El Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS) es el primer acuerdo comercial multilateral
que abarca el comercio de servicios. Su elaboración fue uno de los
principales logros de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, que
tuvo lugar de 1986 a 1993. Había transcurrido casi medio siglo desde la
entrada en vigor del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) de 1947, que es su equivalente para el comercio de mercancías.
Durante mucho tiempo se ha puesto
en duda la necesidad de un acuerdo sobre el comercio de servicios.
Tradicionalmente se ha considerado que amplios sectores de la economía de
servicios, desde hoteles y restaurantes hasta servicios de personal, son
actividades internas que no se prestan a la aplicación de conceptos e
instrumentos de política comercial. Otros sectores, desde el transporte
ferroviario hasta las telecomunicaciones, se han considerado esferas
clásicas de propiedad y control estatales, habida cuenta de su
importancia infraestructural y, en algunos casos, de la existencia de lo
que se ha percibido como situaciones de monopolio natural. Hay un tercer
grupo importante de sectores que comprende los servicios de salud,
educación y seguros básicos; estos sectores son considerados en muchos
países, por su importancia para la integración social y la cohesión
regional, esferas de competencia del gobierno que han de reglamentarse en
forma estricta y no dejarse a merced de unos mercados turbulentos.
No obstante, algunos sectores de
servicios, en particular las finanzas y el transporte marítimo
internacionales, han estado abiertos en gran medida durante siglos, como
complementos naturales del comercio de mercancías. Otros grandes sectores
han experimentado en los últimos decenios cambios técnicos y
reglamentarios fundamentales que los han abierto a la participación del
comercio privado y han reducido, o incluso eliminado, los obstáculos
existentes a la entrada en el mercado. La aparición de Internet ha
facilitado la creación de diversas variantes de productos
comercializables internacionalmente — desde la banca electrónica hasta
la telesanidad y la enseñanza a distancia, que eran desconocidos hace
sólo
dos decenios, y ha eliminado los obstáculos al comercio relacionados con
la distancia que perjudicaban a los proveedores y usuarios de lugares
remotos (en esferas que incluyen servicios profesionales tales como la
elaboración de programas informáticos, los servicios de consultoría y
asesoramiento, etc.). Un número creciente de gobiernos ha abierto
gradualmente a la competencia campos que anteriormente eran objeto de
monopolio; las telecomunicaciones son un buen ejemplo de ello.
Esta evolución responde a un
cambio radical de actitud. El marco tradicional de los servicios públicos
ha demostrado ser cada vez más inadecuado para el funcionamiento de
algunos de los sectores más dinámicos e innovadores de la economía, y
los gobiernos no parecen tener el espíritu de iniciativa y los recursos
financieros necesarios para explotar plenamente el potencial de
crecimiento.
Los servicios se han convertido
recientemente en el sector más dinámico del comercio internacional.
Desde 1980, el comercio mundial de servicios ha crecido más deprisa que
las corrientes de mercancías, aunque partía de una base relativamente
modesta. Los países en desarrollo, rebatiendo conceptos erróneos muy
difundidos, han participado activamente en ese crecimiento. Entre 1990 y
2000 sus exportaciones de servicios, consistentes sobre todo en servicios
de turismo y viajes, crecieron al año, en relación con la balanza de
pagos, un 3 por ciento más rápidamente que las exportaciones de los
países desarrollados.
Teniendo en cuenta el constante
impulso del comercio mundial de servicios, la necesidad de unas normas
reconocidas internacionalmente resulta cada vez más acuciante.
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