DIRECTORA GENERAL ADJUNTA ANGELA ELLARD

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Doy las gracias por la invitación a la Global Trade Academy, integrada en el Instituto de Derecho Económico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.  Me complace enormemente ver lo mucho que se ha ampliado este evento a lo largo de los años desde que participé en él por primera vez.  Es un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes, y más aún por tratarse de un acto presencial, después de unos años de actividades virtuales.

¿Qué es lo primero que les acude a la cabeza cuando piensan en el comercio internacional? ¿Tal vez los aspectos prácticos del comercio, como, por ejemplo, los grandes buques portacontenedores de los puertos de Shanghái, Los Ángeles o Rotterdam? ¿O acaso las diferencias comerciales, como Estados Unidos — Productos de acero y aluminio, Estados Unidos — Lavadoras, o las diferencias sobre Grandes aeronaves civiles, todas ellas relacionadas con el comercio de mercancías?

¿O quizá las microplaquetas semiconductoras, que desde hace un tiempo tanto preocupan a los responsables de la formulación de políticas?

Todas ellas son buenas respuestas. Sin embargo, hoy día el comercio internacional guarda cada vez más relación con bienes intangibles, productos que no podemos ver ni tocar, pero que representan una gran proporción del PIB de muchos países. En 2021, por ejemplo, los servicios generaron casi el 78% del PIB de los Estados Unidos.  Análogamente, alrededor de la mitad del PIB de la India y China procede de los servicios.

En 2021, las exportaciones mundiales de servicios se cifraron en USD 6 billones, lo que representa algo más de una quinta parte del total del comercio mundial de bienes y servicios, y calculamos que, de aquí a 2040, la participación de los servicios en el comercio mundial podría llegar a ser de una tercera parte.  Y eso es solo una perspectiva parcial, puesto que no abarca todas las maneras distintas en que los servicios son objeto de comercio. En esta estimación no se incluye, por ejemplo, el modo 3, la presencia comercial.

Una parte significativa de este aumento se debe a los avances tecnológicos, que han hecho posible la prestación de servicios a distancia. Ahora, para nosotros, es una práctica corriente reproducir música en línea con Spotify, seguir un curso de idiomas en Babbel, o echar el resto en una clase de gimnasia a distancia con un entrenador extranjero.  Las exportaciones de servicios prestados digitalmente se han triplicado con creces desde 2005. Entre 2005 y 2019, la tasa media de crecimiento anual de los servicios prestados digitalmente superó el 7%. En cambio, otras exportaciones de servicios crecieron menos del 6%, y las de bienes menos del 5%.  Esta tendencia se aceleró aún más durante la pandemia: las exportaciones de servicios prestados digitalmente aumentaron un 30% en 2021, en comparación con 2019.

Desde hace años oímos hablar del fin de la globalización (o la desglobalización).  Pero, parafraseando a Samuel Clemens, la noticia de esta muerte ha sido un tanto exagerada.  Podría decirse más bien que la naturaleza de la globalización está cambiando, y el comercio en bienes intangibles, como los servicios, desempeña un papel cada vez más importante.  El comercio de servicios seguirá en aumento a medida que entremos en la era de “la globalización intangible”, término acuñado por funcionarios noruegos. También vemos posibilidades en la digitalización del comercio mediante innovaciones como la financiación digital, las declaraciones de aduana electrónicas y las herramientas de gestión de suministros asistidas por inteligencia artificial, que pueden reducir en un 6% los costos del comercio.

Sin embargo, para aprovechar plenamente todas estas posibilidades del comercio digital, así como el valor y el crecimiento que aporta, debemos resolver un par de asuntos.  En primer lugar, tenemos que salvar la brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Dentro de un momento volveré sobre esta cuestión.  En segundo lugar, también tenemos que abordar los numerosos obstáculos al comercio de servicios existentes, como los impedimentos a los pagos y al flujo de datos transfronterizos, los requisitos de presencia comercial para prestar servicios, y las restricciones a la inversión extranjera y a la capacidad de las personas para desplazarse al extranjero a fin de prestar servicios. A este respecto, quiero señalar la importante labor llevada a cabo conjuntamente por la OMC y el Banco Mundial para estudiar y cuantificar las políticas en materia de comercio de servicios en alrededor de 130 economías, en particular la información sobre todas esas clases de políticas. Esa información está a disposición del público en el sitio web de la OMC.

El actual marco de la OMC que regula el comercio de servicios y tecnología se estableció en 1995, lo que equivale a años luz desde el punto de vista tecnológico.  Los Miembros de la OMC están trabajando para mejorar los instrumentos vigentes y elaborar otros nuevos que reflejen la naturaleza cambiante del comercio.

Procederé a explicar con más detalle algunos aspectos de este trabajo.

Moratoria sobre el comercio electrónico y programa de trabajo

Empezaré por la labor que nuestros Miembros han estado llevando a cabo en el plano multilateral.

En nuestra Duodécima Conferencia Ministerial (CM12), celebrada el pasado mes de junio, los Miembros de la OMC acordaron por consenso prorrogar la moratoria de larga data sobre la imposición de derechos de aduana a las transmisiones electrónicas, que se ha renovado periódicamente desde 1998.  Esta cuestión apenas atrae la atención del público en general, pero muchas empresas la consideran sumamente importante, porque mantiene un entorno de políticas comerciales que apoya el comercio electrónico en su conjunto, en lo que respecta no solo a los derechos, sino también a los obstáculos no arancelarios y los trámites burocráticos.

El principal motivo de desacuerdo entre los que apoyan la prórroga de la moratoria y los que se oponen a ella guarda relación con su alcance y sus posibles efectos económicos.  Por un lado, algunos países en desarrollo consideran que la moratoria impide el aumento de los ingresos aduaneros.  Según algunos estudios, la cuantía de los ingresos perdidos se sitúa en una franja entre USD 280 millones y USD 10.000 millones al año.  Por otro lado, los países desarrollados y muchos países en desarrollo sostienen que los posibles ingresos arancelarios adicionales quedarían contrarrestados por las consecuencias económicas negativas que sufriría el país en cuestión en forma de subida de los precios y reducción del consumo, lo que frenaría el crecimiento del PIB y disminuiría los ingresos fiscales.

La prórroga de la moratoria será una de las cuestiones que tendrán que abordar los Ministros de Comercio en nuestra Decimotercera Conferencia Ministerial, que se celebrará en Abu Dhabi el próximo mes de febrero. Así pues, los debates continuarán los próximos meses para abordar la diferencia entre estas dos posiciones.  

En la CM12, los Ministros también convinieron en revitalizar la labor en el contexto del Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico, un marco de larga data para que los Miembros deliberen sobre todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico mundial que afectan al comercio.  En esta labor ocupan un lugar destacado las cuestiones relacionadas con el desarrollo.  En particular, los Miembros han estado debatiendo sobre la brecha digital desde el punto de vista de la infraestructura digital, la conectividad, la asequibilidad y la creación de capacidad.

Nuestra investigación conjunta con el Banco Mundial indica que la mejora del acceso a la tecnología sería especialmente beneficiosa para las mujeres y las mipymes (un 38% de las cuales son propiedad de mujeres).  Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2022, solo un 19% de las mujeres de los países menos adelantados (PMA) y un 50% de las de los países en desarrollo utilizan Internet, en comparación con el 86% en el mundo desarrollado.?El acceso a un teléfono inteligente, Internet y las competencias digitales pertinentes puede ayudar a las mujeres a acceder a la financiación, iniciar una actividad comercial, vender productos en mercados nuevos, y obtener o prestar servicios sanitarios y educativos.  Eso a su vez beneficia a las familias y las comunidades. Un mejor acceso a Internet tiene un efecto multiplicador en el desarrollo, en particular porque permite sortear otras tecnologías que ya están quedando obsoletas.

Iniciativas plurilaterales

Los esfuerzos encaminados a actualizar las normas de la OMC sobre los servicios y la economía digital también se llevan a cabo mediante iniciativas conjuntas entre grupos de Miembros, o “coaliciones de voluntades”, en lugar de negociaciones multilaterales.  Los negociadores están aplicando este enfoque, inicialmente plurilateral, porque tratan de lograr una cobertura de una amplitud y una profundidad que no han sido posibles a nivel multilateral, aunque los participantes confían en que todos los Miembros acaben participando. 

Antes de describir estas iniciativas, debo señalar que algunos Miembros de la OMC no apoyan estos arreglos o ni siquiera las correspondientes negociaciones, porque consideran que la OMC únicamente debería participar en iniciativas multilaterales.  Los partidarios, por el contrario, se remiten a nuestros documentos fundacionales para demostrar que los acuerdos plurilaterales forman parte de la estructura de la OMC, que a menudo son la única manera de avanzar en determinadas cuestiones y que pueden dar lugar a acuerdos multilaterales en el futuro, cuando el resto de los Miembros estén preparados.

En la OMC hay en marcha tres iniciativas conjuntas cuyo objetivo es elaborar nuevas disciplinas sobre los servicios, el comercio digital y las inversiones.

En primer lugar, en 2021, 70 Miembros de la OMC que representaban un 92,5% del comercio de servicios mundial concluyeron las negociaciones sobre la reglamentación nacional en el ámbito de los servicios y en la actualidad están en proceso de aplicación del acuerdo. Por razones justificadas, muchos sectores de servicios están muy reglamentados y exigen que los proveedores de servicios obtengan licencias, certificaciones o permisos para demostrar su capacidad de prestar el servicio de conformidad con esta reglamentación. Pensemos, por ejemplo, en los servicios financieros. Pero la administración de esa reglamentación puede ser compleja y poco transparente, lo que dificulta a los proveedores de servicios extranjeros desenvolverse en el entorno reglamentario.

La finalidad de esta iniciativa es simplificar los procesos de autorización, reducir los trámites burocráticos y aumentar la transparencia y la previsibilidad para los proveedores de servicios, en particular las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes).  Se prevé que estas nuevas normas ayuden a reducir los costos del comercio de servicios mundial en más de USD 150.000 millones al año.

Esta iniciativa representa un hito, ya que por primera vez en la historia de la OMC se incluye una disposición sobre la igualdad de género en el texto correspondiente a un resultado de la Organización.  En concreto, los Miembros se han comprometido a no discriminar entre hombres y mujeres en sus reglamentaciones sobre servicios, allanando el camino para el empoderamiento económico de las mujeres mediante su participación en el comercio de servicios. Estamos especialmente orgullosos de este resultado.

Debo señalar que la aplicación del acuerdo sobre la reglamentación nacional se ha complicado a causa de una objeción de la India y Sudáfrica a la presentación de las listas de servicios actualizadas, en relación con la cuestión de si las iniciativas plurilaterales son apropiadas en el marco de las negociaciones de la OMC, como he mencionado antes.  Los Miembros están celebrando consultas, y confiamos en que la cuestión se resuelva en breve.

Una segunda esfera de la labor de la OMC que actualmente está captando bastante atención es la iniciativa conjunta sobre el comercio electrónico en curso, también plurilateral.  Ochenta y ocho Miembros de la OMC, entre ellos muchos países en desarrollo y unos cuantos PMA, participan en este esfuerzo encaminado a elaborar normas básicas para regular la economía digital mundial.  Los participantes tratan de establecer disciplinas comunes para facilitar las transacciones a distancia y consolidar la confianza en los mercados digitales. Las disciplinas examinadas abordan, por un lado, las cuestiones relacionadas con la facilitación del comercio, como las firmas electrónicas, la protección de los consumidores en línea y el comercio sin papel y, por otro lado, las medidas restrictivas del comercio en la esfera digital, como el flujo transfronterizo de datos y la localización de datos.  Los participantes tienen la intención de concluir estas negociaciones en su mayor parte para finales de año.

Cabe señalar que los Miembros que participan en la iniciativa reconocen la importancia de velar por que el comercio sea inclusivo y de abordar los obstáculos que afrontan los países en desarrollo y los países menos adelantados que tratan de beneficiarse de la economía digital.  A este respecto, el ‘Marco de Creación de Capacidad sobre el Comercio Electrónico’, puesto en marcha por Australia, el Japón, Singapur y Suiza, es una medida fundamental para fortalecer la inclusión digital y ayudar a aprovechar las oportunidades del comercio digital.  El Marco ofrecerá una amplia gama de asistencia técnica, formación y creación de capacidad con miras a apoyar la participación de los países en desarrollo en las negociaciones sobre el comercio electrónico.

En la tercera iniciativa de la OMC, más de 110 Miembros de la Organización (más de dos tercios) han estado trabajando arduamente para llegar a un acuerdo sobre la Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo, que ayudaría, en particular a los Miembros en desarrollo, a mejorar su entorno de inversión y a atraer, retener y ampliar la inversión extranjera directa. La pandemia y la guerra en Ucrania han debilitado las corrientes mundiales de inversión extranjera directa, y se prevé que este acuerdo ayude a los países a captar nuevas inversiones, en particular en las esferas de los servicios y la economía digital. Para alcanzar este objetivo, el acuerdo aspira a aumentar la transparencia y la previsibilidad de las medidas en materia de inversiones; acelerar y racionalizar los procedimientos de autorización relacionados con las inversiones; mejorar la cooperación internacional y el intercambio de información; y promover las inversiones sostenibles. El acuerdo tiene además un fuerte componente de desarrollo. Por ejemplo, paralelamente a las negociaciones, los Miembros participantes están trabajando en la evaluación de las necesidades para ayudar a los países en desarrollo Miembros y a los PMA Miembros a identificar sus lagunas en la aplicación, así como sus necesidades en materia de asistencia técnica y creación de capacidad para aplicar el acuerdo. Según unas estimaciones preliminares, el Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo podría aumentar el bienestar mundial entre el 0,56% y el 1,74%, según el alcance de un posible trato, siendo los países de ingreso bajo y mediano los que se beneficiarían de un mayor aumento del bienestar. Es posible que dispongamos de un acuerdo sobre el texto muy pronto, ya que los Miembros participantes tienen la intención de concluir las negociaciones sobre el texto para mediados de 2023.

Además de estas tres iniciativas, algunas asociaciones de la rama de producción están presionando para ampliar la lista de los productos comprendidos en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), una serie de dos acuerdos plurilaterales que reducen los derechos aplicables a los productos de tecnología de la información.  Durante la pandemia, docenas de productos comprendidos en el ATI2, como los oxímetros de pulso, desempeñaron un papel fundamental para salvar vidas.  Además, el acceso a los productos de tecnología de la información y la infraestructura de las telecomunicaciones es primordial para la participación de las pequeñas empresas en el comercio electrónico.  En otras palabras, ampliar el alcance del ATI también estimularía el comercio de servicios.

Además de estas iniciativas, nuestros Miembros están manteniendo debates sobre cuestiones relacionadas con la tecnología en diversos comités especializados.  Por ejemplo, los Miembros vienen notificando cada vez más al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC medidas que afectan a los productos digitales, el comercio electrónico y la ciberseguridad.  El nivel de interés por estos temas es tan alto que, en su próxima reunión de junio, el Comité celebrará sesiones temáticas sobre los desafíos y las mejores prácticas actuales en algunas de estas esferas.

Tecnología y transición verde

Permítanme ahora referirme brevemente al papel de la tecnología en la transición verde. 

A menudo se considera que el comercio contribuye al cambio climático debido a las emisiones resultantes de la producción y el transporte de mercancías.  Pero este punto de vista es parcial, porque el comercio internacional — y la OMC como guardiana de las normas comerciales multilaterales — puede formar parte de la solución para contribuir al logro de los objetivos climáticos.

Para efectuar la transición a una economía de bajas emisiones de carbono, los países necesitan un acceso asequible a las tecnologías avanzadas.  Y la apertura del comercio desempeña un papel fundamental para proporcionar ese acceso. La reducción de los obstáculos al comercio de bienes y servicios ambientales contribuiría a facilitar la transferencia y el despliegue de tecnologías para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. Las turbinas eólicas, los paneles solares, los calentadores de agua solares, las turbinas hidroeléctricas y los equipos para la producción de biogás tienen que atravesar las fronteras de la manera más libre posible si queremos alcanzar nuestros objetivos climáticos.

Según el análisis que hemos realizado en la OMC, la eliminación de los aranceles y la reducción de las medidas no arancelarias sobre determinados bienes ambientales relacionados con la energía y los productos ambientalmente preferibles permitirían aumentar las exportaciones globales de estos productos en un 5% y un 14%, respectivamente, de aquí a 2030.  Este impulso en la utilización de tecnologías inocuas para el clima podría dar lugar a una reducción de las emisiones netas de carbono del 0,6%.

El comercio de bienes ambientales está estrechamente unido a los servicios relacionados con el medio ambiente. La instalación y la explotación de tecnologías limpias suelen ser complejas y requieren competencias específicas, que en ocasiones resultan difíciles de obtener en determinados países. La eliminación de los obstáculos a los servicios relacionados con el medio ambiente, como los servicios de consultoría e ingeniería ambiental o de conservación del suelo, también puede contribuir a disminuir los costos de los proyectos cuyo fin es reducir las emisiones.

La apertura de los mercados también puede ser una poderosa herramienta para el desarrollo económico al generar crecimiento económico y empleo.  Por ejemplo, el costo de instalación de módulos fotovoltaicos en los tejados representa aproximadamente el 60% del importe total, con lo que, gracias a la liberalización de los aranceles, creamos una amplia gama de puestos de trabajo.  Cada vez se están creando más puestos de trabajo (sobre todo en África) en el sector de la energía renovable descentralizada fuera de la red, lo que a su vez impulsa el empleo en el sector agroalimentario, la atención sanitaria, las comunicaciones y el comercio local, entre otros.

La OMC, gracias a su amplia composición, que incluye países con distintos sistemas políticos y niveles de desarrollo, constituye un foro excepcional para entablar debates sobre la reducción de los obstáculos a los bienes y servicios relacionados con el medio ambiente y facilitar la cooperación internacional, lo que es fundamental para la transición verde.

Pero no todo es de color de rosa en el mundo del comercio y la tecnología.  De hecho, la última observación que quiero formular es que muchas de las actuales tensiones comerciales también se derivan de la tecnología.  Para un gran número de países, la tecnología es un elemento central de la política exterior, la seguridad nacional y económica y las fricciones geopolíticas, y estas tensiones son cada vez más profundas. 

En los dos últimos años, hemos sido testigos de intentos de “relocalización en territorio propio”, “relocalización en países vecinos” o “relocalización en países amigos” de las cadenas de suministro de tecnología sensible, lo que ha alimentado el discurso de la desglobalización.  Habida cuenta de las tensiones a las que han estado sometidas las cadenas de suministro mundiales, primero a causa de la pandemia y después a causa de la guerra en Ucrania, la tentación de hacer negocios únicamente con “amigos” (se definan estos como se definan) es comprensible, aunque suponga un pequeño incremento de los costos, o incluso un aumento elevado.  Pero las consecuencias de llevar esta tendencia demasiado lejos serán contraproducentes: menor resiliencia, mayores vulnerabilidades y mayor exposición a las perturbaciones.  Esto es particularmente cierto en vista de la frecuencia e intensidad crecientes de las catástrofes naturales y causadas por el ser humano, como los episodios meteorológicos extremos y los fenómenos derivados del cambio climático, la pandemia y los conflictos armados.

Es un hecho que ningún país ni grupo de países es capaz de producir de todo, ni siquiera una mayoría de los productos, a nivel nacional.  La clave de la resiliencia de las cadenas de suministro reside, por tanto, en que haya una mayor cooperación internacional y en que las cadenas se diversifiquen más, no menos.

Además, han de considerarse otras consecuencias no deseadas del aislacionismo: estudios preliminares realizados en la OMC muestran que una disociación de la economía mundial en dos bloques, en contraposición a una mayor liberalización, entrañaría una disminución de la renta real a nivel mundial de un 8,7% en promedio.  Y la cifra es más elevada para los países en desarrollo y los PMA: el 10,1% y el 11,3%, respectivamente.  El alto costo de la fragmentación pone de manifiesto que el impulso hacia la globalización no puede ni debe pasarse por alto, pese a las presiones existentes hacia el aislacionismo y la autosuficiencia, en particular en la esfera de la tecnología.

Para concluir, deseo reiterar que el futuro de la globalización lo determinarán los servicios y la digitalización, incrementándose la presencia de la tecnología no ya de manera aritmética sino exponencial.  Para asegurarnos de que aprovechamos los beneficios de ese segundo auge de la globalización, debemos asegurarnos de que disponemos de unas normas adecuadas que regulen los servicios y la economía digital a escala mundial.  Y es ahí donde interviene la OMC.

Muchas gracias por su atención.

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