Señoras y señores,

Permítanme en primer lugar felicitar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por su oportuna iniciativa de situar la salud pública junto a las cuestiones del cambio climático, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, que son el núcleo de su nuevo y ambicioso programa sobre la propiedad intelectual y los retos globales.

Esta iniciativa viene a confirmar que el sistema internacional de propiedad intelectual no puede funcionar al margen de cuestiones de política pública más generales, como la forma de satisfacer necesidades humanas tan básicas como la salud, la alimentación y un medio ambiente limpio.

La Conferencia y el programa de trabajo a cuya ejecución contribuye demuestran la propiedad intelectual ha pasado a ser un elemento central de los debates interdisciplinarios que trascienden de los límites tradicionales entre ámbitos políticos distintos y entre diferentes esferas de especialización técnica. La coherencia, la cooperación y el diálogo práctico en el sistema internacional son indispensables si queremos afrontar estas cuestiones de política fundamentales de forma sostenible. Esta iniciativa, abierta y fruto de la reflexión, lleva el sello del Director General Francis Gurry.

También es para mi un honor compartir el estrado con nuestra colega la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS. Por las conversaciones que hemos mantenido, sé que personalmente Margaret, Francis y yo estamos firmemente resueltos a intensificar la cooperación entre nuestras tres organizaciones. Esta asociación y esta buena voluntad serán fundamentales para dar una respuesta internacional eficaz a los problemas de salud pública, en constante evolución, y para lograr que el sistema de propiedad intelectual sea equilibrado, justo y equitativo.

No obstante -aunque quizás a algunos de ustedes les sorprenda-, hay límites a lo que pueden lograr los directores generales en organizaciones impulsadas por los miembros, incluso cuando unen sus fuerzas. Se ha dado el caso de que Margaret, con sus dotes de cantante, salvara una reunión difícil, pero el rumor de que los Tres Directores Generales van a emular a los Tres Tenores es infundado. Sin embargo, la armonía que consigamos producir por imperfecta que sea a los oídos de un purista- será de lejos preferible al silencio -o incluso a la discordia o la disonancia- entre nuestras tres organizaciones.

Una asociación eficaz también significa que debemos reconocer que tenemos funciones complementarias, esferas de competencia diferentes y mandatos distintos. Para progresar el máximo posible debemos aprovechar nuestros puntos fuertes y reconocer los de nuestros asociados.

Como ha dicho Margaret Chan, estimamos que nuestra labor en materia de propiedad intelectual y salud pública consiste en velar por que cada organismo aporte sus conocimientos especializados básicos a un esfuerzo colectivo, respetando las competencias de los demás. Aceptamos que la política de salud, el sistema de propiedad intelectual y el marco por el que se rigen unas relaciones comerciales legítimas están inevitablemente interconectados y deben gestionarse de manera armoniosa.

Es evidente que las enfermedades infecciosas no conocen fronteras y atacan nuestra base fisiológica común, sin reparar en barreras políticas. La salud constituye el argumento más convincente en favor de la cooperación internacional. La interdependencia no es una simple opción de política, sino literalmente una cuestión de vida o muerte.

Pensemos en los aspectos internacionales de la lucha contra la pandemia de VIH/SIDA, los efectos devastadores que siguen teniendo las enfermedades desatendidas, que afectan en su mayoría a las comunidades más pobres del mundo, la reaparición de cepas resistentes de la tuberculosis y la actual pandemia de gripe H1N1. En cuanto al cambio climático, es probable que tenga graves repercusiones en las pautas de morbilidad y en la agricultura, de modo que la salud, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático están estrechamente vinculadas. No podemos atrincherarnos tras las fronteras, ya se trate de las fronteras nacionales o de las que hay entre nuestras instituciones.

Para la OMC, este hecho se puso claramente de manifiesto en 2001, cuando los Ministros adoptaron la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. Aunque la Declaración de Doha es de importancia fundamental para la OMC y para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, también ha contribuido a conformar el marco para la cooperación multilateral sobre la propiedad intelectual y la salud pública a lo largo de esta década.

Ha ayudado a los gobiernos a utilizar las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y ha contribuido a reducir los precios de algunos medicamentos, en especial los antirretrovirales de primera línea. Ha contribuido a que se comprenda mejor el Acuerdo sobre los ADPIC, garante de un marco equilibrado y flexible para la protección y el respeto de los derechos de propiedad intelectual, que responde a un programa político más amplio. La Declaración recalca la necesidad de que el Acuerdo sea considerado parte de la acción nacional e internacional más amplia para resolver los problemas relacionados con la salud pública. Para los militantes del sector de la salud, que se cuentan entre los críticos más acerbos de la OMC, ese texto es un hito y una referencia.

La Declaración se ha mencionado con frecuencia en muchas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, por ejemplo la Estrategia mundial y plan de acción de la OMS, así como en el Programa de la OMPI para el Desarrollo. Hace tan sólo una semana, los Ministros participantes en las reuniones del Consejo Económico y Social reafirmaron las disposiciones de la Declaración de Doha en materia de flexibilidades para proteger la salud pública y promover el acceso a los medicamentos. La Declaración incide en las esferas de los derechos humanos y la bioética. Considerado en conjunto, estos instrumentos constituyen una poderosa herramienta para la cooperación, que pondremos en práctica activamente con la OMPI y la OMS y con otros agentes fundamentales como el ONUSIDA, la UNCTAD, el PNUD y el UNITAID. Tenemos que aprovechar toda la gama de conocimientos especializados y aunar nuestras fuerzas para ayudar a nuestros Miembros a atender a sus necesidades de salud pública de forma coherente y eficaz.

Entre 2001 y 2005 la OMC negoció la primera, y hasta ahora única, enmienda al conjunto de acuerdos comerciales concertados en 1994 en la Ronda Uruguay: se trata del llamado “sistema previsto en el párrafo 6”, para mejorar el suministro de medicamentos a países que tienen una capacidad limitada para fabricar los suyos propios. Este proceso fue motivado por la profunda preocupación de que esos países no pudieran utilizar efectivamente las flexibilidades que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC, y por la impresión de que debía suprimirse un obstáculo jurídico específico.

Ahora que se han adoptado medidas, prosigue el debate para determinar si la solución ha sido realmente eficaz o si sigue generando obstáculos. Los Miembros de la OMC que negociaron ese instrumento han continuado examinando atentamente su funcionamiento efectivo en el marco de los exámenes anuales que hemos efectuado en la OMC cada año desde 2005. En la Declaración Ministerial adoptada por el Consejo Económico y Social la semana pasada se pidió “una oportuna y amplia aceptación” de la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC, para integrar firmemente este mecanismo en el derecho internacional. Se trata de un importante llamamiento que celebramos y reiteramos.

Hasta la fecha el sistema se ha puesto en práctica una vez. Esto se debe en parte al limitado número de patentes que se confieren en los principales países exportadores a los medicamentos necesarios. Esta pauta podría cambiar en el futuro, a medida que el abastecimiento se oriente hacia una nueva generación de medicamentos. Sea como fuere, el mero hecho de que exista el mecanismo, junto con la evolución que se aprecia en los círculos relacionados con la salud y en la industria farmacéutica, puede ayudar a los programas de compra de fármacos a negociar los precios a la baja; de manera análoga, la perspectiva de imponer regímenes de licencias obligatorias puede utilizarse en general para ejercer presión en las negociaciones relativas al acceso voluntario a las tecnologías. En muchos casos el régimen de licencias voluntarias es una herramienta práctica más eficaz.

El objetivo en sí mismo nunca ha sido expedir un sinfín de licencias obligatorias. El objetivo fue y sigue siendo que haya medicamentos más asequibles para los pobres. Por consiguiente, el sistema ha de juzgarse en términos de precios y acceso. El simple recuento de las notificaciones realizadas en el marco del sistema previsto en el párrafo 6 no es un buen indicador de los resultados obtenidos en materia de salud pública.

El sistema previsto en el párrafo 6 es una flexibilidad adicional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, que hay que sumar a otras salvaguardias de la política en materia de salud; a su vez, ese Acuerdo no es más que uno de los elementos de la acción nacional e internacional más amplia para asegurar un mayor acceso a los medicamentos.

Dicho esto, no debemos tener fe ciega en el éxito del sistema. Por ello es objeto de un examen anual por los Miembros de la OMC. Pero también puede ser importante considerar de qué manera los programas de compra pueden utilizar de forma más eficaz el sistema tal y como es. Crea una vía jurídica para el acceso a los medicamentos, pero eso por sí solo no genera un nivel de demanda comercialmente viable.

De hecho, el sistema reconoce explícitamente la necesidad de efectuar economías de escala en las iniciativas de compra de las regiones donde hay una proporción significativa de países menos adelantados (PMA). De manera más general, el sistema permite que haya coordinación entre las necesidades de importación y los países de origen, con miras a asegurar las necesarias economías de escala. También hemos de evaluar el funcionamiento del sistema en relación con una base empírica más sólida o, por decirlo en pocas palabras, determinar en qué esferas hay patentes vigentes y en cuáles no.

Puede no ser fácil responder con seguridad a estas preguntas en apariencia sencillas. La OMPI ha hecho grandes avances para mejorar el acceso a la información sobre patentes y para que se utilice de manera inteligente, así como para facilitar la cooperación internacional con miras a determinar la situación de las patentes de medicamentos esenciales en los países en desarrollo. En este ámbito también es fundamental la cooperación internacional para que el mecanismo funcione bien, junto con toda la gama de instrumentos de política, en la esfera de la propiedad intelectual y al margen de ella, para aumentar el flujo de medicamentos esenciales que llegan a los más necesitados.

La OMC quiere ser un socio activo y constructivo en materia de salud pública en el marco del sistema multilateral, no sólo en lo relativo al Acuerdo sobre los ADPIC, ya que hay otras esferas de interacción entre comercio y salud en que la OMC puede aportar conocimientos especializados únicos.

Desde que en 2001 se adoptó la Declaración de Doha, hemos establecido una cooperación mucho más estrecha entre las organizaciones internacionales cuyas competencias básicas guardan relación con la propiedad intelectual y la salud pública. Todos los socios se fijaron como meta promover y respaldar activamente el equilibrio cuidadosamente negociado y crucial entre el desarrollo de nuevos medicamentos y su accesibilidad.

La OMC ofrece a sus socios internacionales que lo solicitan, aportaciones y asesoramiento técnicos, pero también ejecuta un programa activo y cooperativo de creación de capacidad, en asociación con la OMS y la OMPI, en el que cada organización contribuye a las actividades paralelas de las demás.

En nuestras actividades de creación de capacidad no defendemos posiciones políticas ni presionamos por ninguna opción en particular. Se trata de ayudar a los responsables de formular políticas y a los funcionarios públicos superiores a que analicen todas las opciones de que disponen, de modo que ellos mismos puedan decidir cómo utilizarlas en la práctica.

Es importante utilizar efectivamente el sistema de propiedad intelectual y las flexibilidades del Acuerdo sobre las ADPIC, pero no se puede aislar del resto: la legislación y la política en materia de propiedad intelectual deben complementarse con políticas de compra de medicamentos, salvaguardias favorables a la competencia, y la reglamentación de la seguridad y la calidad de los medicamentos. Tampoco en este caso, no hay ninguna organización internacional que tenga el monopolio de estas diversas esferas de especialización, y el reto de asegurar el acceso a los medicamentos requiere un esfuerzo global y multidisciplinario.

Siempre se podrá mejorar la forma en que colaboramos con nuestros socios internacionales. De nada sirve colaborar si no tratamos de aprender los unos de los otros; la cooperación es un desperdicio de recursos si no conseguimos coordinar la ejecución práctica de los programas y no compartimos información esencial; y la coherencia -que es probable que sea el eje de nuestra colaboración- es imposible si no respetamos las distintas competencias y los contextos políticos de cada uno y si no sabemos aprovecharlos. Ante todo, debemos prestar atención y responder a las preocupaciones y necesidades prácticas de nuestros Miembros y de las comunidades a las que sirven.

La cooperación multilateral no tendrá sentido si no produce resultados tangibles a nivel nacional. En pocas palabras, si no hace progresar la salud pública en lo que el Órgano de Apelación de la OMC, en una de sus decisiones, calificó del “mundo real donde viven, trabajan y mueren los seres humanos”.

Muchas gracias por su atención.