral de comercio pone a su disposición, a la vez que internamente moderniza sus instrumentos e instituciones de acuerdo con el objetivo de impulsar la internacionalización de la economía, sobre la base de una estrategia de desarrollo con equidad.

Footnote: 1Mercado Común del Sur - acuerdo comercial entre la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay que entró en vigor el 29 de noviembre de 1992.

Footnote: 2Véase el informe del Gobierno completo.

Footnote: 3Véase el informe del Gobierno completo.