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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: DIFERENCIA DS384

Estados Unidos — Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO)


El presente resumen ha sido preparado por la Secretaría bajo su responsabilidad. Sólo tiene por objeto ofrecer información general y no es su propósito afectar a los derechos u obligaciones de los Miembros.

  

Véase también:
Resumen de una página de las principales constataciones de esta diferencia

Información básica: cómo se resuelven las diferencias en la OMC
Formación asistida por ordenador en solución de diferencias
Texto del Entendimiento sobre Solución de Diferencias


Situación actual  volver al principio

 

Hechos fundamentales  volver al principio

Título abreviado:
Reclamante:
Demandado:
Terceros:
Acuerdos invocados:
(según figuran en la solicitud de celebración de consultas)
Fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas:
Fecha de distribución del informe del Grupo Especial: 18 de noviembre de 2011
Fecha de distribución del informe del Órgano de Apelación: 29 de junio de 2012
Fecha de distribución del informe del arbitraje previsto en el párrafo 3 c) del artículo 21: 4 de diciembre de 2012
Fecha de distribución del informe del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21: 20 de octubre de 2014

  

Resumen de la diferencia hasta la fecha  volver al principio

El resumen que figura a continuación se actualizó el
Véase también: Resumen de una página de las principales constataciones de esta diferencia

Consultas

Reclamación presentada por el Canadá.  (Véase también DS386)

El 1º de diciembre de 2008, el Canadá solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos con respecto a determinadas disposiciones obligatorias en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO) contenidas en la Ley de Comercialización de Productos Agrícolas de 1946, modificadas por la Ley Agrícola de 2008 y puestas en aplicación mediante una Norma definitiva provisional de 28 de julio de 2008.  Dichas disposiciones comprenden la obligación de informar a los consumidores, a nivel de la venta al por menor, del país de origen con respecto a los productos básicos abarcados, incluida la carne de animales de la especie bovina y porcina.  Un producto básico abarcado reúne las condiciones exigidas para poder obtener la designación de origen exclusivamente estadounidense sólo si procede de un animal cuyo nacimiento, cría y sacrificio hayan tenido lugar exclusivamente en los Estados Unidos.  Esto excluiría de la mencionada designación a la carne de animales de la especie bovina y porcina procedente de ganado exportado a los Estados Unidos para la ceba o el sacrificio inmediato.

El Canadá alega que las disposiciones obligatorias sobre el EPO parecen ser incompatibles con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre la OMC, incluidas las siguientes disposiciones:

  • el párrafo 4 del artículo III, el párrafo 4 del artículo IX y el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994;
     
  • el artículo 2 del Acuerdo OTC o, subsidiariamente, los artículos 2, 5 y 7 del Acuerdo MSF;  y
      
  • el artículo 2 del Acuerdo sobre Normas de Origen.

El 12 de diciembre de 2008, México y Nicaragua solicitaron ser asociados a las consultas.  Posteriormente, los Estados Unidos informaron al OSD de que habían aceptado la solicitud de asociación a las consultas presentada por México.

El 7 de mayo de 2009, el Canadá solicitó la celebración de nuevas consultas en relación con modificaciones y medidas conexas adoptadas por los Estados Unidos después de la solicitud inicial de celebración de consultas presentada por el Canadá.  También se incluye cualquier modificación o enmienda de la medidas sobre el EPO, con inclusión de cualquier nueva directriz u otros documentos que puedan publicarse en relación con esas medidas.

El Canadá considera que las medidas citadas parecen ser incompatibles con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre la OMC, incluidas las siguientes disposiciones:

  • el párrafo 4 del artículo III, los párrafos 2 y 4 del artículo IX y el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994;
     
  • el artículo 2 del Acuerdo OTC o, subsidiariamente, los artículos 2, 5 y 7 del Acuerdo MSF;  y
     
  • el artículo 2 del Acuerdo sobre Normas de Origen.

El 15 de mayo de 2009, México solicitó ser asociado a las nuevas consultas.  El 22 de mayo de 2009, el Perú solicitó ser asociado a las nuevas consultas.  Posteriormente los Estados Unidos informaron al OSD de que habían aceptado las solicitudes de asociación a las consultas presentadas por México y el Perú.

El 7 de octubre de 2009, el Canadá solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión de 23 de octubre de 2009, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.

 

Actuaciones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación

En su reunión de 19 de noviembre de 2009, el OSD estableció un grupo especial único de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 del ESD para que examine esta diferencia y la diferencia DS386.  La Argentina, Australia, China, Colombia, Corea, la India, el Japón, México, Nueva Zelandia y el Perú se reservaron sus derechos como terceros.  Posteriormente, el Brasil, las Comunidades Europeas, Guatemala y el Taipei Chino se reservaron sus derechos como terceros. El 30 de abril de 2010, el Canadá solicitó al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial.  El Director General estableció la composición del Grupo Especial el 10 de mayo de 2010. El 21 de diciembre de 2010, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial no podría emitir su informe en el plazo de seis meses.  El calendario adoptado por el Grupo Especial tras consultas con las partes en la diferencia prevé que se dará traslado del informe definitivo a las partes a más tardar a mediados de 2011.  El Grupo Especial espera concluir su labor en ese plazo.

El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros el 18 de noviembre de 2011.

Resumen de las constataciones principales

  • Esta diferencia se refiere a:  i) las disposiciones legislativas y los reglamentos de aplicación de los Estados Unidos en los que se establece el régimen obligatorio de ese país en materia de etiquetado indicativo del país de origen para la carne de bovino y porcino (“medida sobre el EPO”);  así como a ii) una carta enviada por el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sr. Vilsack, relativa a la aplicación de la medida sobre el EPO (“carta de Vilsack”).
     
  • El Grupo Especial determinó que la medida sobre el EPO es un reglamento técnico abarcado por el Acuerdo OTC, y que es incompatible con las obligaciones que incumben a los Estados Unidos en el marco de la OMC.  En particular, el Grupo Especial constató que la medida sobre el EPO infringe el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC al otorgar al ganado porcino y bovino importado del Canadá un trato menos favorable que a los productos nacionales similares.  El Grupo Especial constató asimismo que la medida sobre el EPO no cumple su objetivo legítimo de proporcionar a los consumidores información sobre el origen, por lo que infringe el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.
     
  • Por lo que respecta a la carta de Vilsack, el Grupo Especial constató que las “sugerencias de actuación voluntaria” que figuraban en ella iban más allá de determinadas obligaciones previstas en la medida sobre el EPO, y que por consiguiente la carta constituye una aplicación no razonable de la medida sobre el EPO, lo que infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.  El Grupo Especial se abstuvo de examinar la carta de Vilsack en el marco del Acuerdo OTC, ya que constató que la carta no es un reglamento técnico abarcado por dicho Acuerdo.
     
  • A la luz de las anteriores constataciones de infracción, el Grupo Especial no consideró necesario pronunciarse sobre las alegaciones formuladas al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 (trato nacional) ni sobre las alegaciones no basadas en una infracción formuladas al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994.

El 21 de diciembre de 2011, el Canadá y los Estados Unidos solicitaron al OSD que adoptase un proyecto de decisión por el que se ampliaba hasta el 23 de marzo de 2012 el plazo de 60 días previsto en el párrafo 4 del artículo 16 del ESD. En su reunión de 5 de enero de 2012, el OSD acordó que, a petición del Canadá o de los Estados Unidos, el OSD adoptara, no más tarde del 23 de marzo de 2012, el informe del Grupo Especial, a menos que el OSD decidiera por consenso no hacerlo o que el Canadá o los Estados Unidos notificaran al OSD su decisión de apelar de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del ESD.

El 23 de marzo de 2012, los Estados Unidos notificaron al OSD su decisión de apelar con respecto a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y a determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por éste.  El 28 de marzo de 2012, el Canadá notificó al OSD su decisión de apelar con respecto a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y a determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por éste.  El 21 de mayo de 2012, el Presidente del Órgano de Apelación notificó al OSD que el Órgano de Apelación no podría distribuir su informe dentro del plazo de 90 días estipulado en el párrafo 5 del artículo 17 del ESD debido en parte a la magnitud de la apelación, que comprendía numerosas y complejas cuestiones planteadas por los participantes.  Ello se debía también a la intensa carga de trabajo del Órgano de Apelación y a dificultades de programación que se derivaban de la superposición en la composición de las Secciones que entendían en distintas apelaciones al mismo tiempo, así como a limitaciones resultantes del traslado del Órgano de Apelación y su Secretaría.  Por consiguiente, el Órgano de Apelación prevé distribuir su informe a más tardar el 29 de junio de 2012.

El informe del Órgano de Apelación se distribuyó a los Miembros el 29 de junio de 2012.

Resumen de las constataciones principales

La apelación se refería principalmente a la medida sobre el EPO (las disposiciones legislativas y los reglamentos de aplicación de los Estados Unidos en los que se establece el régimen obligatorio de ese país en materia de etiquetado indicativo del país de origen para la carne de bovino y porcino) y las constataciones del Grupo Especial según las cuales esa medida era incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.  Los Estados Unidos apelaron contra ambas constataciones.  El Canadá apeló con respecto a determinados aspectos del análisis del Grupo Especial en el marco del párrafo 2 del artículo 2, y solicitó al Órgano de Apelación que completara el análisis jurídico en caso de que revocara la constatación del Grupo Especial relativa a esa disposición.  Asimismo, el Canadá presentó apelaciones condicionales con respecto a la medida sobre el EPO al amparo del párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994.  Aunque inicialmente también pidió al Órgano de Apelación que dictara determinadas resoluciones con respecto a la carta de Vilsack, el Canadá retiró esa solicitud después de que los Estados Unidos afirmaran que habían retirado esa medida.

El Órgano de Apelación confirmó, aunque por razones distintas, la constatación del Grupo Especial de que la medida sobre el EPO infringía el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC al otorgar al ganado porcino y bovino importado del Canadá un trato menos favorable que al ganado nacional similar.  El Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que la medida sobre el EPO infringía el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC porque no cumplía su objetivo legítimo de proporcionar a los consumidores información sobre el origen, y no pudo completar el análisis jurídico y determinar si esa medida restringía el comercio más de lo necesario para cumplir su objetivo.

En su análisis en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, el Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial en que la medida sobre el EPO tenía un efecto perjudicial sobre el ganado importado porque sus prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación incentivaban a las empresas de transformación a utilizar exclusivamente ganado nacional y las disuadían de utilizar ganado importado similar.  El Órgano de Apelación constató, sin embargo, que el análisis del Grupo Especial era incompleto porque no se había procedido a examinar si ese efecto perjudicial de facto se derivaba exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima, en cuyo caso no infringiría el párrafo 1 del artículo 2.  En su propio análisis, el Órgano de Apelación constató que la medida sobre el EPO no era imparcial porque sus prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación imponían a los productores y las empresas de transformación de ganado que intervenían en las fases iniciales del proceso productivo una carga desproporcionada en comparación con la información que se transmitía a los consumidores con arreglo a las prescripciones en materia de etiquetado obligatorio aplicables a la carne vendida al por menor.  Es decir, aunque los productores que intervienen en las fases iniciales del proceso productivo deben rastrear y transmitir una gran cantidad de información con el fin de proporcionar a los consumidores datos sobre el origen, sólo una pequeña parte de esa información se comunica realmente a los consumidores de forma comprensible o exacta, entre otras cosas porque una proporción considerable de la carne que se vende en los Estados Unidos no está sujeta en absoluto a las prescripciones en materia de etiquetado de la medida sobre el EPO.  Por consiguiente, no puede decirse que el efecto perjudicial sobre el ganado importado derive exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima, sino que refleja discriminación, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2.  Por esos motivos, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial en el marco de esa disposición.

En su análisis en el marco del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había determinado correctamente que el objetivo de la medida sobre el EPO era “proporcionar información al consumidor acerca del origen”, y no había incurrido en error al concluir que ese era un objetivo “legítimo”.  El Órgano de Apelación constató, sin embargo, que el Grupo Especial había incurrido en error en su interpretación y aplicación del párrafo 2 del artículo 2.  Ello se debía a que al parecer había considerado, erróneamente, que una medida solamente podía ser compatible con esa disposición si alcanzaba por completo su objetivo o satisfacía cierto nivel mínimo de logro, y había pasado por alto sus propias constataciones, las cuales demostraban que la medida sobre el EPO sí contribuía, al menos en cierta medida, al logro de su objetivo.  Por consiguiente, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que la medida sobre el EPO era incompatible con el párrafo 2 del artículo 2, pero no pudo determinar si dicha medida restringía el comercio más de lo necesario para cumplir un objetivo legítimo en el sentido de esa disposición.

Habida cuenta de que no se satisficieron las condiciones a las que el Canadá supeditó sus apelaciones con respecto al párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994, el Órgano de Apelación no formuló ninguna constatación en el marco de esas disposiciones.

En su reunión de 23 de julio de 2012, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación.

 

Plazo prudencial

El 21 de agosto de 2012, los Estados Unidos informaron al OSD de su propósito de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD de una manera que respetase sus obligaciones en el marco de la OMC, y de que necesitarían un plazo prudencial para hacerlo.

El 13 de septiembre de 2012, el Canadá solicitó que el plazo prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 26 de septiembre de 2012, el Canadá solicitó al Director General que designara un árbitro.  El 4 de octubre de 2012, el Director General designó al Sr. Giorgio Sacerdoti para que actuara como árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El Sr. Sacerdoti aceptó esta designación mediante una carta de fecha 5 de octubre de 2012.

El arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 se distribuyó a los Miembros el 4 de deciembre de 2012.

El Árbitro de la OMC determina el “plazo prudencial” en las diferencias “Estados Unidos — Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO)”

El 4 de diciembre de 2012, el Árbitro de la OMC, Sr. Giorgio Sacerdoti, emitió un laudo sobre el “plazo prudencial” para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias en las diferencias “Estados Unidos — Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO)” (DS384 y DS386). El Árbitro determinó que el plazo prudencial para que los Estados Unidos aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OSD era de 10 meses contados a partir de la fecha de adopción de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación. El plazo prudencial expiró el 23 de mayo de 2013.

En la reunión del OSD celebrada el 24 de mayo de 2013, los Estados Unidos informaron al OSD de que el 23 de mayo de 2013 el USDA había publicado una norma definitiva que introducía determinadas modificaciones en las prescripciones en materia de EPO que habían sido declaradas incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. A juicio de los Estados Unidos, la norma definitiva había puesto a ese país en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD. El Canadá no estaba de acuerdo en que con las modificaciones los Estados Unidos hubieran logrado el pleno cumplimiento. En su opinión, las modificaciones eran más restrictivas y causaban más daño.

El 10 de junio de 2013, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD del Procedimiento acordado en virtud de los artículos 21 y 22 del ESD.

 

Procedimiento sobre el cumplimiento

El 19 de agosto de 2013, el Canadá solicitó el establecimiento de un grupo especial sobre el cumplimiento. En su reunión de 30 de agosto de 2013, el OSD aplazó el establecimiento de un grupo especial. En su reunión de 25 de septiembre de 2013, el OSD acordó remitir al Grupo Especial inicial, de ser posible, el asunto sometido por el Canadá en relación con esta diferencia y el asunto sometido por México en relación con la diferencia DS386. El Brasil, China, Corea, la India, el Japón, Nueva Zelandia y la Unión Europea se reservaron sus derechos en calidad de terceros. Posteriormente, Australia, Colombia, Guatemala y México se reservaron sus derechos en calidad de terceros. El 27 de septiembre de 2013, se estableció la composición del Grupo Especial sobre el cumplimiento. El 26 de marzo de 2014, el Presidente del Grupo Especial sobre el cumplimiento comunicó al OSD que el Grupo Especial sobre el cumplimiento prevé que dará traslado de su informe definitivo a las partes hacia finales de julio de 2014, de conformidad con el calendario adoptado después de celebrar consultas con las partes.

El informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento se distribuyó a los Miembros el 20 de octubre de 2014.

Resumen de las constataciones principales

This dispute concerns whether the measure taken by the United States in 2013 complies with the DSB recommendations and rulings in the original US – COOL dispute. Canada and Mexico challenged the treatment accorded to imported Canadian cattle and hogs, and imported Mexican cattle, under the United States' amended country of origin labelling rules for beef and pork. This “amended COOL measure” consists of:

  • the “COOL statute” (7 U.S.C. § 1638), which remains unchanged from the original dispute; and
     
  • the “2013 Final Rule” (78 Fed. Reg. 31367) amending certain provisions of the 2009 Final Rule (74 Fed. Reg. 2658) following the original dispute.

The compliance panel found that the amended COOL measure violates Article 2.1 of the TBT Agreement because it accords to Canadian and Mexican livestock less favourable treatment than that accorded to like US livestock. In particular, the compliance panel concluded that the amended COOL measure increases the original COOL measure's detrimental impact on the competitive opportunities of imported livestock in the US market, because it necessitates increased segregation of meat and livestock according to origin; entails a higher recordkeeping burden; and increases the original COOL measure's incentive to choose domestic over imported livestock. Further, the compliance panel found that the detrimental impact caused by the amended COOL measure does not stem exclusively from legitimate regulatory distinctions. In this regard, the compliance panel followed the approach of the Appellate Body in the original dispute by taking into account the amended COOL measure's increased recordkeeping burden, new potential for label inaccuracy, and continued exemption of a large proportion of relevant products. These considerations confirmed that, as with the original COOL measure, the detrimental impact caused by the amended COOL measure's labelling and recordkeeping rules could not be explained by the need to convey to consumers information regarding the countries where livestock were born, raised, and slaughtered.

The compliance panel determined that the complainants had not made a prima facie case that the amended COOL measure is more trade restrictive than necessary within the meaning of Article 2.2 of the TBT Agreement. In reaching this conclusion, the compliance panel found that the amended COOL measure makes a considerable but, given the exemptions from coverage, necessarily partial contribution to its objective of providing consumer information on origin. The compliance panel further found that the amended COOL measure had increased the “considerable degree of trade-restrictiveness” found in the original dispute. The compliance panel also assessed the risks non-fulfilment of the objective would create in terms of consumer interest in, and willingness to pay for, different types of country of origin information. Additionally, the compliance panel reviewed four alternative measures proposed by the complainants and concluded that either they would not make an equivalent contribution to the relevant objective as the amended COOL measure would, or they were not adequately identified so as to enable meaningful comparison with the amended COOL measure. As a result, the compliance panel was not able to conclude that the amended COOL measure is more trade restrictive than necessary in the light of the proposed alternative measures.

The compliance panel found that the amended COOL measure violates Article III:4 of the GATT 1994 based on its finding that the amended COOL measure increases the original COOL measure's detrimental impact on the competitive opportunities of imported livestock in comparison with like US products. In this regard, the compliance panel relied on the same considerations that informed its finding of detrimental impact under Article 2.1 of the TBT Agreement. However, consistent with Appellate Body jurisprudence, it was not necessary in order to find a violation under Article III:4 of the GATT 1994 for the compliance panel to determine whether the detrimental impact stemmed exclusively from legitimate regulatory distinctions.

Given the above findings of violation, the compliance panel exercised judicial economy with regard to the complainants' non-violation claims under Article XXIII:1(b) of the GATT 1994.

 

 

 

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