China — Disposiciones de contenido nacional de las medidas de ciberseguridad

Los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón expresaron que los requisitos de contenido nacional de China sobre los bienes en relación con las medidas de ciberseguridad restringen la capacidad de las empresas chinas de adquirir tecnología de su elección y reduce el acceso al mercado de los inversores extranjeros. Los Miembros manifestaron que esto infringiría las obligaciones de China hacia la OMC de tratar los bienes nacionales y los bienes importados con igualdad, lo cual se conoce como el principio del trato nacional.

El Acuerdo sobre las MIC y el artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 prohíben el requisito de que las empresas adquieran o usen productos especificados en términos de producción local.

Los Estados Unidos le solicitaron a China que aclare de qué manera el nuevo proyecto de medida aborda las inquietudes planteadas en reuniones anteriores del Comité. Esta cuestión se planteó por primera vez en junio de 2016.

China dejó claro que su ley de ciberseguridad y las medidas relacionadas no contienen requisitos de contenido nacional, sino que están motivadas por la seguridad nacional, la economía, la salud pública y motivos de salud, y no tienen por objetivo restringir el acceso al mercado de las empresas extranjeras. La delegación añadió que al haber solicitado la opinión pública a lo largo del desarrollo del proyecto de medida, se cumplió con la obligación de transparencia derivada de los Acuerdos de la OMC.

Indonesia — Medidas de localización para dispositivos médicos y farmacéuticos, entre otras cosas

Los Estados Unidos expresaron preocupación por el hecho de que determinadas medidas cuestionables permanecen vigentes después de casi diez años de debates y han sido complementadas por medidas nuevas, incluidas las pertinentes a dispositivos médicos y farmacéuticos. Sin embargo, acogió positivamente el compromiso reciente de Indonesia de revisar las medidas de forma exhaustiva. Las medidas atañen a la energía (minería, petróleo, gas y energía solar, en particular), la industria, las telecomunicaciones, la agricultura y los sectores farmacéuticos y minoristas.

Los Estados Unidos instaron a Indonesia a volver a considerar las medidas, para no restringir el flujo de bienes extranjeros en el país, incluidos aquellos de otros países en desarrollo. De acuerdo con los Estados Unidos, ejemplos tales como la exigencia a las empresas de construir fundidoras y la imposición de un 80 % de contenido de Indonesia para los productos minoristas están socavando la reputación de Indonesia entre los inversores extranjeros y creando incertidumbre.

Las preocupaciones planteadas por los Estados Unidos fueron compartidas por Australia, la Unión Europea, el Japón, el Taipei Chino y Suiza. En particular, destacaron una presunta inconsistencia de las medidas con el principio del trato nacional e instaron a Indonesia a adaptar sus medidas de modo que respeten el Acuerdo sobre las MIC.

También se le solicitó a Indonesia que aclarara de qué manera los requisitos para productos farmacéuticos en particular se verían limitados a aquellos adquiridos con fines gubernamentales (y, por lo tanto, no infringirían el Acuerdo sobre las MIC). Este aspecto particular se está debatiendo desde octubre de 2018.

Indonesia afirmó que las inversiones extranjeras en el país continúan siendo sólidas, y aumentaron de cuatro mil millones de dólares en 2016 a veintitrés mil millones de dólares estadounidenses en 2017, y alcanzaron los seis mil millones de dólares solamente en el primer trimestre de 2019. Indonesia expresó que las medidas tienen como propósito satisfacer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular, en términos de mejora de la salud pública, y añadió que está elaborando respuestas para las preguntas de los Miembros.

Medidas de Rusia sobre la política de sustitución de importaciones

Los Estados Unidos expresaron que están esperando a obtener noticias de Rusia sobre su presunta expansión de medidas de localización, entre otras cuestiones. Los Estados Unidos, además, cuestionaron la compatibilidad de la prioridad asignada por empresas privadas a bienes que proceden de Rusia con las normas de la OMC.

La Unión Europea reiteró sus inquietudes planteadas desde que esta cuestión se planteó por primera vez, en junio de 2016. La Unión Europea expresó que los Acuerdos de la OMC prohíben las medidas que discriminan entre operadores nacionales y operadores extranjeros, es decir, aquellas que conceden procedimientos especiales de autorización o mejores precios a las empresas rusas. La Unión Europea también expresó preocupaciones por la legislación rusa sobre la pesca y la conservación de recursos biológicos acuáticos, según la cual las subvenciones en forma de contingentes de pesca parecen otorgarse a empresas que usan embarcaciones fabricadas por Rusia.

Los Estados Unidos también le solicitaron a Rusia que brinde aclaraciones sobre su nueva estrategia en cuanto a la industria de automóviles, incluida su compatibilidad con el Acuerdo sobre las MIC, después de que Rusia aceptó eliminar su programa de incentivos a la inversión en automóviles de forma gradual para julio de 2018.

Rusia reiteró que las herramientas que está utilizando son compatibles con las normas de la OMC y con sus compromisos establecidos al unirse a la Organización en el año 2012, y que las medidas en cuestión atañen a los bienes adquiridos por entidades gubernamentales. Rusia también reiteró que los programas de incentivos a la inversión en automóviles han sido rescindidos, y que no existen planes para desarrollar nuevas medidas que lo reemplacen, como se mencionó anteriormente en consultas con Miembros interesados de la OMC.

Régimen reforzado de Argentina para apoyar su industria de piezas de automóviles

México y la Unión Europea expresaron que el programa de Argentina que otorga ventajas fiscales a empresas privadas que favorecen las piezas de automóviles nacionales distorsiona el comercio y es incompatible con el Acuerdo sobre las MIC, y solicitaron su anulación. También le solicitaron a Argentina que brindara más detalles sobre el programa, los desarrollos legislativos recientes y su implementación.

Argentina dijo que solo seis empresas fueron elegibles para el programa desde que la ley entró en vigor en 2016 y que, en caso de desarrollar informes que analicen el impacto de las medidas, compartiría los resultados.

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La próxima reunión del Comité de MIC está programada para noviembre de 2019.