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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: DIFERENCIA DS316

Comunidades Europeas y determinados Estados miembros — Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles


El presente resumen ha sido preparado por la Secretaría bajo su responsabilidad. Sólo tiene por objeto ofrecer información general y no es su propósito afectar a los derechos u obligaciones de los Miembros.

  

Véase también:
Resumen de una página de las principales constataciones de esta diferencia
Información básica: cómo se resuelven las diferencias en la OMC
Formación asistida por ordenador en solución de diferencias
Texto del Entendimiento sobre Solución de Diferencias


Situación actual  volver al principio

 

Hechos fundamentales  volver al principio

Título abreviado:
Reclamante:
Demandado:
Terceros:
Acuerdos invocados:
(según figuran en la solicitud de celebración de consultas)
Fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas:
Fecha de distribución del informe del Grupo Especial: 30 de junio de 2010
Fecha de distribución del informe del Órgano de Apelación: 18 de mayo de 2011

  

Resumen de la diferencia hasta la fecha  volver al principio

El resumen que figura a continuación se actualizó el
Véase también: Resumen de una página de las principales constataciones de esta diferencia

Consultas

Reclamación presentada por los Estados Unidos. (Véase también la diferencia WT/DS347.)

El 6 de octubre de 2004, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con los Gobiernos de Alemania, Francia, el Reino Unido y España (los “Estados miembros”), y con las Comunidades Europeas (“CE”), con respecto a medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles.

De acuerdo con la solicitud de celebración de consultas presentada por los Estados Unidos, determinadas medidas de las CE y los Estados miembros otorgan subvenciones que son incompatibles con las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo SMC y del GATT de 1994. Entre esas medidas se encuentran las siguientes: el otorgamiento a las empresas Airbus de financiación para diseño y desarrollo (“ayuda para emprender proyectos”); la concesión de donaciones y bienes y servicios proporcionados por el gobierno con el fin de desarrollar, ampliar y mejorar los centros de fabricación de Airbus para el desarrollo y la producción del Airbus A380; el otorgamiento de préstamos en condiciones preferenciales; la asunción y condonación de la deuda resultante de la ayuda para emprender proyectos y otra financiación de la producción y el desarrollo de grandes aeronaves civiles; la concesión de aportaciones de capital y donaciones; la concesión de préstamos para investigación y desarrollo y donaciones en apoyo del desarrollo de grandes aeronaves civiles, directamente beneficiosos para Airbus; y cualesquiera otras medidas que entrañen una contribución financiera a las empresas de Airbus. Las subvenciones en cuestión abarcan las relativas a todos los modelos de Airbus (desde el A300 hasta el A380).

Los Estados Unidos señalan también que determinadas ayudas proporcionadas para emprender proyectos destinados al desarrollo del A340 y del A380 parecen ser subvenciones a la exportación ilegales que infringen determinadas disposiciones del artículo 3 del Acuerdo SMC.

A los Estados Unidos también les preocupa que las medidas parecen causar efectos desfavorables a los Estados Unidos contrariamente a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Acuerdo SMC.

A los Estados Unidos les preocupa asimismo que las medidas parecen ser incompatibles con el párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 1994.

Por último, a los Estados Unidos les preocupa que las medidas hayan causado y sigan causando la anulación o menoscabo de ventajas resultantes para los Estados Unidos del GATT de 1994, en el sentido del párrafo 1 del artículo XXIII.

El 31 de mayo de 2005 los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial. En su reunión de 13 de junio de 2005, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.

 

Actuaciones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación

En su reunión de 20 de julio de 2005, el OSD estableció el Grupo Especial.  Australia, el Brasil, el Canadá, China, Corea y el Japón se reservaron sus derechos como terceros.

En su reunión de 23 de septiembre de 2005, el OSD inició los procedimientos establecidos en el Anexo V del Acuerdo SMC.

El 7 de octubre de 2005, los Estados Unidos solicitaron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial.  El Director General Adjunto Alejandro Jara, actuando en lugar del Director General (que se había inhibido en este asunto), estableció la composición del Grupo Especial el 17 de octubre de 2005.

El 13 de abril de 2006, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que no podría terminar su labor en el plazo de seis meses habida cuenta de las complejidades de fondo y de procedimiento que esta diferencia comporta, incluidos el proceso de obtención de la información relativa al perjuicio grave con arreglo al Anexo V del Acuerdo SMC, otra solicitud de celebración de consultas presentada por los Estados Unidos, el ulterior acuerdo del Grupo Especial, a petición de las partes, de dejar de lado el calendario inicial correspondiente a esta diferencia hasta una fecha futura no especificada, y otra solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.  El Grupo Especial esperaba concluir su labor en 2007.  El 14 de diciembre de 2007, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que, debido a las complejidades de fondo y de procedimiento que esta diferencia comportaba, el Grupo Especial esperaba concluir su labor en 2008.  El 17 de octubre de 2008, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que debido, entre otras cosas, a las complejidades de fondo y de procedimiento y a la voluminosa documentación que esta diferencia comporta, esperaba concluir su labor en 2009.  El 3 de diciembre de 2009, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que debido, entre otras cosas, a las complejidades de fondo y de procedimiento y a la voluminosa documentación que esta diferencia comporta, ahora preveía completar su labor antes de que terminara el mes de abril de 2010.

Antes de las actuaciones del Grupo Especial se realizó un procedimiento de conformidad con el Anexo V del Acuerdo SMC para recopilar información sobre las supuestas subvenciones objeto de las reclamaciones de perjuicio grave de conformidad con el Acuerdo SMC.  El 23 de septiembre de 2005, el OSD inició el procedimiento, que entrañó entre otras cosas el intercambio de cientos de preguntas y respuestas entre las partes con arreglo a un procedimiento especial para el tratamiento de la información comercial confidencial y la información comercial sumamente sensible.  El Facilitador presentó su informe al Grupo Especial el 24 de febrero de 2006.  Posteriormente, a petición de las partes, el Grupo Especial dejó sin efecto su calendario el 1º de marzo de 2006.  El 4 de septiembre de 2006, los Estados Unidos solicitaron al Grupo Especial que reanudase sus trabajos, cosa que hizo. 

El 30 de junio de 2010 se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial. 

Las medidas en litigio en esta diferencia son más de 300 casos distintos de supuesta subvención, a lo largo de un período de casi 40 años, por parte de las Comunidades Europeas y cuatro de sus Estados miembros, Alemania, España, Francia y el Reino Unido, con respecto a grandes aeronaves civiles (“LCA”) desarrolladas, producidas y vendidas por la empresa hoy llamada Airbus SAS.  Las medidas que son objeto de la reclamación de los Estados Unidos pueden agruparse en cinco categorías generales:  i) “Ayuda para emprender proyectos” (AEP) o “Financiación por los Estados miembros” (FEM);  ii) préstamos del Banco Europeo de Inversiones;  iii) donaciones para infraestructura y relacionadas con la infraestructura;  iv) medidas de reestructuración empresarial;  y v) financiación para investigación y desarrollo tecnológico.  Los Estados Unidos alegan que cada una de las medidas impugnadas es una subvención específica en el sentido de los artículos 1 y 2 del Acuerdo SMC, y que las Comunidades Europeas y los cuatro Estados miembros, mediante el uso de esas subvenciones, causan efectos desfavorables para los intereses de los Estados Unidos, en el sentido de los artículos 5 y 6 del Acuerdo SMC.  Los Estados Unidos alegan además que siete de las medidas de “Ayuda para emprender proyectos” o “Financiación por los Estados miembros” impugnadas son subvenciones a la exportación prohibidas en el sentido del artículo 3 del Acuerdo SMC.

Antes de evaluar el fondo de las alegaciones de los Estados Unidos, el Grupo Especial resolvió varias cuestiones preliminares, como el ámbito temporal de la diferencia, si determinadas medidas habían sido objeto de consultas, si las medidas habían sido identificadas adecuadamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial y cuestiones relacionadas con las solicitudes de derechos de tercero ampliados.  Además, en lo que se refiere a la identidad del receptor de una subvención, el Grupo Especial concluyó que, a pesar de los cambios en la estructura empresarial, Airbus SAS era el mismo productor de LCA de Airbus que el consorcio Airbus Industrie, y por tanto se consideraba que todas las supuestas contribuciones financieras concedidas a las entidades del consorcio Airbus Industrie que se constató que constituían subvenciones subvencionaban a LCA de Airbus, por lo que serían tenidas en cuenta a los efectos del análisis de los efectos desfavorables.  El Grupo Especial rechazó también el argumento de las Comunidades Europeas de que varias transacciones habían “extinguido” o “extraído” el beneficio de las subvenciones o constituían un “retiro” de subvenciones. 

En lo que se refiere a las alegaciones de subvención, el Grupo Especial constató que cada una de las medidas de AEP/FEM impugnadas constituye una subvención específica.  Sin embargo, el Grupo Especial constató que los Estados Unidos no habían establecido la existencia, en julio de 2005, de un “Programa de AEP/FEM” como medida diferenciada, separada de las concesiones individuales de AEP/FEM.  Por ultimo, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos habían establecido que las medidas de AEP/FEM para el A380 de Alemania, España y el Reino Unido son subvenciones supeditadas de facto a los resultados de exportación previstos, y por lo tanto subvenciones a la exportación prohibidas, pero que las otras cuatro medidas impugnadas al respecto no son subvenciones a la exportación prohibidas, ni de jure ni de facto.

El Grupo Especial constató que cada uno de los 12 préstamos proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones (“BEI”) a varias entidades de Airbus entre 1988 y 2002 es una subvención, pero que ninguna de esas subvenciones era específica, y por tanto desestimó las alegaciones de los Estados Unidos en relación con los préstamos del BEI y decidió no seguir examinándolas.

El Grupo Especial constató que la provisión de i) el polígono industrial del Mühlenberger Loch;  ii) la extensión de la pista del aeropuerto de Bremen;  y iii) el polígono de la ZAC Aéroconstellation y las instalaciones EIG conexas representó la provisión de bienes y servicios específicos que no son "infraestructura general" y se trató de subvenciones específicas.  El Grupo Especial también concluyó que las donaciones impugnadas concedidas por las autoridades nacionales y regionales en Alemania y España para la construcción de instalaciones de fabricación y montaje en varios lugares de Alemania y España son subvenciones específicas.  No obstante, constató que las mejoras de carreteras relacionadas con el polígono industrial de la ZAC Aéroconstellation que realizaron las autoridades francesas eran medidas de infraestructura general, y por tanto no eran subvenciones, y que los 19,5 millones de libras esterlinas otorgados a Airbus UK en relación con sus actividades en Broughton, Gales, y una donación otorgada por el gobierno de Andalucía a Airbus en El Puerto de Santa María no eran subvenciones específicas.

El Grupo Especial constató que la adquisición por el Kreditanstalt für Wiederaufbau (“KfW”) de una participación accionarial del 20 por ciento en Deutsche Airbus en 1989 fue incompatible con la práctica habitual en materia de inversiones de los inversores privados en Alemania, porque ningún inversor privado que tratara de obtener un rendimiento razonable de su inversión hubiera hecho la inversión de capital en Deutsche Airbus que hizo KfW en ese momento, y que la posterior venta de esa participación a Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (“MBB”) en 1992 fue por un valor considerablemente inferior a su valor de mercado.  Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó que ambas transacciones constituyeron subvenciones específicas.

El Grupo Especial constató que los Estados Unidos no habían demostrado que la liquidación por el Gobierno alemán de la deuda acumulada de Deutsche Airbus con el Gobierno alemán en 1998 confiriese un beneficio a Deutsche Airbus, y desestimó la alegación de los Estados Unidos al respecto.

El Grupo Especial constató que cuatro contribuciones de capital del Gobierno francés y Crédit Lyonnais a Aérospatiale entre 1987 y 1994 constituyen subvenciones específicas a Airbus, ya que cada decisión de invertir en Aérospatiale fue incompatible con la práctica habitual en materia de inversiones de los inversores privados en Francia en ese momento, y por tanto cada contribución de capital es una subvención específica.  El Grupo Especial constató asimismo que la transferencia que hizo el Gobierno francés de su participación en el capital de Dassault Aviation a Aérospatiale en 1998 fue incompatible con la práctica habitual en materia de inversiones de los inversores privados en Francia en ese momento, y por tanto es una subvención específica.

Una vez determinó las cuantías de las donaciones impugnadas en litigio, el Grupo Especial concluyó que i) las donaciones para investigación y desarrollo tecnológico otorgadas en virtud del Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Programas Marco de las Comunidades Europeas;  ii) las donaciones para investigación y desarrollo tecnológico del Gobierno francés entre 1986 y 2005;  iii) las donaciones para investigación y desarrollo tecnológico del Gobierno Federal alemán en el marco de los programas LuFo I, LuFo II y LuFo III;  iv) las donaciones gubernamentales subfederales alemanas de las autoridades bávaras en el marco del OZB y el Bayerisches Luftfahrtforschungsprogramm, de las autoridades de Bremen en el marco de los programas AMST y de las autoridades de Hamburgo en el marco del Luftfahrtforschungsprogramm;  v) los préstamos en el marco de los programas PROFIT y PTA del Gobierno español;  y vi) las donaciones del Gobierno del Reino Unido en el marco de los programas CARAD y ARP son subvenciones específicas.  No obstante, el Grupo Especial concluyó que i) el compromiso del Gobierno Federal alemán de proporcionar a Airbus cierta donación para investigación y desarrollo tecnológico en el marco del programa LuFo III y ii) ciertas donaciones en el marco del Programa de Tecnología del Reino Unido no son subvenciones específicas.

Tras determinar cuáles de las medidas impugnadas por los Estados Unidos son subvenciones específicas, el Grupo Especial procedió a evaluar si las subvenciones a Airbus causan efectos desfavorables para los intereses de los Estados Unidos en el sentido de los apartados a) y c) del artículo 5 del Acuerdo SMC.  Concretamente, el Grupo Especial analizó si, mediante la utilización de estas subvenciones, las Comunidades Europeas, Alemania, España, Francia y el Reino Unido causan o amenazan causar:  i) “daño” a la rama de producción de LCA de los Estados Unidos (apartado a) del artículo 5);  y ii) “perjuicio grave” a los intereses de los Estados Unidos (apartado c) del artículo 5) en la medida en que las subvenciones tienen por efecto a) desplazar u obstaculizar las importaciones de LCA de los Estados Unidos en el mercado de las Comunidades Europeas, b) desplazar u obstaculizar las exportaciones de LCA de los Estados Unidos a los mercados de terceros países, y c) una significativa subvaloración de los precios de las LCA de las Comunidades Europeas en comparación con el precio de las LCA de los Estados Unidos en el mismo mercado y un efecto significativo de contención de la subida de los precios, reducción de los precios o pérdida de ventas en el mismo mercado, en el sentido de los apartados a), b) y c) del párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo SMC.

El Grupo Especial concluyó que era adecuado realizar el análisis de los efectos desfavorables sobre la base de un producto subvencionado, es decir, todas las LCA de Airbus, como proponían los Estados Unidos, y que existe un único producto de los Estados Unidos “similar” al producto subvencionado, concretamente todas las LCA de Boeing.  En relación con el “período de referencia” adecuado para la valoración del daño y del perjuicio grave, el Grupo Especial rechazó el punto de vista de los Estados Unidos según el cual debía llevar a cabo una determinación relativa a los efectos desfavorables “en” la fecha de establecimiento del Grupo Especial, en julio de 2005.  El Grupo Especial concluyó que se le había encomendado realizar una determinación relativa a los efectos desfavorables “presentes”, teniendo en cuenta todas las pruebas que se le habían sometido, incluida la información más reciente, compatible con el debido proceso, de la que pudiese disponer, que fuese pertinente y fiable. 

El Grupo Especial abordó las alegaciones con respecto al perjuicio grave siguiendo un enfoque “en dos etapas”, considerando en primer lugar si las pruebas demostraban que existían los efectos concretos en el mercado identificados en los apartados a), b) y c) del párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo SMC y, en segundo lugar, si alguno de esos efectos cuya existencia se había constatado lo habían causado las subvenciones específicas constatadas por el Grupo Especial.  El Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos habían demostrado la existencia de un desplazamiento de las importaciones y las exportaciones en el mercado europeo y en el mercado de ciertos terceros países, así como un efecto significativo de contención de la subida de los precios, reducción de los precios o pérdida de ventas, pero no habían demostrado la existencia de una subvaloración de los precios significativa. 

En lo que se refiere a la relación causal, el Grupo Especial concluyó que la AEP/FEM desplaza una parte importante del riesgo de la puesta en marcha de un proyecto de aeronave trasladándolo del fabricante a los gobiernos que facilitan la financiación, lo que se efectuaba en todos los casos en condiciones no comerciales, y que la posibilidad de Airbus de poner en marcha, desarrollar e introducir en el mercado cada uno de sus modelos de LCA dependía de la AEP/FEM subvencionada.  El Grupo Especial constató que todas las demás subvenciones específicas en litigio estaban suficientemente vinculadas al producto y a los correspondientes efectos concretos en el mercado como para que fuese adecuado analizar los efectos de las subvenciones sobre una base agregada.  El Grupo Especial concluyó que Airbus no habría podido colocar en el mercado cuando lo hizo y del modo que lo hizo las LCA cuyos proyectos emprendió de no haber sido por las subvenciones específicas que recibió de las Comunidades Europeas y de los Gobiernos de Alemania, España, Francia y el Reino Unido.  El Grupo Especial no concluyó que Airbus no hubiera podido existir sin las subvenciones, sino simplemente que, como mínimo, no habría podido poner en marcha y desarrollar los modelos de LCA que en los hechos logró introducir en el mercado.  Por consiguiente, el Grupo Especial consideró que la presencia en el mercado que tuvo Airbus en el período 2001-2006, manifestada en su cuota de mercado en las Comunidades Europeas y ciertos terceros países y en las ventas que obtuvo a expensas de Boeing, fue claramente un efecto de las subvenciones en litigio en esta diferencia.   Sin embargo, el Grupo Especial rechazó el argumento de los Estados Unidos de que las subvenciones específicas en esta diferencia suministraron a Airbus un importante flujo de caja adicional y otros recursos financieros en condiciones que no eran las de mercado y que le permitieron fijar los precios de sus aeronaves con un criterio más agresivo que el que le resultaría posible sin esas subvenciones, o que el efecto de la AEP/FEM en el costo del capital fue tal que le permitió a Airbus reducir los precios de las LCA durante el período 2001-2006.  Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos no habían demostrado que el efecto de las subvenciones fuese la significativa contención de la subida de los precios o reducción de los precios observada durante ese período.

En general, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos habían establecido que el efecto de las subvenciones específicas constatadas fue i) el desplazamiento de las importaciones de LCA de los Estados Unidos en el mercado europeo;  ii) el desplazamiento de las importaciones de LCA de los Estados Unidos en los mercados de Australia, el Brasil, China, el Taipei Chino, Corea, México y Singapur;  iii) el probable desplazamiento de las importaciones de LCA de los Estados Unidos en el mercado de la India;  y iv) pérdidas significativas de ventas en ese mismo mercado, y que estos efectos constituían un perjuicio grave a los intereses de los Estados Unidos en el sentido del apartado c) del artículo 5 del Acuerdo SMC.  Sin embargo, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos no habían establecido que el efecto de las subvenciones específicas constatadas fuese i) una subvaloración significativa de los precios;  ii) una contención significativa de la subida de los precios;  y iii) una reducción significativa de los precios.  Además, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos no habían establecido que, mediante la utilización de las subvenciones, las Comunidades Europeas y ciertos Estados miembros de las CE causasen o amenazasen causar daño a la rama de producción nacional de los Estados Unidos.

Habida cuenta de la naturaleza de las subvenciones prohibidas que constató en esta diferencia, y a la luz del párrafo 7 del artículo 4 del Acuerdo SMC, el Grupo Especial recomendó que el Miembro que concede cada subvención que se ha constatado que es una subvención prohibida la retirase sin demora, y especificó que ello debería hacerse dentro de un plazo de 90 días.  A la luz de sus conclusiones sobre los efectos desfavorables, el Grupo Especial recomendó, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 7 del Acuerdo SMC, que tras la adopción de su informe o de uno del Órgano de Apelación en esta diferencia en el que se determine que cualquier subvención ha tenido efectos desfavorables para los intereses de los Estados Unidos, el Miembro otorgante de cada subvención que se ha constatado ha dado lugar a esos efectos desfavorables “adopt[e] las medidas apropiadas para eliminar los efectos desfavorables o retir[e] la subvención”.  Sin embargo, el Grupo Especial se abstuvo de hacer sugerencia alguna por lo que respecta a las medidas que podrían adoptarse para aplicar esas recomendaciones.

El 21 de julio de 2010, la Unión Europea apeló ante el Órgano de Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por éste. El 12 de agosto de 2010, el Presidente del Órgano de Apelación informó al OSD de que, el 5 de agosto de 2010, la Unión Europea había solicitado autorización para modificar su anuncio de apelación de fecha 21 de julio de 2010.  El 11 de agosto de 2010, el Órgano de Apelación autorizó a la Unión Europea a modificar su anuncio de apelación.  El 19 de agosto de 2010, los Estados Unidos apelaron ante el Órgano de Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por éste.

El 17 de septiembre de 2010, el Presidente del Órgano de Apelación notificó al OSD que, debido a la considerable magnitud del expediente y a la complejidad de la apelación, no podría distribuir su informe en el plazo de 60 días.  Una vez realizadas las audiencias en la apelación, que el Órgano de Apelación celebrará en noviembre y diciembre de 2010, comunicará una fecha estimada para la distribución del informe.

  

El informe del Órgano de Apelación se distribuyó a los Miembros el 18 de mayo de 2011.

Resumen de las constataciones principales

El Órgano de Apelación ha confirmado hoy la constatación del Grupo Especial de que determinadas subvenciones otorgadas por la Unión Europea y determinados gobiernos de los Estados miembros a Airbus son incompatibles con el apartado c) del artículo 5 del Acuerdo SMC por haber causado un perjuicio grave a los intereses de los Estados Unidos.  Las principales subvenciones abarcadas por la resolución incluyen acuerdos de financiación (denominados “Ayuda para emprender proyectos” o “Financiación por los Estados miembros”) por parte de Alemania, España, Francia y el Reino Unido para el desarrollo de los proyectos de LCA A300, A310, A320, A330/A340, A330-200, A340‑500/600 y A380.  La resolución abarca asimismo determinadas aportaciones de capital hechas por los gobiernos alemán y francés a empresas que formaban parte del consorcio Airbus.  Además, abarca determinadas medidas de infraestructura facilitada a Airbus, a saber, el arrendamiento de terrenos en el polígono industrial del Mühlenberger Loch (Hamburgo), el derecho al uso exclusivo de la pista de aterrizaje ampliada del aeropuerto de Bremen, las donaciones regionales otorgadas por las autoridades alemanas en Nordenham, y las donaciones otorgadas por el Gobierno español así como las donaciones regionales otorgadas por Andalucía y Castilla-La Mancha en Sevilla, La Rinconada, Toledo, El Puerto de Santa María y Puerto Real.  El Órgano de Apelación constató que las subvenciones tuvieron por efecto desplazar las exportaciones de LCA de pasillo único y doble pasillo de Boeing de los mercados de la Unión Europea, China y Corea, y las de LCA de pasillo único de Boeing del mercado australiano.  Además, el Órgano de Apelación confirmó la determinación del Grupo Especial de que las subvenciones hicieron que Boeing perdiera ventas de LCA en las campañas relacionadas con las aeronaves A320 (Air Asia, Air Berlin, Czech Airlines y easyJet), A340 (Iberia, South African Airways y Thai Airways International) y A380 (Emirates, Qantas y Singapore Airlines).

Sin embargo, por distintos motivos, el Órgano de Apelación excluyó determinadas medidas del alcance de la constatación de existencia de perjuicio grave.  En particular, la constatación en el marco del apartado c) del artículo 5 del Acuerdo SMC ya no abarca la transferencia de una participación del 45,76 por ciento en Dassault Aviation a Aérospatiale, realizada en 1998;  las instalaciones para fines especiales en el polígono industrial del Mühlenberger Loch (Hamburgo);  el polígono industrial Aéroconstellation y las instalaciones conexas (carriles para taxis, aparcamiento, etc.) en Toulouse;  ni las diversas medidas para investigación y desarrollo tecnológico que habían sido impugnadas por los Estados Unidos (el programa PROFIT de España;  las donaciones realizadas en virtud de los Programas Marco Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de las CE;  las donaciones del Gobierno francés para investigación y desarrollo tecnológico realizadas entre 1986 y 1993;  las donaciones del Gobierno alemán realizadas en el marco del Luftfahrtforschungsprogramm I, II y III;  las donaciones de las autoridades de Baviera, Bremen y Hamburgo;  y los programas de investigación y desarrollo de aeronaves civiles y de investigación aeronáutica del Gobierno del Reino Unido).  El Órgano de Apelación revocó además las constataciones de existencia de desplazamiento en el Brasil, México, Singapur y el Taipei Chino y de amenaza de desplazamiento en la India, que había formulado el Grupo Especial.

Además, el Órgano de Apelación manifestó su discrepancia con las opiniones del Grupo Especial sobre cuándo puede considerarse que las subvenciones están supeditadas de facto a los resultados de exportación previstos.  En consecuencia, el Órgano de Apelación revocó las constataciones del Grupo Especial de que la financiación proporcionada por Alemania, España y el Reino Unido para desarrollar el A380 estaba supeditada a la exportación prevista y constituía, por consiguiente, una subvención a la exportación prohibida en el sentido del párrafo 1 a) del artículo 3 y a la nota 4 del Acuerdo SMC.  Asimismo, el Órgano de Apelación rechazó la apelación cruzada de los Estados Unidos contra la constatación del Grupo Especial de que no se había demostrado que determinados contratos de financiación de otros Estados miembros constituyeran subvenciones a la exportación prohibidas.  En consecuencia, el Órgano de Apelación revocó la recomendación del Grupo Especial de que la Unión Europea retirara las subvenciones prohibidas en un plazo de 90 días.  El Órgano de Apelación constató también que las alegaciones de los Estados Unidos sobre un supuesto programa no escrito de ayuda para emprender proyectos/financiación por los Estados miembros estaban excluidos de su ámbito de competencia.  Además, el Órgano de Apelación revocó las constataciones del Grupo Especial relativas a la tasa de rentabilidad que un prestamista en el mercado habría exigido por préstamos de ayuda para emprender proyectos/financiación por los Estados miembros por no estar basados en una evaluación objetiva;  pero constató que se otorgó un beneficio incluso sobre la base de los cálculos de la Unión Europea.  Por último, en relación con las subvenciones recurribles respecto de las cuales se ha constatado que causan efectos desfavorables a los intereses de los Estados Unidos, se mantiene la recomendación del Grupo Especial de que la Unión Europea “adopte las medidas apropiadas para eliminar los efectos desfavorables o … retire la subvención”.

El Grupo Especial encargado de examinar este asunto se estableció en julio de 2005, y distribuyó su informe a los Miembros de la OMC el 30 de junio de 2010.  La Unión Europea presentó un anuncio de apelación el 21 de julio de 2010. 

El Órgano de Apelación está examinando actualmente una diferencia distinta planteada por la Unión Europea contra los Estados Unidos en relación con subvenciones supuestamente otorgadas a Boeing.  El informe del Grupo Especial que se ocupó de esa diferencia se distribuyó a los Miembros de la OMC el 31 de marzo de 2011.  Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han apelado contra aspectos de ese informe. 

En su reunión de 1° de junio de 2011, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación.

 

Aplicación de los informes adoptados

En la reunión del OSD de 17 de junio de 2011, la Unión Europea informó al OSD de que se proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD de una manera que respetase sus obligaciones en el marco de la OMC y dentro del plazo establecido en el Acuerdo SMC.  El 1º de diciembre de 2011, la Unión Europea informó al OSD de que había adoptado las medidas apropiadas para poner sus medidas plenamente en conformidad con sus obligaciones en el marco de la OMC y para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Al haber adoptado las medidas apropiadas para poner sus medidas plenamente en conformidad con sus obligaciones en el marco de la OMC, la Unión Europea había logrado la aplicación plena de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  En la reunión del OSD de 19 de diciembre de 2011, la Unión Europea informó al OSD de que había adoptado las medidas apropiadas para poner sus medidas en conformidad con sus obligaciones en el marco de la OMC, como lo exigen el párrafo 8 del artículo 7 del Acuerdo SMC y el párrafo 1 del artículo 19 del ESD.  La Unión Europea dijo que le preocupaba seriamente, desde el punto de vista sistémico, que, pese a su informe sobre el cumplimiento, los Estados Unidos ya hubieran presentado una solicitud en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del ESD para que se autorizara la suspensión de concesiones y hubieran iniciado también consultas de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Los Estados Unidos dijeron que habían examinado detenidamente el informe sobre el cumplimiento presentado por la Unión Europea pero que, a su juicio, las medidas adoptadas por la Unión Europea no la ponían en conformidad con las resoluciones del OSD.  La Unión Europea dijo que era evidente que había discrepancia en cuanto al cumplimiento y que el párrafo 5 del artículo 21 del ESD preveía procedimientos claros para resolverla.

 

Procedimiento sobre el cumplimiento

El 9 de diciembre de 2011, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con la Unión Europea de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 12 de enero de 2012, la Unión Europea y los Estados Unidos informaron al OSD del procedimiento acordado en virtud de los artículos 21 y 22 del ESD y el artículo 7 del Acuerdo SMC.  El 30 de marzo de 2012, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial sobre el cumplimiento.  En su reunión de 13 de abril de 2012, el OSD acordó remitir al Grupo Especial inicial, de ser posible, la cuestión planteada por los Estados Unidos en relación con esta diferencia.  El Canadá, China, Corea y el Japón se reservaron su derecho a participar en calidad de terceros.  Posteriormente, Australia y el Brasil se reservaron su derecho a participar en calidad de terceros.  El 17 de abril de 2012 se estableció la composición del Grupo Especial sobre el cumplimiento. El 13 de agosto de 2012, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que, previa consulta con las partes, había adoptado un calendario con arreglo al cual espera emitir su informe en 2013. Aunque era probable que se revisara el calendario adoptado inicialmente, en vista de determinadas cuestiones que las partes estaban abordando, el Grupo Especial aún esperaba emitir su informe antes del final de 2013. El 9 de diciembre de 2013, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que debido a las complejidades de fondo y de procedimiento de esta diferencia, el Grupo Especial no podría terminar su labor en 2013. El Grupo Especial preveía concluir su labor para finales del 2014. El 9 de octubre de 2014, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que ahora el Grupo Especial esperaba concluir su labor para finales de 2015.

 

Procedimiento previsto en el artículo 22 del ESD (medidas correctivas)

El 9 de diciembre de 2011, los Estados Unidos, considerando que la Unión Europea y determinados Estados miembros no habían cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD, solicitaron la autorización del OSD para adoptar contramedidas de conformidad con el artículo 22 del ESD y el párrafo 9 del artículo 7 del Acuerdo SMC.  En la reunión del OSD de 22 de diciembre de 2011, la Unión Europea impugnó el nivel de la suspensión de concesiones u otras obligaciones que figura en la solicitud de los Estados Unidos y alegó que no se habían seguido los principios y procedimientos establecidos en el párrafo 3 del artículo 22 del ESD.  La Unión Europea declaró asimismo que la propuesta de los Estados Unidos no estaba permitida en virtud de los acuerdos abarcados.  La Unión Europea solicitó que la cuestión se sometiera a arbitraje, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  El OSD acordó que la cuestión planteada por la Unión Europea en esa reunión se sometiera a arbitraje, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.

El 19 de enero de 2012, los Estados Unidos y la Unión Europea solicitaron al Árbitro que suspendiera sus trabajos.  Como se establece en el párrafo 6 del procedimiento convenido, en caso de que el OSD resuelva, como consecuencia de un procedimiento en virtud del párrafo 5 del artículo 21 del ESD, que una medida destinada al cumplimiento no existe o es incompatible con un acuerdo abarcado, cualquiera de las partes podrá solicitar al árbitro previsto en el párrafo 6 del artículo 22 que reanude sus trabajos.  De conformidad con la solicitud conjunta de las partes, el Árbitro ha suspendido el procedimiento de arbitraje a partir del 20 de enero de 2012 hasta que cualquiera de las partes solicite su reanudación.

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