Representantes de la sociedad civil han expresado repetidamente su inquietud ante las repercusiones del AGCS en la política. Esa inquietud gira, entre otras cosas, en torno a los efectos advertidos del Acuerdo en la capacidad de los gobiernos de regular servicios socialmente importantes y asegurar el acceso equitativo en todas las regiones y grupos de población. Se ha dicho que el concepto de liberalización progresiva, combinado con la comercialización de algunos servicios públicos en determinados países, podría desembocar en el sometimiento de actividades gubernamentales esenciales a disciplinas externas (multilaterales). Se ha afirmado también que el Acuerdo contraviene nociones básicas de soberanía nacional, al pedir a los gobiernos que desistan de su intención de liberalizar el acceso y/o de aceptar limitaciones en los casos de subvenciones concedidas por motivos sociales. Aunque algunas de estas afirmaciones pueden ser refutadas como temores sin fundamento proclamados, por ejemplo, por intereses económicos de los titulares de los sectores, la complejidad del AGCS y la ausencia, en esferas potencialmente pertinentes, de interpretaciones jurídicas autorizadas pueden haber contribuido en cierto modo a la incertidumbre.

En respuesta, la Secretaría de la OMC ha preparado o colaborando en diversas publicaciones en las que se explica la estructura y funcionamiento del Acuerdo y, de paso, se desmontan mitos frecuentemente divulgados. Cabe citar aquí un estudio especial sobre Market Access: Unfinished Business, un breve folleto sobre GATS: Fact and Fiction, y un estudio conjunto con la OMS sobre WTO Agreements & Public Health.

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