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Estados Unidos — Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón

Caso 58 (y 61) de la OMC. Resolución adoptada el 6 de noviembre de 1998.

Hasta hoy se han identificado siete especies de tortugas marinas. Estas especies están distribuidas por todo el mundo en las zonas subtropicales y tropicales. Pasan su vida en el mar, por donde migran entre las zonas de alimentación y las zonas donde anidan.

Las tortugas marinas han resultado muy afectadas por las actividades humanas, ya sea directamente (se explota su carne, su concha y sus huevos), o indirectamente (muertes incidentales en las redes de pesca, destrucción de sus hábitat, contaminación de los océanos).

A principios de 1997, la India, Malasia, el Pakistán y Tailandia presentaron una reclamación conjunta contra la prohibición impuesta por los Estados Unidos de importar determinados camarones y productos del camarón. El objetivo de la prohibición era proteger a las tortugas marinas.

La Ley de Especies Amenazadas de 1973, de los Estados Unidos, enumeraba cinco especies de tortugas marinas amenazadas o en peligro que se encuentran en aguas estadounidenses y prohibía su “captura” en los Estados Unidos, en sus aguas territoriales y en alta mar. (Por captura se entiende el hostigamiento, la caza, la matanza de tortugas y su captura, o la tentativa de hacerlo.)

De conformidad con la Ley, los Estados Unidos exigían que los arrastreros dedicados a la pesca del camarón utilizaran unos dispositivos para excluir a las tortugas (“DET”) en sus redes cuando pescaran en zonas donde había una probabilidad considerable de encontrar tortugas marinas.

El artículo 609 de la Public Law 101-102, promulgada en 1989, estaba dedicado a las importaciones. Entre otras cosas indicaba que no se podía importar a los Estados Unidos camarón pescado con tecnologías que podían afectar mucho a determinadas tortugas marinas, a no ser que se certificara que la nación en cuestión contaba con un programa regulatorio y una tasa de capturas incidentales comparable a la de los Estados Unidos, o que el entorno particular de la pesca en esa nación no representaba ninguna amenaza para las tortugas marinas.

En la práctica, los países que tenían en sus aguas jurisdiccionales alguna de esas cinco especies de tortugas marinas y que pescaban camarón con medios mecánicos tenían que imponer a sus pescadores unas obligaciones comparables a las soportadas por los camaroneros estadounidenses si querían obtener el certificado y exportar productos del camarón a los Estados Unidos. En esencia, esto significaba utilizar los DET todo el tiempo.

Muchos no se han dado cuenta de la importancia de la resolución del Órgano de Apelación sobre este caso.

En su informe, el Órgano de Apelación dejó claro que de conformidad con las normas de la OMC los países tienen derecho a adoptar medidas comerciales para proteger el medio ambiente (en particular, para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, y para proteger a las especies amenazadas y los recursos agotables). La OMC no tiene que “atribuirles” este derecho.

También dijo que las medidas para proteger a las tortugas marinas serían legítimas de conformidad con el l'artículo XX del Acuerdo General, que establece distintas excepciones a las normas comerciales generales de la OMC, siempre que se cumplan ciertos criterios como el de no discriminación.

Los Estados Unidos perdieron el caso, no porque pretendieran proteger el medio ambiente sino porque discriminaban a algunos Miembros de la OMC. De hecho, ofrecían a los países del hemisferio occidental, principalmente del Caribe, asistencia técnica y financiera y unos períodos de transición más largos para que sus pescadores empezaran a utilizar los dispositivos para excluir a las tortugas.

Por el contrario, no ofrecían las mismas ventajas a los cuatro países asiáticos (la India, Malasia, el Pakistán y Tailandia) que presentaron la reclamación en la OMC.

La resolución decía también que los grupos especiales de la OMC pueden aceptar intervenciones de “amicus curiae” (comunicaciones de colaboradores o amigos del tribunal) de las ONG o de otras partes interesadas.