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Cuestiones abarcadas por los Comités y Acuerdos de la OMC

EXÁMENES DE LA POLÍTICAS COMERCIALES: PRIMER COMUNICADO DE PRENSA, RESUMEN DEL INFORME DE LA SECRETARÍA Y DEL INFORME DEL GOBIERNO

Papua Nueva Guinea: noviembre de 1999
COMMUNICADO DE PRENSA
PRENSA/TPRB/120
10 de noviembre de 1999

LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE REFORMA ECONÓMICA PUEDE AYUDAR A PAPUA NUEVA GUINEA A LOGRAR UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE

La continuación de las reformas, especialmente el incremento de los esfuerzos de liberalización del régimen comercial y de las inversiones, puede incrementar la flexibilidad económica de Papua Nueva Guinea y mejorar sus perspectivas de lograr un crecimiento sostenible. Un nuevo informe de la OMC dice que aunque la utilización de los aranceles como el principal instrumento comercial ha hecho que el régimen comercial de Papua Nueva Guinea sea más previsible y transparente, la economía continúa siendo relativamente débil y expuesta a las presiones externas.

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segundo comunicado de prensa


El informe añade que los asociados comerciales del país pueden contribuir al proceso de ajuste asegurando a las exportaciones de Papua Nueva Guinea un acceso estable y cada vez mayor a sus mercados.

El nuevo informe de la Secretaría de la OMC, así como una declaración de política general del Gobierno de Papua Nueva Guinea, constituirá la base para el examen de la política comercial del país efectuado por el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC los días 15 y 17 de noviembre.

El informe señala que los resultados económicos recientes de Papua Nueva Guinea han sido muy irregulares, con años de crecimiento modesto y períodos de disminución de la producción. La economía se ha visto afectada adversamente por diversas convulsiones inevitables, tales como la crisis financiera asiática, el descenso de los precios de los productos básicos y diversas sequías. El informe añade que esas dificultades se han visto agravadas por la mala gestión de los asuntos públicos, por una estructura institucional débil y una aparente falta de ímpetu en la reforma. No obstante, el informe indica que en junio de 1999 las autoridades del país anunciaron la aplicación de un programa de reactivación económica, considerándose la reforma del comercio como un medio importante de fomentar un crecimiento inspirado por el sector privado y de hacer aumentar la productividad y la competitividad.

En el período transcurrido entre 1992 y 1997 las exportaciones e importaciones de mercancías representaron respectivamente el 49 por ciento y el 27 por ciento del PIB. Las exportaciones están constituidas principalmente por petróleo y minerales (oro y cobre) que representan en torno al 60 por ciento de las exportaciones, así como troncos y productos básicos agrícolas tradicionales, especialmente productos a base de aceite de palma y café. Los principales productos de importación son productos manufacturados, especialmente máquinas y materiales de transporte, productos alimenticios, carburantes y lubrificantes. El informe señala que la balanza comercial ha fluctuado considerablemente principalmente en función de la situación del sector de la minería. Casi tres cuartas partes de las exportaciones de Papua Nueva Guinea en 1997 tuvieron como destino Australia, el Japón y la Unión Europea, principalmente Alemania y el Reino Unido. Más de la mitad de las importaciones procedieron de Australia, seguida por los Estados Unidos.

Las inversiones extranjeras directas, según el informe, se circunscriben principalmente al sector de la minería, que constituye un "enclave". Papua Nueva Guinea ha recibido relativamente pocas inversiones extranjeras directas, siendo Australia la principal fuente. Esas inversiones han sido inestables y recientemente se han reducido debido a la incertidumbre planteada por la situación económica y política del país. El Gobierno está examinando los procedimientos de inversión a fin de hacerlos más transparentes y de atraer inversiones extranjeras directas. Importantes sectores industriales continúan reservados a los inversores nacionales, pero desde 1995 esas restricciones no afectan a las actividades manufactureras ni a la construcción. En el informe se señala también que los extranjeros pueden arrendar tierras pero no adquirir su posesión.

Los aranceles aduaneros son el principal instrumento de política comercial del país, según el informe. En 1999 se ha introducido una reforma fiscal y arancelaria. Específicamente, se ha introducido una TVA que abarca a los bienes y servicios a fin de financiar un programa importante de reducción de derechos de aduana. Los tipos medios de los derechos han disminuido en un 50 por ciento, descendiendo a menos del 10 por ciento, y se ha racionalizado la estructura de los derechos. Además, el Gobierno tiene previsto reducir los aranceles medios aplicados al 5 por ciento en el año 2006. No obstante, según el informe, las autoridades del país incrementaron los aranceles aplicados a determinadas mercancías -comprendidos determinados productos alimentarios y artículos de plástico- a partir del 1º de julio de 1999, ascendiendo la mayoría al 30 o al 40 por ciento, a fin de proteger a los productores nacionales. Subsisten también sectores específicos que gozan de una elevada protección arancelaria hasta el año 2006. En ese año, el promedio de los aranceles aplicados a productos agrícolas será del 16 por ciento, el relativo a los productos de la minería del 0 por ciento y el de los productos manufactureros del 5 por ciento.

El informe señala que los productos no elaborados están sujetos a los aranceles más elevados, en promedio, y que los productos semielaborados tienen los derechos más bajos. Por consiguiente, según el informe, la estructura arancelaria puede desalentar la elaboración, especialmente de materias primas. El informe sugiere que la adopción de derechos menos elevados y más uniformes sobre los productos no elaborados podría mejorar la estructura de los incentivos.

El informe indica que Papua Nueva Guinea aplica pocos obstáculos no arancelarios formales al comercio. El país tiene disposiciones antidumping así como en materia de derechos compensatorios, pero recurre a ellos en pocas ocasiones. Las tasas a la exportación, que pueden ascender al 70 por ciento, se aplican a los troncos no elaborados. Papua Nueva Guinea no tiene contingentes de exportación o restricciones voluntarias a la exportación pero tiene una amplia gama de productos de exportación que se benefician de incentivos fiscales. El informe señala que al privilegiar los productos manufacturados, esos planes tienden a discriminar las demás exportaciones.

El país aplica restricciones sanitarias y fitosanitarias rigurosas. Las importaciones de legumbres y de frutas que son también cultivadas en Papua Nueva Guinea están totalmente prohibidas. Las importaciones de muchas plantas, tales como caña de azúcar, están también prohibidas y las importaciones de otras están limitadas.

Papua Nueva Guinea es miembro del APEC y por lo tanto ha adquirido el compromiso de instaurar el libre intercambio y la libertad de inversiones en la región en lo que respecta a los bienes y servicios hasta el año 2020. Es también miembro del Foro del Pacífico Sur. Como miembro del Grupo Melanesio "Punta de Lanza", Papua Nueva Guinea otorga ciertas preferencias que suponen una franquicia arancelaria. Como país firmante del Convenio de Lomé, se beneficia de preferencias arancelarias y de otro tipo no recíprocas de la Unión Europea en lo que respecta a numerosos productos así como de ayuda financiera. Papua Nueva Guinea es parte del Acuerdo Regional de Cooperación Comercial y Económica en el Pacífico Sur (SPARTECA), un acuerdo preferencial no recíproco que ofrece a los países insulares miembros del Foro un acceso en condiciones de franquicia arancelaria para sus productos con destino a Australia y Nueva Zelandia. Papua Nueva Guinea es también beneficiaria de los planes SGP de la mayoría de los países industrializados.

Notas para las redacciones

El informe de la Secretaría de la OMC, adjunto con una declaración de política general elaborada por Papua Nueva Guinea serán examinados por el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC (OEPC) los días 15 y 17 de noviembre de 1999. El mencionado Órgano de la OMC evalúa colectivamente, de manera periódica, toda la gama de políticas y prácticas comerciales de cada uno de los Miembros de la OMC y sigue las tendencias y los acontecimientos que puedan tener también repercusión en el sistema comercial mundial. El informe de la Secretaría abarca todos los aspectos de la política comercial de Papua Nueva Guinea, comprendidas las leyes y reglamentos nacionales, el marco institucional y las políticas comerciales por medidas y sectores. Desde que el Acuerdo sobre la OMC entró en vigor, las esferas de los servicios y de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio son también estudiados.

Se adjuntan al presente comunicado de prensa las observaciones recapitulativas extraídas del informe de la Secretaría. Los periodistas podrán obtener el texto íntegro de los informes de la Secretaría y del Gobierno consultándolo en el espacio destinado a los comunicados de prensa en el sitio de Internet de la OMC (www.wto.org). El informe de la Secretaría junto con la exposición de políticas del Gobierno, el acta de los debates del OEPC y el resumen del Presidente se publicarán en una versión encuadernada en su debido momento y podrán obtenerse en la Secretaría, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Desde diciembre de 1989 se han finalizado los siguientes exámenes: Argentina (1992 y 1999), Australia (1989, 1994 y 1998), Austria (1992), Bangladesh (1992), Benin (1997), Bolivia (1993 y 1999), Botswana (1998), Brasil (1992 y 1996), Burkina Faso (1998), Camerún (1995), el Canadá (1990, 1992, 1994, 1996 y 1998), Chile (1991 y 1997), Chipre (1997), Colombia (1990 y 1996), las Comunidades Europeas (1991, 1993, 1995 y 1997), Corea, República de (1992 y 1996), Costa Rica (1995), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992 y 1999), El Salvador (1996), los Estados Unidos (1989, 1992, 1994, 1996 y 1999), Fiji (1997), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Guinea (1999), Hong Kong (1990, 1994 y 1998), Hungría (1991 y 1998), India (1993 y 1998), Indonesia (1991, 1994 y 1998), Islandia (1994), Islas Salomón (1998), Israel (1994 y 1999), Jamaica (1998), el Japón (1990, 1992, 1995 y 1998), Kenya (1993), Lesotho (1998), Macao (1994), Malasia (1993 y 1997), Malí (1998), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993 y 1997), Namibia (1998), Nicaragua (1999), Nigeria (1991 y 1998), Noruega (1991 y 1996), Nueva Zelandia (1990 y 1996), Pakistán (1995), Paraguay (1997), Perú (1994), Polonia (1993), República Checa (1996), República Dominicana (1996), República Eslovaca (1995), Rumania (1992 y 1999), Senegal (1994), Singapur (1992 y 1996), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993 y 1998), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991 y 1996), Swazilandia (1998), Tailandia (1991 y 1995), Togo (1999), Trinidad y Tabago (1998), Túnez (1994), Turquía (1994 y 1998), Uganda (1995), Uruguay (1992 y 1998), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

Informe de la Secretaría

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
PAPUA NUEVA GUINEA
Informe de la Secretaría - Observaciones recapitulativas

El Estado independiente de Papua Nueva Guinea es un archipiélago del Pacífico meridional el grueso de cuya superficie corresponde a la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, que limita con la provincia indonesia de Irian Jaya. Papua Nueva Guinea es un país en desarrollo, rico en recursos, con un PIB per cápita de alrededor de 900 dólares EE.UU. e indicadores sociales bajos. El presente Gobierno, que entró en funciones en julio de 1999, heredó una economía en crisis y urgentemente necesitada de reformas fundamentales.

Los resultados económicos de Papua Nueva Guinea en los últimos tiempos han sido erráticos, con años de crecimiento modesto alternando con disminuciones de la producción. La economía se ha visto afectada negativamente por varias perturbaciones inevitables, como la crisis financiera de Asia, los bajos precios de los productos básicos y graves sequías. A esas dificultades se han añadido problemas de gestión pública, carencias de la infraestructura y los procedimientos institucionales, y la aparente debilidad del impulso de reforma.

El nuevo Gobierno parece dispuesto a promover una reforma económica de amplia base, tendente a abordar los desequilibrios macroeconómicos crónicos y las deficiencias estructurales. El Gobierno aplicó en agosto de 1999 un presupuesto suplementario para contener el déficit fiscal y ha reanudado las conversaciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de recabar su apoyo para la reforma, que abarca la liberalización del comercio y un programa de privatización de gran alcance.

Entorno económico

Tras acceder a la independencia en 1975, Papua Nueva Guinea adoptó políticas aislacionistas tendentes a promover las industrias de transformación de productos primarios, como el pescado y la madera, y otras manufacturas, como las de elaboración de alimentos. Esas políticas intervencionistas se manifestaron, entre otras medidas, en la aplicación de impuestos elevados y desiguales a las importaciones y las exportaciones, así como de contingentes y prohibiciones de importación; el importante papel del Estado en el desarrollo industrial, a través, por ejemplo, de empresas conjuntas; el tamaño relativamente grande de la administración pública; y, más recientemente, déficit fiscales bastante elevados, financiados mediante políticas monetarias expansionistas.

Papua Nueva Guinea se encuentra actualmente en una situación económica difícil. A la deuda pública elevada se suman los atrasos acumulados del Gobierno; la inflación ha rebasado el 20 por ciento anual, mermando la competitividad exterior, y los bajos precios de los productos básicos limitan los ingresos de exportación; las reservas exteriores son limitadas, y la inversión extranjera directa se reduce principalmente a "enclaves" mineros.

Las autoridades reconocen la necesidad de restablecer la confianza, y en junio de 1999 anunciaron la aplicación de un conjunto de medidas de recuperación económica, que abarca medidas tendentes a promover la disciplina financiera y la reforma estructural. La política configurada por esas medidas está orientada hacia el exterior, y la reforma comercial se considera un instrumento importante para promover un crecimiento impulsado por el sector privado y aumentar la productividad y la competitividad. El cumplimiento de los compromisos multilaterales es parte integrante del programa de reformas; por ejemplo, Papua Nueva Guinea ha consolidado plenamente su arancel y se propone aplicar políticas en conformidad con la OMC en la esfera de los derechos de propiedad intelectual. Para facilitar el cumplimento de esos compromisos, se busca apoyo técnico de donantes bilaterales y multilaterales.

De conformidad con el conjunto de medidas de recuperación económica, en julio de 1999 se introdujo una reforma tributaria y arancelaria. Concretamente, se estableció un IVA sobre los bienes y servicios para financiar con él un programa de reducción sustancial de los aranceles. El arancel medio se redujo a la mitad, a menos del 10 por ciento, y se racionalizó la estructura arancelaria; el promedio arancelario y el arancel máximo se seguirán reduciendo gradualmente hasta el 2006. El Gobierno aplicó medidas tendentes a contener el déficit presupuestario en un 1,7 por ciento del PIB, frente al objetivo anterior de más del 3 por ciento. Se está tratando de obtener la ayuda de donantes y organismos financieros internacionales para financiar el déficit y evitar así recurrir a la autoridad monetaria; los ingresos obtenidos de las privatizaciones se utilizarán para reducir la deuda pública. También se han estudiado medidas tendentes a mejorar la gestión pública y la rendición de cuentas.

Comercio e inversión extranjera directa

El comercio internacional y la inversión extranjera directa (IED) tienen una importancia fundamental para la economía de Papua Nueva Guinea. Las exportaciones e importaciones de mercancías representaron en promedio el 49 por ciento y el 27 por ciento del PIB, respectivamente, durante el período 1992-97. La balanza exterior ha registrado considerables fluctuaciones, relacionadas principalmente con la evolución del sector minero.

El comercio está relativamente concentrado, tanto en productos como en mercados. Las principales exportaciones son las de petróleo y minerales (oro y cobre), que representan alrededor del 60 por ciento de las exportaciones, y las de madera en rollo y productos agrícolas tradicionales, en particular productos del aceite de palma y café. En 1997 poco menos de las tres cuartas partes de las exportaciones se dirigieron a Australia, el Japón y países de la Unión Europea (UE), principalmente Alemania y el Reino Unido. Las exportaciones de madera en rollo disminuyeron pronunciadamente a raíz de la crisis de Asia y la baja de los precios en los mercados mundiales de la madera a finales de 1997.

Entre las importaciones predominan las manufacturas, en particular maquinaria y equipo de transporte, productos alimenticios, y combustibles y lubricantes. Más de la mitad de las importaciones procede de Australia, y el segundo puesto corresponde a los Estados Unidos.

Fuera de los sectores basados en la explotación de recursos naturales, en particular el de la minería, que atrae alrededor del 80 por ciento de las inversiones extranjeras, Papua Nueva Guinea ha recibido relativamente poca IED, y ésta ha sido inestable y se ha reducido recientemente como consecuencia de la incertidumbre de los inversores sobre la situación política y económica del país. Australia es la principal fuente de IED.

Marco jurídico e institucional

Papua Nueva Guinea es una monarquía constitucional. El poder legislativo reside en un Parlamento nacional de una sola cámara. El poder ejecutivo corresponde al Gobierno de la nación. Cada cinco años deben celebrarse elecciones parlamentarias. El Parlamento elige al Primer Ministro, que a su vez nombra a los Ministros del Consejo Ejecutivo Nacional, o Gabinete; el Gobierno puede caer si triunfa una moción de censura en el Parlamento. Por estipulación constitucional, los nuevos gobiernos gozan de un período de gracia de 18 meses, que anteriormente era sólo de seis, en el que no pueden ser objeto de mociones de censura. Los gobiernos de coalición han sido la norma, y hasta la fecha ningún gobierno ni ningún primer ministro ha concluido su mandato.

Aunque las políticas relacionadas con el comercio incumben al Gobierno nacional, los gobiernos provinciales comparten competencias con éste en importantes esferas que guardan relación con el comercio, como la agricultura, la silvicultura, el desarrollo industrial, la pesca y la minería. El ejemplo más importante es la facultad de aprobar explotaciones forestales, mineras y pesqueras en las tierras de uso consuetudinario, que representan más del 90 por ciento del total de la propiedad de la tierra.

La formulación de las políticas económicas y comerciales de Papua Nueva Guinea no siempre se ha coordinado adecuadamente. En enero de 1999 se estableció en la Oficina del Primer Ministro una Secretaría Consultiva destinada a apoyar la reforma y supervisar las decisiones del Gabinete y la ejecución del presupuesto de 1999.

El Gobierno promueve el debate público a través del Consejo Consultivo sobre Aplicación y Supervisión, de cumbres económicas nacionales, la más reciente de las cuales se celebró en febrero de 1998, y del Foro Nacional para el Desarrollo, que se celebra anualmente. El Foro inaugural del Gobierno, celebrado en agosto de 1999, se centró en la reforma y en el presupuesto del 2000. El Gobierno también mantiene conversaciones con el sector privado a través del Consejo de Fabricantes de Papua Nueva Guinea y otros órganos, como la Cámara de Comercio. No existe ningún organismo independiente que asesore oficialmente al Gobierno sobre las políticas relacionadas con el comercio, como las relativas a los aranceles y las de asistencia a la industria; esa función corresponde en principio a la Junta de Asistencia a la Industria, que, sin embargo, no la ha ejercido por carecer de la capacidad institucional necesaria.

Características y tendencias de la política comercial

Papua Nueva Guinea se convirtió de facto en parte contratante del GATT en 1960, cuando era administrada por Australia en régimen de fideicomiso de las Naciones Unidas, y se adhirió al GATT en 1994. Es Miembro de la OMC desde junio de 1996. Todo su arancel está consolidado, principalmente a tipos arancelarios máximos de 40 por ciento y 45 por ciento. En el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), Papua Nueva Guinea ha presentado Listas de compromisos sobre una amplia gama de servicios, como determinados servicios prestados a empresas y servicios de construcción, financieros y de telecomunicaciones. No es signataria de ninguno de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.

Como miembro del APEC, Papua Nueva Guinea ha asumido el objetivo de lograr para el 2020 la libertad de comercio de bienes y servicios y de inversiones en la región. También es miembro del Foro del Pacífico Sur.

Papua Nueva Guinea otorga como mínimo trato NMF a todos los Miembros de la OMC. También otorga algunas preferencias en franquicia arancelaria en el marco del Acuerdo Comercial del Grupo Melanesio "Punta de Lanza" (MSG). Esas preferencias abarcaban inicialmente las importaciones de carne de vacuno de Vanuatu y de conservas de atún de las Islas Salomón, así como las exportaciones de té de Papua Nueva Guinea a esos países. Fiji se sumó al Acuerdo en 1996, y el régimen preferencial abarca ahora más productos, como fruta, nueces, café y cemento. Las exportaciones de Papua Nueva Guinea al MSG consisten principalmente en carne enlatada, café y cemento. Sin embargo, el comercio en el marco del MSG no constituye sino una pequeña proporción del comercio total de Papua Nueva Guinea, y el Acuerdo no ha redundado en una expansión sustancial del comercio dentro de la región.

Como signataria del Convenio de Lomé, Papua Nueva Guinea recibe de la UE preferencias arancelarias sin reciprocidad y otras preferencias para muchos productos. También se le ha otorgado asistencia financiera, que ascendía a finales de 1995 a 2.800 millones de kina, principalmente para proyectos de desarrollo y para financiar los planes de sostenimiento de los precios de los productos básicos aplicados en el pasado.

Papua Nueva Guinea es parte en el Acuerdo Regional de Cooperación Comercial y Económica en el Pacífico Sur (SPARTECA), un acuerdo preferencial no recíproco que prevé el acceso en régimen de franquicia de los productos de los países insulares miembros del Foro a los mercados de Australia y Nueva Zelandia. Papua Nueva Guinea es también beneficiaria de los esquemas del SGP de la mayoría de las economías industrializadas.

Tipo e incidencia de los instrumentos de política comercial

Los aranceles constituyen el principal instrumento de política comercial de Papua Nueva Guinea. El 1º de julio de 1999 fueron objeto de una reducción generalizada, por la que el promedio (no ponderado) de los tipos NMF aplicados pasó del 20 por ciento al 9 por ciento. También se ha simplificado y racionalizado la estructura del arancel, para lo que se ha reducido el número de tipos arancelarios de seis a cuatro (cero, 30 por ciento, 40 por ciento y 55 por ciento) eliminando los derechos del 5 por ciento o del 11 por ciento aplicados a los insumos básicos e intermedios y reduciendo al 55 por ciento, con algunas excepciones, los derechos comprendidos anteriormente entre el 75 por ciento y el 125 por ciento. Con arreglo al Programa de Reducción de los Aranceles, de ocho años de duración, los tipos NMF se seguirán reduciendo gradualmente al 15 por ciento, 25 por ciento y 40 por ciento, sin excepciones, hasta el 2006, año en que se prevé que el promedio de los aranceles efectivamente aplicados será del 5 por ciento.

Sin embargo, el 1º de julio de 1999 se aumentaron los aranceles aplicados a algunos productos, por lo general al 30 por ciento o al 40 por ciento, con el fin de proteger a los productores nacionales. Esos incrementos afectaron a determinados productos alimenticios y a productos de plástico. También se mantendrán hasta el 2006 restos de elevada protección arancelaria, como los tipos aplicados actualmente al azúcar, a la caballa en conserva y a las chapas y contrachapados de madera, de 82 por ciento, 70 por ciento y 95 por ciento, respectivamente. Se redujeron a cero los tipos arancelarios elevados aplicados anteriormente a algunos productos cuya producción nacional no se consideraba viable.

Los derechos actuales y los que se prevé aplicar en el 2006 dan lugar a una considerable dispersión y a cierto grado de progresividad arancelaria. En el 2006 el promedio de los aranceles aplicados a productos agropecuarios será de 16 por ciento, mientras que los productos mineros estarán sujetos a un derecho nulo y los manufactureros del 5 por ciento. La estructura arancelaria revisada también parece ofrecer incentivos desiguales para las actividades de elaboración. En promedio, los aranceles más elevados corresponden a productos sin elaborar, y los más bajos a productos semielaborados. Eso significa que la estructura arancelaria puede desalentar las actividades de transformación, en particular las que utilizan materias primas como insumos. La aplicación de aranceles más bajos y más uniformes a los productos no elaborados podría mejorar la estructura de incentivos.

Todos los derechos, con la principal excepción de los aplicados a las bebidas alcohólicas, son ad valorem, lo que promueve la transparencia. Se recurre en forma generalizada a exenciones, otorgándolas a menudo a usuarios concretos, pero esa práctica se está racionalizando. Funciona un sistema de desgravación fiscal a la exportación, que, sin embargo, se utiliza poco, pues las devoluciones están sujetas a menudo a importantes demoras. Últimamente se han adoptado algunas medidas para mejorar el funcionamiento del sistema, por ejemplo suavizando los criterios de aprobación, y se ha propuesto que la desgravación adopte la forma de un descuento aplicable a los derechos de importación.

Papua Nueva Guinea mantiene pocos obstáculos no arancelarios oficiales al comercio. Se siguen aplicando controles y prohibiciones de importación en virtud de convenios internacionales o por razones ambientales, de salud y de seguridad. Papua Nueva Guinea no aplica embargos comerciales ni prescripciones en materia de contenido nacional a la producción dentro del país.

Papua Nueva Guinea cuenta con disposiciones antidumping y en materia de derechos compensatorios, pero apenas si se han utilizado, aunque en la actualidad se está estudiando la posibilidad de aplicar derechos antidumping a las importaciones de cemento. El principal instrumento contra las importaciones "baratas" han sido derechos específicos, aplicados principalmente a productos alimenticios. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que en el futuro se recurrirá en mayor medida a disposiciones antidumping, que administrará, en vez del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, la Comisión Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Se aplican estrictas reglamentaciones de cuarentena. Las importaciones de frutas, legumbres y hortalizas que se cultiven también en Papua Nueva Guinea están sencillamente prohibidas. También lo están las importaciones de muchos productos vegetales, como la caña de azúcar, y restringidas las de otros. Los animales vivos y algunos productos de origen animal, como la miel, la carne de cerdo, los huevos y los productos cárnicos distintos de los de cerdo, sólo pueden importarse de Australia y Nueva Zelandia (y de Vanuatu en el caso de la carne de vacuno). La carne fresca de cerdo y los productos comestibles de cerdo sólo pueden importarse de Australia, y el jamón en lata de Australia, Nueva Zelandia, Norteamérica y algunos países miembros de la UE.

Papua Nueva Guinea se propone adaptar sus normas nacionales a las internacionales; es miembro de la ISO y de la CEI. Se aplican muchas normas de Australia y de Nueva Zelandia. La mayoría de las normas responden a razones de salud y de seguridad y se aplican en particular a productos químicos y a equipo y maquinaria de construcción. Se planea establecer órganos nacionales de acreditación para las pruebas de conformidad, con arreglo a las directrices de la ISO. Se suelen aceptar los resultados de pruebas de otros países. No se aplican prescripciones importantes en materia de marcado, etiquetado o embalado.

Para adjudicaciones por importes superiores a 500.000 kina, la contratación pública se realiza a través de la Junta Central de Licitaciones. Para contratos de menor cuantía se otorga preferencia a los proveedores nacionales.

Se aplican impuestos a la exportación de hasta el 70 por ciento a la madera en rollo sin transformar. En 1997 se suprimieron los impuestos a la exportación para todos los productos marinos, con la excepción del pepino de mar. Hay que solicitar licencia para exportar productos basados en recursos naturales, como madera en rollo, que están sujetos también a directrices sobre precios mínimos de exportación. Están prohibidas las exportaciones de algunas maderas en rollo sin transformar y de roten en bruto. Otros controles de exportación responden principalmente a razones culturales, ambientales y de salud o se aplican de conformidad con convenios internacionales.

Papua Nueva Guinea no aplica contingentes de exportación ni limitaciones voluntarias de las exportaciones, y no subvenciona exportaciones. Sin embargo, se ofrecen incentivos tributarios para una amplia gama de exportaciones, como una exención de impuestos de hasta tres años sobre los beneficios de exportación y una exención sobre cualesquiera incrementos de esos beneficios durante otros cuatro años. Por estar destinados a los productos manufacturados, esos regímenes tienden a establecer un trato discriminatorio para otras exportaciones.

No se pagan subvenciones a la producción. Se ofrecen, sin embargo, concesiones fiscales para promover la inversión y la producción; además de las concesiones arancelarias, se ofrecen exoneraciones temporales del impuesto sobre la renta y otras ventajas, como disposiciones especiales de depreciación y amortización aceleradas a efectos del impuesto sobre la renta. Esos incentivos están siendo racionalizados por la Autoridad de Fomento de las Inversiones; algunas medidas, como la exoneración temporal de impuestos para la puesta en marcha de empresas en el marco de un plan de promoción de industrias de vanguardia, han sido eliminadas recientemente, aunque manteniendo los incentivos ya aplicados.

Papua Nueva Guinea no cuenta con legislación específica en materia de competencia; el Gobierno se propone introducir una política nacional de competencia. Se aplican controles de precios a diversos alimentos básicos, aunque se ha reducido sustancialmente su alcance. Ya no se aplican, por ejemplo, a los productos de bollería, a la cerveza ni a los refrescos. Se planea seguir reduciendo los controles de precios. El Gobierno también tiene intención de promover la competencia y la participación privada en el suministro de servicios esenciales.

El Gobierno está revisando los procedimientos en materia de inversiones para darles mayor transparencia y facilitar la IED. Se está introduciendo una nueva política nacional de inversiones. Importantes actividades siguen reservadas a los inversores nacionales, aunque desde 1995 no se aplican tales restricciones a las actividades manufactureras y de construcción; las autoridades están revisando la lista de actividades reservadas con miras a la eliminación gradual de las restricciones. Una vez aprobada, la IED no está sujeta a limitaciones de la propiedad extranjera. La Autoridad de Fomento de las Inversiones selecciona y aprueba las propuestas de inversión extranjera. El objetivo es centralizar los trámites en la Autoridad de Fomento de las Inversiones y facilitar la inversión sustituyendo el actual proceso de aprobación caso por caso por un sistema más sencillo de registro y supervisión posterior. Las empresas y particulares que no sean nacionales no pueden poseer tierras, pero sí arrendarlas.

Políticas sectoriales

Papua Nueva Guinea depende en medida importante de la agricultura y de los recursos naturales, en particular de la minería, la silvicultura y la pesca. La producción primaria representa algo más de la mitad del PIB, y alrededor de la cuarta parte del empleo oficial. En cambio, las manufacturas no constituyen sino un 9 por ciento del PIB. Si se incluye en el cálculo la producción de subsistencia, resalta todavía más la importancia de la agricultura, de la que depende alrededor del 85 por ciento de la población.

Las políticas sectoriales en materia de comercio y de inversiones se dirigen principalmente, además de a la minería, al desarrollo de determinadas industrias nacionales de elaboración de alimentos, madera y pescado, aunque, como se ha señalado, la estructura arancelaria tiende a desalentar las actividades de semielaboración. Entre las medidas en materia de comercio e inversiones que promueven actividades de elaboración se cuentan la aplicación de impuestos a la exportación y otros controles a la madera no transformada y al roten y los esfuerzos por condicionar en gran medida las licencias de tala a la transformación de la madera dentro del país. Las empresas nacionales de transformación gozan de preferencia en la asignación de los permisos de tala y de la primera opción de compra de la madera en rollo. Con ello se pretende conseguir que para el año 2000 se transforme dentro del país por lo menos el 30 por ciento de la madera en rollo, mientras que en la actualidad la proporción es de alrededor del 5 por ciento. La política oficial tiene por meta la prohibición de las exportaciones de madera en rollo para el año 2000. Las empresas de elaboración de chapas y contrachapados de madera también gozan de una elevada protección arancelaria, actualmente del 95 por ciento, que, sin embargo, irá disminuyendo hasta el 40 por ciento en el 2006. Cabe suponer que la combinación de subvenciones implícitas a los insumos de madera en rollo y elevados aranceles de importación supone también elevadas tasas efectivas de ayuda a los productos de madera.

El fomento de la participación nacional en las actividades de pesca de atún es el principal objetivo del Plan de Gestión del Atún de 1999. Las empresas con participación nacional mayoritaria gozan de acceso preferencial a licencias de pesca de atún. Por ejemplo, las licencias de altura para la pesca de atún para sashimi se reservan para las empresas nacionales desde 1995. Los barcos de propiedad exclusivamente nacional gozan también de preferencias adicionales tales como la exención de los derechos de licencia. En el Plan se prevé la concesión de un total de 100 licencias de pesca de atún con redes de cerco de jareta, reservando 30 de ellas, en virtud de acuerdos bilaterales, para buques de países que pescan en aguas distantes, y una disminución de la captura anual autorizada de esos buques de las alrededor de 250.000 toneladas actuales a 128.000 toneladas. Se planea reducir en un 10 por ciento anual el número de licencias destinadas a buques de países que pescan en aguas distantes.

La planta de enlatado de atún de Madang sólo puede ser abastecida por empresas pesqueras nacionales, y depende casi exclusivamente de las exportaciones en régimen de franquicia a los mercados de la UE en virtud de las preferencias del Convenio de Lomé. Ante la imposibilidad de competir con empresas de transformación más eficientes, han fracasado todos los intentos pasados de establecer flotas pesqueras regionales y actividades de elaboración del pescado en Papua Nueva Guinea y en otros lugares de la región.

Los buques de países que pescan en aguas distantes que faenan en aguas de Papua Nueva Guinea están sujetos a prescripciones obligatorias en materia de contenido nacional. Cada uno de ellos ha de hacer por lo menos tres escalas por viaje en puertos designados de Papua Nueva Guinea y comprar suministros por un monto mínimo de 90.000 dólares EE.UU. Al igual que otros países insulares vecinos, Papua Nueva Guinea ha prohibido los transbordos en alta mar y obliga a realizar esas operaciones en puertos designados de Papua Nueva Guinea. Esos controles tienden a aumentar los costos de las flotas pesqueras extranjeras y reducen su capacidad de pagar derechos de licencia elevados.

Las políticas pesqueras y forestales de Papua Nueva Guinea tienen también por objeto garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos. Las capturas pesqueras y la producción de madera son actualmente inferiores a los rendimientos sostenibles estimados. Será necesario intensificar las medidas de vigilancia para garantizar que no se rebasen los niveles autorizados por las licencias. El Gobierno está adoptando asimismo medidas para poner fin a las actividades insostenibles de tala, lo que entraña la retirada de los permisos no utilizados, puesto que se calcula que el total de los permisos expedidos representa el doble de los niveles sostenibles, y velar por que al expirar las licencias se ponga efectivamente fin a las actividades de tala.

En un intento de lograr la autosuficiencia alimentaria, se han aplicado a algunos productos agropecuarios, como el azúcar, las aves de corral, los huevos y la carne de vacuno, medidas comerciales de protección, consistentes inicialmente en prohibiciones y contingentes de importación y en la actualidad en aranceles relativamente elevados. Esas políticas no han dado apenas resultados y contribuyen a elevar los precios internos de los alimentos.

Los cultivos arbóreos tradicionales, en particular el café, la copra, el cacao y los productos de aceite de palma, siguen siendo importantes para la economía de Papua Nueva Guinea y representan una proporción sustancial de sus exportaciones. A finales del decenio de 1980, a raíz de la caída de los precios de exportación, se introdujeron en apoyo de esos productos medidas de estabilización que supusieron una ayuda sustancial a los precios. Esas medidas dejaron de aplicarse en 1999, con la excepción de un plan privado que administra la Asociación de Productores de Café. La Junta de Comercialización de la Copra, un organismo oficial, es un monopolio de venta de copra y productos del coco en el mercado interior y de exportación.

Anteriores gobiernos han promovido políticas de sustitución de importaciones por medio, si no de la propiedad estatal plena, de numerosas empresas comerciales conjuntas, con la ayuda de medidas tales como restricciones comerciales o legislación tendente a impedir la entrada de nuevos participantes. Ejemplos de esa política fueron la participación pública en las plantaciones de palma y en empresas ganaderas, así como en la explotación azucarera de Ramu y la fábrica de cemento de Halla. Sin embargo, el Gobierno ha retirado sus inversiones en algunas de esas actividades y se propone continuar la venta de sus participaciones en el marco de su programa de privatización.

El Gobierno desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los proyectos mineros. Los arriendos mineros tienen que negociarse con la administración nacional y las administraciones provinciales, además de con los propietarios consuetudinarios de la tierra. Las empresas mineras y petroleras están sujetas a tipos más altos del impuesto sobre las sociedades que las empresas de otros sectores, y por encima de determinados niveles de umbral empiezan a aplicarse impuestos adicionales sobre los beneficios. El Gobierno puede adquirir una partición minoritaria de hasta el 30 por ciento en cualquier proyecto minero o petrolero, ya sea directamente o a través de su participación del 51 por ciento en Orogen Minerals. Se cobra un canon del 2 por ciento sobre el valor de la producción minera. Se ha aplicado un gravamen sobre los beneficios del 4 por ciento para compensar la pérdida de ingresos públicos como consecuencia de la aplicación a las exportaciones de minerales de un IVA nulo, lo que permite a las empresas mineras, a diferencia de las madereras, recibir un descuento fiscal por el IVA pagado sobre los insumos.

Hasta la fecha, la elaboración de minerales dentro del país ha sido muy reducida. Se está construyendo actualmente una refinería de petróleo que se prevé que atienda a toda la demanda interior de productos del refinado de petróleo.

La mayor parte de los servicios básicos, como los de suministro de agua y electricidad, telecomunicaciones, puertos y transporte aéreo y marítimo, están a cargo de monopolios oficiales de propiedad del Estado. En 1996 se inició el proceso de transformación en sociedades de los servicios postales y de telecomunicaciones, con el establecimiento de dos entidades separadas, Telikom y Post PNG; sin embargo, Telikom seguirá siendo por ley un monopolio hasta el 2002, fecha en que Papua Nueva Guinea se ha comprometido a abrir el mercado a los proveedores extranjeros, franqueándoles el acceso a la red nacional en condiciones no discriminatorias. Post PNG sigue gozando de derechos de monopolio para la prestación de determinados servicios postales, como los de registro y seguro de artículos, aunque el reparto de correspondencia está abierto, en principio, a participantes privados. El Gobierno se propone deshacerse gradualmente del 49 por ciento de sus acciones en Telikom y Post PNG.

La concesión de licencias bancarias corresponde al Banco Central. Los bancos extranjeros pueden funcionar en Papua Nueva Guinea como filiales constituidas en el país o como sucursales extranjeras, a condición de que mantengan en el país un nivel mínimo determinado de capital. El Banco Central acepta que las sucursales en el país de bancos extranjeros reputados pueden ser supervisadas adecuadamente por los organismos de reglamentación cautelar de esos bancos en sus propios países.

Las empresas extranjeras pueden incorporarse en condiciones no discriminatorias al mercado de seguros de Papua Nueva Guinea; las compañías de seguros distintos de los seguros de vida tienen que solicitar una licencia al Comisionado de Seguros. Sin embargo, el Consorcio de Seguros de Automóviles goza del monopolio oficial de la venta de seguros de automóviles contra terceros. Aunque en principio las compañías extranjeras deben mantener todos sus riesgos dentro del país, también pueden colocarse riesgos en el extranjero previa aprobación del Comisionado de Seguros. En 1997, alrededor del 20 por ciento del importe bruto de las primas de seguros distintos de los seguros de vida se había suscrito en el extranjero.

Las compañías de seguros de vida y los fondos de jubilación no están actualmente sujetos a reglamentación. Sin embargo, se planea promulgar disposiciones que extiendan a esas empresas los mecanismos de control cautelar y refuercen los requisitos estipulados actualmente para las instituciones financieras no bancarias.

La Comisión de Valores fue establecida en 1998 para administrar la nueva legislación sobre sociedades y valores, como las disposiciones referentes al derecho de sociedades y a la constitución de empresas, así como a absorciones y adquisiciones. En 1999 empezó a funcionar la Bolsa de Papua Nueva Guinea.

Políticas comerciales e interlocutores comerciales extranjeros

Las medidas comerciales de Papua Nueva Guinea se aplican por lo general en condiciones no discriminatorias. La utilización como principal instrumento comercial del arancel, que está plenamente consolidado y ha sido simplificado, ha hecho que resulte más predecible y transparente el régimen comercial. No obstante, la economía sigue siendo relativamente débil y vulnerable a perturbaciones externas. La continuación de las reformas, con ulteriores medidas de liberalización de los regímenes comercial y de inversiones, puede aumentar la flexibilidad de la economía y mejorar sus perspectivas de lograr un crecimiento sostenible. Los interlocutores comerciales de Papua Nueva Guinea pueden facilitar el proceso de ajuste proporcionándole con carácter estable un mayor acceso a sus mercados.