El crecimiento del ingreso disponible per cápita de los costarricenses sólo ha tenido un carácter moderado, lo que en parte refleja la debilidad de los lazos establecidos hasta ahora entre las actividades orientadas hacia el interior del país y hacia la exportación, dicen los informes, y añaden que siguen existiendo restricciones que afectan a unos pocos sectores de servicios.

El informe de la Secretaría de la OMC, junto con la declaración de política formulada por el Gobierno de Costa Rica, servirán de base para el segundo examen de la política comercial de Costa Rica por el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC los días 9 y 11 de mayo de 2001.

En el informe se destaca que para mejorar aún más la distribución de recursos sería menester dar un trato más uniforme a todas las actividades, mejorar la competencia interna y abordar las insuficiencias existentes en el sector de servicios. Los importantes logros alcanzados en los últimos seis años constituyen un buen presagio de la capacidad de Costa Rica para hacer frente a estos retos y, en última instancia, conseguir y mantener avances más rápidos en los niveles de vida.

Entre 1995 y 2000, el PIB real aumentó conforme a una tasa media anual del 4,7 por ciento, dice el informe. El PIB real per cápita se incrementó conforme a una tasa media anual del 2,2 por ciento en el período 1995-2000, mientras que el ingreso nacional disponible per cápita aumentó sólo un 0,5 por ciento, diferencia que se explica en gran parte por la existencia de remesas de beneficios vinculados con las actividades de las zonas francas. Al mismo tiempo, los persistentes déficit de las operaciones del Gobierno Central y del Banco Central han mantenido el déficit fiscal público constantemente elevado. En parte como consecuencia de ello, la deuda pública total es alta y ha llegado al equivalente del 54 por ciento del PIB a fines de 2000.

En el informe se señala que desde su adhesión al GATT, en 1990, Costa Rica ha participado activamente en el sistema multilateral de comercio. Costa Rica es Miembro fundador de la OMC, y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC ha pasado a ser parte integrante de su legislación. Posteriormente, Costa Rica suscribió la Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la Información y ratificó el protocolo de servicios financieros anexo al AGCS; también participó en las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas, aunque no formuló ninguna oferta. Por otra parte, los compromisos de Costa Rica en el marco del AGCS son relativamente limitados; en general, en lo que respecta a los sectores incluidos en su Lista, sólo se consolidaron el acceso a los mercados y el trato nacional para el consumo en el extranjero.

El acceso de los productos importados al mercado de Costa Rica ha mejorado desde su anterior Examen. Entre 1995 y 2000, el arancel medio NMF se redujo de casi el 12 por ciento al 7 por ciento. Con el 15 por ciento y el 6 por ciento, respectivamente, los aranceles medios son considerablemente más elevados para los productos agropecuarios que para los industriales. Las reducciones arancelarias en virtud de acuerdos preferenciales también han contribuido a un mayor acceso al mercado de Costa Rica. Como parte de sus compromisos de acceso a los mercados en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, Costa Rica estableció contingentes arancelarios para diversos productos agropecuarios (por ejemplo, determinados productos lácteos y derivados de aves de corral). Sin embargo, los niveles relativamente bajos de utilización de dichos contingentes sugieren que no han respondido plenamente a las expectativas en cuanto a oportunidades de acceso al mercado.

Costa Rica consolidó todas sus líneas arancelarias en la OMC, con excepción de cinco de ellas, la mayor parte conforme a un tipo máximo ad valorem del 45 por ciento; entre las excepciones figuran la mayor parte de los productos agropecuarios, respecto de los cuales los tipos consolidados son en algunos casos de hasta el 233 por ciento. La reducción del amplio margen entre los tipos aplicados y los consolidados aumentaría aún más la previsibilidad de las condiciones de acceso al mercado, señala el informe.

Desde su anterior Examen realizado en 1995, Costa Rica ha fomentado la expansión de las manufacturas orientadas a la exportación mediante regímenes fiscales especiales, especialmente para los productos electrónicos al amparo del régimen de zona franca. No obstante, y pese a los esfuerzos desplegados para crear vínculos entre las actividades orientadas a la exportación y el resto de la industria nacional, hasta ahora las repercusiones han sido limitadas. Por otra parte, el fomento de estas actividades genera desventajas para otras industrias que no gozan de los mismos privilegios. Aparte de los regímenes fiscales especiales, las medidas encaminadas a fomentar la producción industrial se han centrado en la pequeña y mediana empresa.

A pesar de la disminución de su participación en el PIB, la agricultura sigue siendo un sector importante debido a su contribución al empleo y los ingresos de exportación. Un pequeño número de productos agropecuarios destinados al consumo interno reciben protección mediante aranceles superiores a la media y medidas de salvaguardia. La producción agropecuaria en general se beneficia de otras medidas de ayuda, con inclusión de incentivos fiscales y programas de financiación específicos. Pese a esta ayuda y al hecho de que la productividad de los productores costarricenses es tradicionalmente elevada, sus dos principales exportaciones agrícolas, el banano y el café, se han visto sometidas a considerables presiones en los últimos años. Esto se debe a las condiciones adversas del mercado internacional y también a la competencia de otros sectores con respecto a los factores de producción, en particular la tierra y la mano de obra.

El sector de los servicios no se vio afectado por cambios importantes entre 1995 y 2000. El turismo sigue siendo una de las actividades que atrae más divisas e inversiones, pero las ineficiencias de larga data que existen en algunos sectores de servicios imponen costos innecesarios al resto de la economía. El Estado mantiene derechos monopólicos en las actividades de seguros, telecomunicaciones y distribución de energía. Pese a una participación privada cada vez mayor en el sector de la banca, los bancos de propiedad estatal, favorecidos por las reglamentaciones vigentes, siguen dominando el sector. Al encontrarse ante una vigorosa oposición de grupos de interés, el Gobierno no pudo obtener la aprobación de la legislación que consideraba de capital importancia para modernizar algunas actividades de servicios fundamentales, en particular las telecomunicaciones. Las presiones a favor de la reforma derivan de la brecha cada vez más amplia existente entre una legislación que tiene una antigüedad de varios decenios, la evolución de la tecnología y los nuevos imperativos del mercado. Las negociaciones en materia de servicios en el marco de la OMC podrían dar un nuevo impulso al proceso de reforma, pero esto requeriría crear una mayor conciencia pública de la necesidad de mejorar la calidad y reducir los costos de los servicios bancarios, de seguros, de telecomunicaciones y de distribución de energía.

Nota para las redacciones

En los exámenes de las políticas comerciales, ejercicio prescrito en los Acuerdos de la OMC, se examinan y se evalúan a intervalos regulares las políticas comerciales y relacionadas con el comercio de los países Miembros. También se siguen de cerca los acontecimientos importantes que pueden tener consecuencias para el sistema mundial de comercio. Para cada examen se elaboran dos documentos: una exposición de políticas que presenta el gobierno del Miembro objeto de examen, y un informe detallado que redacta de manera independiente la Secretaría de la OMC. Estos dos documentos son luego examinados por el conjunto de Miembros de la OMC en el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC). Esos documentos y las actas de las reuniones del OEPC se publican poco después. Desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en 1995, los informes abarcan también las esferas de los servicios y de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

En lo que respecta al presente examen, el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales examinará el informe de la Secretaría de la OMC y la exposición de políticas elaborada por el Gobierno de Costa Rica los días 9 y 11 de mayo de 2001. El informe de la Secretaría abarca la evolución de todos los aspectos de las políticas comerciales de Costa Rica inclusive sus leyes y reglamentos internos, el marco institucional y las políticas comerciales por medida y por sector.

Se adjuntan al presente comunicado de prensa las observaciones recapitulativas que figuran en el informe de la Secretaría y algunos extractos de la exposición de políticas del Gobierno. Los periodistas pueden obtener el texto del informe de la Secretaría y de la exposición de políticas del Gobierno en el espacio destinado a los comunicados de prensa en el sitio de la OMC en Internet (www.wto.org). Estos dos documentos, el acta de los debates del OEPC y el resumen del Presidente se publicarán oportunamente en una versión encuadernada y podrán obtenerse en la Secretaría, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Desde diciembre de 1989 se han finalizado los siguientes exámenes: la Argentina (1992 y 1999), Australia (1989, 1994 y 1998), Austria (1992), Bahrein (2000), Bangladesh (1992 y 2000), Benin (1997), Bolivia (1993 y 1999), Botswana (1998), el Brasil (1992, 1996 y 2000), Burkina Faso (1998), Camerún (1995), el Canadá (1990, 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000), Chile (1991 y 1997), Chipre (1997), Colombia (1990 y 1996), las Comunidades Europeas (1991, 1993, 1995, 1997 y 2000), Corea, República de (1992, 1996 y 2000), Costa Rica (1995 y 2001), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992 y 1999), El Salvador (1996), los Estados Unidos (1989, 1992, 1994, 1996 y 1999), Fiji (1997), Filipinas (1993 y 1999), Finlandia (1992), Ghana (1992 y 2001), Guinea (1999), Hong Kong (1990, 1994 y 1998), Hungría (1991 y 1998), la India (1993 y 1998), Indonesia (1991, 1994 y 1998), Islandia (1994 y 2000), Islas Salomón (1998), Israel (1994 y 1999), Jamaica (1998), el Japón (1990, 1992, 1995, 1998 y 2000), Kenya (1993 y 2000), Lesotho (1998), Macao (1994 y 2001), Madagascar (2001), Malasia (1993 y 1997), Malí (1998), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993 y 1997), Mozambique (2001), Namibia (1998), Nicaragua (1999), Nigeria (1991 y 1998), Noruega (1991, 1996 y 2000), Nueva Zelandia (1990 y 1996), el Pakistán (1995), Papua Nueva Guinea (1999), el Paraguay (1997), el Perú (1994 y 2000), Polonia (1993 y 2000), la República Checa (1996), la República Dominicana (1996), la República Eslovaca (1995), Rumania (1992 y 1999), Senegal (1994), Singapur (1992, 1996 y 2000), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993 y 1998), Suecia (1990 y 1994), Suiza (y conjuntamente con Liechtenstein) (1991, 1996 y 2000), Swazilandia (1998), Tailandia (1991, 1995 y 1999), Tanzanía (2000), Togo (1999), Trinidad y Tabago (1998), Túnez (1994), Turquía (1994 y 1998), Uganda (1995), el Uruguay (1992 y 1998), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

  
  
Informe de la Secretaría Volver al principio

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
COSTA RICA
Informe de la Secretaría — Observaciones recapitulativas

Desde su primer Examen de las Políticas Comerciales, realizado en 1995, Costa Rica ha mejorado el acceso a su mercado, que ya estaba por lo general abierto, en particular para las mercancías; no obstante, siguen existiendo restricciones que afectan a unos pocos sectores de servicios. Desde 1995, el arancel medio se ha reducido en 5 puntos porcentuales, hasta llegar al 7 por ciento, y se ha limitado la utilización de obstáculos comerciales no arancelarios. Costa Rica ha adoptado una estrategia de liberalización que gira en torno a dos ejes y que da lugar a nuevos compromisos multilaterales y regionales. Durante el período que se examina, una estrategia orientada a la exportación, basada en concesiones arancelarias y otras concesiones fiscales, ha apuntalado un rápido cambio hacia la actividad manufacturera y una acusada expansión de las exportaciones, lo que a su vez ha contribuido a un crecimiento económico veloz pero también variable.

Sin embargo, desde 1995 el crecimiento del ingreso disponible per capita de los costarricenses sólo ha tenido un carácter moderado, lo que en parte refleja la debilidad de los lazos establecidos hasta ahora entre las actividades orientadas hacia el interior del país y hacia la exportación. Estas actividades y algunas otras se ven favorecidas por la estructura de incentivos existente, a expensas de otros sectores, en particular la producción de bienes agrícolas tradicionales de exportación. Además, el Estado mantiene una posición dominante en una serie de servicios claves, en algunos de los cuales han surgido ineficiencias a lo largo del tiempo, ya que las reglamentaciones no han mantenido el ritmo de los cambios tecnológicos y del mercado. Por consiguiente, para mejorar aún más la distribución de recursos sería menester dar un trato más uniforme a todas las actividades, mejorar la competencia interna y abordar las insuficiencias existentes en el sector de servicios. Los importantes logros alcanzados en los últimos seis años constituyen un buen presagio de la capacidad de Costa Rica para hacer frente a estos retos y, en última instancia, conseguir y mantener avances más rápidos en los niveles de vida.

Entre 1995 y 2000, el PIB real aumentó conforme a una tasa media anual del 4,7 por ciento. El crecimiento fue particularmente elevado en 1998 y 1999, cuando el PIB se incrementó conforme a una tasa media anual de un poco más del 8 por ciento. Esto se debió en gran parte a los importantes proyectos de construcción emprendidos en zonas francas y, posteriormente, al acusado aumento de las exportaciones procedentes de las nuevas instalaciones. El crecimiento económico se redujo acusadamente en el año 2000, ya que las actividades de construcción finalizaron y las exportaciones se redujeron, pero se prevé que volverán a aumentar en cierta medida en 2001. El PIB per capita se mantuvo cercano a los 4.100 dólares EE.UU. en 1999. El PIB real per capita se incrementó conforme a una tasa media anual del 2,2 por ciento en el período 1995-2000, mientras que el ingreso nacional disponible per cápita aumentó sólo un 0,5 por ciento, diferencia que se explica en gran parte por la existencia de remesas de beneficios vinculados con las actividades de las zonas francas.

Desde el anterior Examen de Costa Rica, los persistentes déficit de las operaciones del Gobierno Central y del Banco Central han mantenido el déficit fiscal público constantemente elevado. En parte como consecuencia de ello, la deuda pública total es alta y ha llegado al equivalente del 54 por ciento del PIB a fines de 2000. El déficit público se ha financiado tradicionalmente mediante la emisión de deuda interna, lo que ha ejercido presión sobre los tipos de interés internos y ha contribuido al costo relativamente alto del crédito. Las autoridades han conseguido reducir la tasa de inflación, que descendió del 23 por ciento en 1995 al 10 por ciento en 2000.

La política cambiaria ha procurado mantener la competitividad externa de los productos nacionales mediante ajustes diarios del tipo de cambio sobre la base de la diferencia existente entre la inflación de Costa Rica y de sus principales interlocutores comerciales. Desde 1995, la balanza por cuenta corriente ha registrado déficit importantes; con respecto a 1995-97, ello se debió principalmente al déficit comercial y, a partir de 1998, al aumento del déficit por concepto de servicios atribuibles a factores; este último se debió a un acusado incremento de las remesas de beneficios vinculadas con la expansión de las actividades de las zonas francas. Los déficit se cubrieron en parte mediante corrientes de inversiones extranjeras directas. La balanza comercial en los servicios no atribuibles a factores ha sido tradicionalmente positiva, debido sobre todo a las exportaciones de servicios turísticos. La estructura de las exportaciones de mercancías se ha modificado considerablemente, debido a la expansión de los componentes electrónicos y al estancamiento de las exportaciones agropecuarias. La participación de los productos agropecuarios en el total de las exportaciones descendió del 68 por ciento en 1995 a aproximadamente el 30 por ciento en 1999.

Desde el anterior Examen de Costa Rica no se han introducido cambios importantes en los regímenes de comercio y de inversiones. La principal responsabilidad en la aplicación de las políticas comerciales sigue incumbiendo al Ministerio de Comercio Exterior. Las políticas comerciales han tratado de fomentar y consolidar la integración de Costa Rica en la economía mundial. Entre 1995 y 2000, el comercio de bienes y servicios aumentó de aproximadamente el 78 por ciento al 97 por ciento del PIB.

Desde su adhesión al GATT, en 1990, Costa Rica ha participado activamente en el sistema multilateral de comercio. Costa Rica es Miembro fundador de la OMC, y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC ha pasado a ser parte integrante de su legislación. Posteriormente, Costa Rica suscribió la Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la Información y ratificó el protocolo de servicios financieros anexo al AGCS; también participó en las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas, aunque no formuló ninguna oferta. Por otra parte, los compromisos de Costa Rica en el marco del AGCS son relativamente limitados; en general, en lo que respecta a los sectores incluidos en su Lista, sólo se consolidaron el acceso a los mercados y el trato nacional para el consumo en el extranjero.

Costa Rica ha utilizado el mecanismo multilateral de solución de diferencias para proteger sus intereses comerciales. Debido en parte a los beneficios obtenidos, tanto las autoridades como el público en general tienen una impresión positiva del sistema multilateral de comercio y de sus repercusiones en los pequeños países. Los compromisos multilaterales han demostrado en el pasado ser un elemento catalizador fundamental de las reformas internas.

Costa Rica también ha participado cada vez más en los acuerdos de comercio preferencial. Es parte en el Mercado Común Centroamericano y ha suscrito acuerdos bilaterales de libre comercio con Chile, México, Panamá y la República Dominicana, y está negociando otro acuerdo con el Canadá. También participa en el proceso del Área de Libre Comercio de las Américas. Costa Rica se beneficia de varios esquemas de SGP y de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe de los Estados Unidos. Sus principales interlocutores comerciales son, en orden de importancia decreciente, los Estados Unidos, la Unión Europea, México y los países de Centroamérica. Las exportaciones costarricenses llegan a esos mercados principalmente en condiciones preferenciales. Costa Rica se adhirió al Grupo de Cairns en 1999.

El acceso de los productos importados al mercado de Costa Rica ha mejorado desde su anterior Examen. Entre 1995 y 2000, el arancel medio NMF se redujo de casi el 12 por ciento al 7 por ciento. Con el 15 por ciento y el 6 por ciento, respectivamente, los aranceles medios son considerablemente más elevados para los productos agropecuarios que para los industriales. Como parte de sus compromisos de acceso a los mercados en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, Costa Rica estableció contingentes arancelarios para diversos productos agropecuarios (por ejemplo, determinados productos lácteos y derivados de aves de corral), aunque en la mayor parte de los casos los niveles de utilización del contingente han sido bajos. Las reducciones arancelarias en virtud de acuerdos preferenciales también han contribuido a un mayor acceso al mercado de Costa Rica.

Costa Rica consolidó todas sus líneas arancelarias en la OMC, con excepción de cinco de ellas, la mayor parte conforme a un tipo máximo ad valorem del 45 por ciento; entre las excepciones figuran la mayor parte de los productos agropecuarios, respecto de los cuales los tipos consolidados son en algunos casos de hasta el 233 por ciento. La reducción del amplio margen entre los tipos aplicados y los consolidados aumentaría aún más la previsibilidad de las condiciones de acceso al mercado.

Las importaciones están sujetas a impuestos nacionales que se aplican de manera uniforme en cuanto al origen de los productos y de conformidad con el principio del trato nacional, excepto en el caso de algunas bebidas. Además, el régimen interno de comercialización de las bebidas alcohólicas discrimina entre la mayor parte de los productos importados y los nacionales.

La utilización de obstáculos comerciales no arancelarios parece ser limitada. Costa Rica mantiene varias restricciones y prohibiciones a la importación, generalmente por razones sanitarias, de seguridad o ambientales. Entre 1995 y 2000 no se aplicaron derechos antidumping o compensatorios, aunque se iniciaron cuatro investigaciones antidumping. Asimismo, con excepción de las medidas especiales de salvaguardia aplicadas al arroz y los frijoles al amparo del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, no se adoptaron medidas de salvaguardia.

No hay estimaciones sobre las repercusiones globales de los programas de fomento de la producción y las exportaciones, aunque su número y diversidad plantean cuestiones acerca de su eficacia y de las distorsiones económicas que pueden inducir. Para fomentar las exportaciones, Costa Rica mantiene varios regímenes especiales de importación, en particular el régimen de zona franca. Las subvenciones a la exportación otorgadas mediante un mecanismo de bonificaciones fiscales (Certificados de Abono Tributario) se suprimieron a fines de 1999, aunque algunas prestaciones se siguen aún pagando. Además, la producción, especialmente la que llevan a cabo las empresas pequeñas y medianas, recibe ayuda mediante numerosos programas de importancia relativamente menor, con inclusión de incentivos fiscales y planes de crédito en condiciones de favor.

A comienzos de 2001, Costa Rica aplicaba un impuesto a las exportaciones de banano; los impuestos a las exportaciones de café y de carne se suprimieron en 1999. A partir de mayo de 2000 Costa Rica ha aplicado restricciones cuantitativas a las exportaciones de café, reteniendo en el país el 20 por ciento de su oferta para la exportación. La Unión Europea concede a las exportaciones de banano de Costa Rica un acceso al mercado preferencial mediante contingentes arancelarios. El Canadá y los Estados Unidos aplican contingentes de importación a las exportaciones costarricenses de productos textiles y prendas de vestir en el marco del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC.

La legislación sobre competencia adoptada a mediados del decenio de 1990 ha dado lugar a un número cada vez mayor de medidas por parte de las autoridades responsables de la competencia. Sin embargo, la competencia sigue restringida en unos pocos pero importantes sectores. Por ejemplo, en la práctica la comercialización exterior e interna del azúcar producido en el país está controlada por un cártel. De igual modo, el Estado tiene el monopolio de la importación, refinería y distribución al por mayor del petróleo crudo, los combustibles derivados del petróleo, el asfalto y la nafta. El Estado también regula el precio de varios bienes y servicios, incluidos los servicios públicos y la comercialización de varios productos agrícolas, tales como el banano, el café y el azúcar.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) pasó a formar parte de la legislación de Costa Rica mediante su ratificación del Acuerdo de Marrakech. Posteriormente, Costa Rica ha promulgado o modificado los reglamentos nacionales conexos para armonizarlos con sus obligaciones internacionales, facilitando así su aplicación. Estas modificaciones se notificaron al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio a fines del año 2000.

Desde su anterior Examen, Costa Rica ha fomentado la expansión de las manufacturas orientadas a la exportación mediante regímenes fiscales especiales, especialmente para los productos electrónicos al amparo del régimen de zona franca. No obstante, y pese a los esfuerzos desplegados para crear vínculos entre las actividades orientadas a la exportación y el resto de la industria nacional, hasta ahora las repercusiones han sido limitadas. Por otra parte, el fomento de estas actividades genera desventajas para otras industrias que no gozan de los mismos privilegios. Aparte de los regímenes fiscales especiales, las medidas encaminadas a fomentar la producción industrial se han centrado en la pequeña y mediana empresa.

A pesar de la disminución de su participación en el PIB, la agricultura sigue siendo un sector importante debido a su contribución al empleo y los ingresos de exportación. Un pequeño número de productos agropecuarios destinados al consumo interno reciben protección mediante aranceles superiores a la media y medidas de salvaguardia. La producción agropecuaria en general se beneficia de otras medidas de ayuda, con inclusión de incentivos fiscales y programas de financiación específicos. Pese a esta ayuda y al hecho de que la productividad de los productores costarricenses es tradicionalmente elevada, sus dos principales exportaciones agrícolas, el banano y el café, se han visto sometidas a considerables presiones en los últimos años. Esto se debe a las condiciones adversas del mercado internacional y también a la competencia de otros sectores con respecto a los factores de producción, en particular la tierra y la mano de obra.

El sector de los servicios no se vio afectado por cambios importantes entre 1995 y 2000. El turismo sigue siendo una de las actividades que atrae más divisas e inversiones, pero las ineficiencias de larga data que existen en algunos sectores de servicios imponen costos innecesarios a otras actividades. El Estado mantiene derechos monopólicos en las actividades de seguros, telecomunicaciones y distribución de energía. Pese a una participación privada cada vez mayor en el sector de la banca, los bancos de propiedad estatal, favorecidos por las reglamentaciones vigentes, siguen dominando el sector. Al encontrarse ante una vigorosa oposición de grupos de interés, el Gobierno no pudo obtener la aprobación de la legislación que consideraba de capital importancia para modernizar algunas actividades de servicios fundamentales, en particular las telecomunicaciones. Las presiones en favor de la reforma derivan de la brecha cada vez más amplia existente entre una legislación que tiene una antigüedad de varios decenios, la evolución de la tecnología y los nuevos imperativos del mercado. Las negociaciones en materia de servicios en el marco de la OMC podrían dar un nuevo impulso al proceso de reforma, pero esto requeriría crear una mayor conciencia pública de la necesidad de mejorar la calidad y reducir los costos de los servicios bancarios, de seguros, de telecomunicaciones y de distribución de energía.

  
  
Informe del Gobierno Volver al principio

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
COSTA RICA
Informe del Gobierno — Parte II

Entorno de la política comercial y económica

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa, Costa Rica dio un giro importante en su estrategia de desarrollo al diseñar una política de atracción de inversión extranjera más agresiva y enfocada al ámbito de la industria de alta tecnología.

Como producto de estos esfuerzos en 1998 se empieza a percibir importantes flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia el país, los cuales llegaron a representar un 4,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1999 (620 millones de dólares EE.UU.). La instalación de estas empresas de capital externo en el territorio nacional dieron mayor dinamismo tanto al mercado interno como al sector exportador, a través de la generación de nuevas fuentes de empleo, de procesos de transferencia tecnológica y de la generación de un monto importante de divisas. La conjugación de ambos elementos permitió que durante los últimos seis años Costa Rica experimentara un crecimiento promedio de 4,7 por ciento, con tasas superiores al 8 por ciento durante dos años consecutivos (1998 y 1999) y que la IED financiara gran parte del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.

El sector externo, otro de los ejes del crecimiento económico costarricense, presentó de 1995 al 2000 un incremento promedio superior al 13 por ciento, cuatro puntos porcentuales por encima del aumento promedio de las importaciones. La consolidación del proceso de apertura en la segunda mitad del pasado decenio, la eliminación de barreras al comercio exterior y el estrechamiento de las relaciones con importantes socios comerciales son factores que han contribuido a explicar el papel medular que juega el sector externo para Costa Rica. Esta mayor apertura de la economía se observa más claramente en términos de la producción nacional, pues mientras en 1990 el comercio de bienes y servicios representaba el 70,8 por ciento del PIB, al cierre de la década esta razón ascendió a 96,6 por ciento.

Las exportaciones de bienes crecieron en promedio un 13,4 por ciento durante el último quinquenio de la década de los noventa, impulsadas principalmente por la industria manufacturera (21,7 por ciento en promedio) que ha llegado a representar poco más de las tres cuartas partes de las exportaciones totales del país. La mayor parte de las exportaciones industriales provienen del sector electrónico, textil y de medicamentos. Por su parte, en el sector agrícola -el más afectado por las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional- el banano y el café continúan destacándose, mientras que la piña, el melón y las plantas y los follajes cobran cada vez mayor relevancia.

El comercio exterior de servicios, aunque en menor medida que el de bienes, también ha experimentado un aumento a lo largo de los últimos seis años, al pasar de representar un 15,6 por ciento del PIB en 1995 a 19,1 por ciento en el 2000. En este ámbito, la actividad turística generó una cantidad importante de recursos que le permitió al país disfrutar de superávit sucesivos en la cuenta de servicios en la balanza de pagos durante los últimos seis años. Este sector que explica cerca del 62 por ciento de la producción interna está concentrado principalmente en las actividades de comercio; inmobiliarias, empresariales y de alquiler, así como en las áreas de transporte y almacenamiento; enseñanza; hoteles y restaurantes; construcción y el sector salud.

Sin embargo, pese a lo satisfactorio de las políticas de atracción de inversión y de incorporación de la economía costarricense al mercado internacional, persiste un desequilibrio importante en las finanzas públicas. La aprobación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el vencimiento de los denominados Certificados de Abonos Tributario y los esfuerzos por mejorar la recaudación empezaron a mostrar signos positivos por el lado de los ingresos hacia finales del 2000. Estas políticas han sido complementadas con un proceso de ingeniería financiera en el que se sustituyó deuda interna por externa, con el fin de alivianar el pago por concepto de intereses del primer rubro. El déficit del sector público de 1995 al 2000 se ha mantenido cercano al 3 por ciento del PIB, en tanto la deuda interna absorbe a este último año una tercera parte de la producción del país.

La situación financiera del sector público, sin embargo no ha impedido que los esfuerzos por mantener la estabilidad sean efectivos. Después de experimentar una tasa anual de aumento en los precios al consumidor de 22,6 por ciento en 1995, la inflación ha logrado reducirse a 10,3 por ciento en el 2000.