El comercio ilícito perjudica a las sociedades y obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo. Además de socavar la actividad empresarial legítima, fomenta la corrupción y priva a los Gobiernos de posibles ingresos fiscales necesarios para invertir en la sociedad. Por ello, la Secretaría de la OMC, bajo la conducción de la Directora General Ngozi Okonjo-Iweala, ha examinado el modo en que las normas de la Organización ayudan a los Miembros a hacer frente a algunos de los desafíos que plantea este tipo de comercio.

En una publicación reciente sobre la lucha contra el comercio ilícito de productos médicos, la Directora General Okonjo-Iweala destacó que se necesitaban esfuerzos mayores para profundizar la cooperación internacional y prestar la asistencia técnica necesaria para fortalecer la capacidad de los Miembros de luchar contra el comercio ilícito.

Sobre la base de esta labor, la Secretaría de la OMC ha puesto en marcha una nueva publicación sobre el comercio ilícito de alimentos y fraude alimentario para abordar el papel que podría desempeñar la OMC a fin de ayudar a abordar esta cuestión. La publicación se basa en los conocimientos técnicos de una gama diversa de organizaciones, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Federación Internacional de Semillas, la SSAFE — organización sin fines de lucro que se ocupa de la inocuidad de los alimentos —, la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, a fin de examinar esta cuestión desde diversas perspectivas y poner de relieve las estrategias para hacer frente al comercio ilícito de alimentos y fraude alimentario.

El comercio ilícito y el fraude en el sector agroalimentario tienen un efecto perjudicial para diversas partes interesadas, desde los consumidores, los agricultores y las agroindustrias hasta los organismos de reglamentación y otros operadores de la industria alimentaria. Aunque el costo global del fraude para la industria alimentaria es difícil de determinar dada la naturaleza clandestina de la actividad, las estimaciones anuales oscilan entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, sin incluir las pérdidas asociadas al comercio ilícito de bebidas alcohólicas.

Las repercusiones del comercio ilícito pueden tener gran alcance, y afectan a diferentes segmentos de la sociedad y a la economía. El comercio ilícito de alimentos y fraude alimentario causa pérdidas económicas a las empresas legítimas mediante la pérdida de ventas y de la confianza de los consumidores. Los Gobiernos no solo pierden valiosos ingresos como consecuencia de la evasión fiscal, sino que también incurren en costos en la lucha contra la falsificación y el contrabando.

Los alimentos y bebidas fraudulentos y falsos dañan la salud y la seguridad públicas. Los productos alimenticios adulterados o contaminados pueden plantear graves riesgos para la salud de los consumidores y tener consecuencias mortales. Incluso los productos falsificados que no causan daño pero que no contienen los ingredientes anunciados suponen un fraude para los clientes y menoscaban la confianza de los consumidores en la cadena de suministro de los alimentos.

El conjunto de normas de la OMC ofrece a los Miembros una serie de instrumentos jurídicos que pueden ayudar a combatir el comercio ilícito de alimentos y el fraude alimentario. Es de particular importancia para la inocuidad de los alimentos el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la OMC, que permite a los Miembros de la OMC regular las importaciones de alimentos sobre la base de criterios científicos y técnicas de evaluación del riesgo, así como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), que permite a los Miembros abordar las prácticas que puedan inducir a error en los productos comercializados.

En el acto de presentación de esta publicación, escuché muchas ideas nuevas de Embajadores de la OMC y otras personas para las próximas etapas de la OMC en esta esfera. Entre ellas figuran la celebración de conversaciones con la Organización Mundial de la Salud para implicar a la comunidad sanitaria, examinar las medidas adoptadas por los Gobiernos para luchar contra el comercio ilícito en el contexto del proceso de examen de las políticas comerciales de la OMC, y aprovechar los debates sobre la Ayuda para el Comercio de la OMC a fin de luchar contra el comercio ilícito. Entre otras propuestas cabe citar la exploración de la cooperación aduanera transfronteriza para combatir el fenómeno, el estudio de los efectos de las crecientes actividades de comercio electrónico en el comercio ilícito de alimentos y el fraude alimentario, y la continuación del debate sobre el asunto en los Comités OTC y MSF. Dichos debates son especialmente importantes en vista de la nueva norma del Codex sobre el fraude alimentario que se está negociando. Naturalmente, cualquier acción futura en esta esfera tendrá que ser acordada por los Miembros de la OMC.